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viernes, 1 marzo, 2024

Fiscalía confirma detención de Rocío San Miguel y la vincula a supuesto magnicidio

El fiscal general Tarek William Saab no informó dónde se encuentra detenida Rocío San Miguel

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Caracas.- El Ministerio Público confirmó la detención de la abogada y defensora de los derechos humanos, Rocío San Miguel, la tarde de este domingo, 11 de febrero, 48 horas después de que allegados y ONG denunciaron el hecho.

Según informó el fiscal general, Tarek William Saab, San Miguel fue detenida después de haber sido mencionada en la más reciente trama conspirativa y presunto intento de magnicidio que investiga su despacho.

«El Ministerio Público informa la detención de la ciudadana Rocío del Carmen San Miguel Sosa, ello en virtud de una orden de aprehensión en su contra por estar presuntamente vinculada y referenciada en la trama conspirativa y de intento de magnicidio denominada Brazalete Blanco«, publicó Saab en su cuenta personal de la red X.

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La publicación de Saab ocurre luego de que se conoció la detención por organismos de seguridad del Estado de la defensora de derechos humanos y presidenta de la ONG Control Ciudadano en el aeropuerto Simón Bolívar (Maiquetía), el viernes 9 de febrero. El fiscal no informó el lugar de detención de San Miguel.

Según Saab, la operación Brazalete Blanco tenía como objetivo atentar contra la vida de Nicolás Maduro y otros altos funcionarios, «así como el ataque a varias unidades militares en San Cristóbal (Táchira) y otras entidades del país». Afirmó que continúan las investigaciones.

San Miguel, abogada y especialista en seguridad y defensa, tiene desde 2012 medidas cautelares de protección por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tras ataques en su contra y hostigamiento.

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Asimismo, ha denunciado en instancias internacionales, desde la ONG que dirige, las políticas de discriminación, persecución y restricción de libertades por razones ideológicas que usa el Estado venezolano.

La presidenta de la ONG Control Ciudadano fue una de las que promovió la denuncia por discriminación política de empleados de la Administración pública en sus lugares de trabajo ante la CIDH por la lista Tascón, que contenía la identidad de las personas que solicitaban revocar en 2004 el mandato del entonces presidente Hugo Chávez.

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