Valencia.- Organizaciones defensoras de los derechos humanos y de la comunidad LGBTIQ+ realizaron un pancartazo, este 3 de agosto, para exigir el sobreseimiento de la causa contra las 33 personas imputadas en Valencia, estado Carabobo, por encontrarse en el spa Avalon Man Club, el 23 de julio.
Abogados sobre las 33 personas detenidas en Valencia: es ilegal exponer la identidad
Con pancartas en manos, un grupo de activistas se apostó frente a la sede del Ministerio Público (MP) de la capital carabobeña para rechazar «la homofobia de Estado, la persecución a la comunidad LGBTIQ+ y la violación de sus espacios», entre otros.
Los manifestantes también consignaron un documento para solicitar la libertad plena de los 33 excarcelados, a quienes se les otorgó una medida cautelar sustitutiva de libertad y quedaron bajo régimen de presentación.
«En este caso no hubo delito alguno y se está satanizando a la comunidad LGBTIQ+. Somos personas con sentimientos y no podemos permitir que nos sigan faltando el respeto», dijo Jefferson Canzoni de la organización Caraole LGBTIQ+.
Canzoni solicitó una investigación contra la Policía Nacional Boliviana (PNB) «por realizar un allanamiento arbitrario, 33 detenciones ilegales y exponer a estas personas el escarnio público al enviar sus fotografías para que se difundieran por los medios de comunicación».
¿Dónde está el Estado?
Daniel Brito, miembro de la organización Carabobo LGBTIQ+, compartió la opinión de Canzoni y acotó que muchas de las personas detenidas no habían compartido su orientación sexual con sus familiares y quedaron expuestas.
A esta situación se suma que a cuatro personas, entre ellas, profesores y funcionarios públicos, se las obligó a renunciar a sus trabajos, según aseguraron Brito y la catedrática de la Universidad de Carabobo y activista de los movimientos Todes podemos ser y La mesa de mujeres, Esther González.
«¿Dónde está el Estado? Un Estado que dice ser de izquierda y enarbolar la bandera del socialismo, pero que en realidad está un paso atrás respecto a los derechos de la comunidad LGBTIQ+. El Estado debe resarcir la dignidad de estos compañeros que han perdido sus empleos», declaró González.
Los activistas de derechos humanos esperan que se conceda el sobreseimiento que asomó el fiscal general de la República, Tarek William Saab. «El planteamiento lo hizo de manera informal, quizás para callarnos y que bajen las aguas, pero es lo justo, porque aquí no se cometió delito alguno», destacaron los asistentes al pancartazo.
Con aportes de Ruth Lara Castillo
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