La decisión de marcar con una «R» y una «D» (por revisadas y por derribar) las viviendas en el sector «La Invasión» en San Antonio del Táchira, desde donde el mes pasado se repatrió a Colombia, según cifras de la ONU, 1.355 indocumentados, produjo un «gran daño» a la imagen del Gobierno nacional, admitió este domingo el gobernador José Vielma Mora.
Ese marcaje «ya no se está dando más, pero esa situación ha dado la vuelta al mundo y nos ha hecho un gran daño (…); nos falta ese cariz para darle el envoltorio» demostrativo de que en Venezuela «nosotros sí respetamos los derechos humanos», declaró Vielma en el programa «José Vicente Hoy», transmitido por Televen.
El marcaje fue tildado de «evidencia fascista» tanto en Colombia como en Venezuela y se produjo en el «La Invasión», explanada de unas 2.000 viviendas levantadas a 300 metros de la frontera entre Táchira y Cúcuta, allanado el 21 de agosto pasado por 2.500 soldados y policías venezolanos.
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Los 160 kilómetros de la franja fronteriza de Táchira con Colombia, de los más de 2.200 kilómetros de la zona limítrofe total entre ambas naciones, fueron cerrados paulatinamente desde el 19 de agosto pasado por orden del presidente Nicolás Maduro.
El mandatario decidió el cierre tras el ataque armado ese día a una patrulla militar venezolana, y advirtió que la reapertura solo se producirá cuando ambos países negocien una nueva política fronteriza que ponga fin al contrabando, el paramilitarismo, el secuestro, el narcotráfico y otros delitos comunes en la zona.
Vielma Mora agregó que se investiga quién impartió la orden de marcar las viviendas allanadas y repitió que la «D» aludía a «casas de citas, burdeles, casas de juego» y otras edificaciones donde incluso, según dijo, se hallaron cárceles clandestinas, todas ya derribadas.
«A alguien se le ocurrió; estamos averiguando en este esfuerzo por los derechos humanos, a quién se le ocurrió marcar», dijo y confirmó que la «D» pintada en las fachadas «fue para que la gente tuviera claro cuáles íbamos a derribar».
En esas edificaciones «agarramos a 32 paramilitares colombianos» y a «exsoldados de Colombia, de unidades antiguerrilleras, que fabricaban explosivos», y se descubrieron sótanos «para meter allí a secuestrados» y «niñas de entre 15 y 25 años hasta que sucumbieran a las apetencias sexuales de los paramilitares sicarios», reveló.
En Colombia se denunció, y lo propio hizo la oposición venezolana, el derrumbe de «viviendas de familias», pero «no fue como ellos dicen» y tampoco hubo deportaciones obligadas, porque «la gente se presentó voluntariamente» para ser repatriada, añadió Vielma Mora.
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«Una operación de esta envergadura no dejó ni un fallecido, ni un herido; no hay un golpeado, no hay un torturado, no hay violencia sexual, ninguna puerta tumbada a patadas» como también se denunció «falsamente», subrayó.
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También tildó de «espectáculo mundial» el que algunos de los repatriados sacaran sus pertenencias cruzando el río fronterizo.
Maduro ordenó que se permitiera que esas pertenencias fueran llevadas al lado colombiano en camiones por el puente internacional, relató el gobernador, «pero a alguien allá se le ocurrió hacerlo a lo macho, a lo paramilitar«.
Ello, prosiguió, para «meter a la Policía y parte del Ejército de Colombia a violar el río Táchira, para meternos en Venezuela y traernos la nevera, el refrigerador, el colchón y la cama (…) para crear el show, la sensación, la carga mediática», sostuvo.
«Debemos reconocerlo: nos han vencido en esto» y las imágenes «que recorren el mundo» así lo demuestran, reconoció.
Colombia es un país controlado por «una casta» que «no pasa de 15 familias» que ostenta «el control de los medios de comunicación que tienen su lomito mediático» contra «el país que le da alimentación, seguridad, salud» a casi 6 millones de colombianos que se cuentan legalmente entre los 30 millones de habitantes de Venezuela, remató.
Sobre la nueva política fronteriza, dijo que con ella Venezuela dejará de ser «el hermano mutilado, que sigamos siendo sometidos, que sigamos siendo acribillados por Colombia».
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