Guanare.- El fiscal general de la República, Tarek William Saab, ordenó, en un acto público celebrado en el estado Portuguesa, dictar una orden de aprehensión contra los seis médicos señalados de presunta mala práctica contra Stefany Rivera, fallecida en el hospital de Acarigua-Araure el pasado 29 de octubre.
La familia Rivera denunció la muerte de Stefany Rivera ante las autoridades de justicia. Luego de casi un mes del fallecimiento de la mujer, los parientes de la víctima consideran que no ha habido celeridad en las investigaciones, por lo que han emprendido una campaña pública presencial y por redes sociales para demandar el cumplimiento de la ley.
La medida de Tarek William Saab, que distintos juristas consideran controvertida por ser de competencia exclusiva de jueces penales de control, según la legislación venezolana, se conoció mediante un video dado a conocer por familiares de la víctima.
Portuguesa | Familia denuncia muerte por negligencia: «Fueron 29 días de calvario en el hospital»
El video en el que se aprecia la exigencia del fiscal general contra los médicos del Casal Ramos fue grabado el miércoles 22 de noviembre en el marco de la inauguración de 10 nuevas oficinas en la sede del Ministerio Público en Acarigua, a la que asistió Tarek William Saab.
Tras escuchar el testimonio de Sorelis Meléndez, madre de Stefany Rivera, el funcionario gubernamental pidió al fiscal superior de Portuguesa, Francisco Pulido, emitir una orden de aprehensión contra los médicos. La forma y la petición del fiscal fue cuestionada en redes sociales.
«Diles rápido lo que vamos a hacer, ya, vale. Vamos a dictarle ya… detención a esas, esas m…, pero vamos a hacerlo ya, vale. ¿Qué más van a esperar? (…) Di lo que vas a hacer para que ella oiga, di. Díctales la orden de aprehensión”, se le oye decir al fiscal general en el video.
La causa penal de Stefany Rivera permanece hermética en el circuito judicial penal de Acarigua-Araure. Solo se conoce que ya tiene designado un fiscal para su investigación.
Franger Hernández, abogado en ejercicio, aclaró, tras consulta de El Pitazo, que de acuerdo con el artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal (De la Privación Judicial Preventiva de Libertad), la orden de aprehensión de un ciudadano la ordena un tribunal penal mediante una solicitud que formule la fiscalía, en este caso el Ministerio Público.
Los órganos auxiliares encargados buscan y aprehenden a esta persona y la presentan al tribunal, dados los elementos de convicción que la fiscalía tiene en sus manos para imputar al ciudadano, añadió el abogado. «Luego, el tribunal decide si lo deja privado de libertad o le impone una medida cautelar sustitutiva», argumentó Hernández.
Franger Hernández, quien también es miembro del Foro Penal, coincide con Giovanni Rionero, profesor de posgrado en derecho penal y procesal penal en las universidades Central de Venezuela y Católica Andrés Bello. Ambos sostienen que una orden de aprehensión no configura por sí misma una violación constitucional ni del debido proceso.
Rionero afirmó en la red X, el 27 de agosto de 2022, que una orden de aprehensión lo que busca es la presencia del ciudadano investigado con la finalidad de cumplir con los pasos exigidos en el proceso penal (…). Tal proceder no configura violación constitucional ni procesal alguna contra los solicitados.
Presión por la justicia
Stefany Rivera falleció el pasado 29 de octubre en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital Dr. Jesús María Casal Ramos, de Acarigua-Araure, como consecuencia de supuestos actos negligentes del personal sanitario. Allí permaneció en estado agónico durante 29 días.
El pasado 1 de octubre, la joven de 23 años resultó herida en un choque entre dos vehículos. Familiares precisaron que, según el acta de defunción, Rivera falleció por un shock séptico tras permanecer 29 días en la UCI del Casal Ramos, donde fue intervenida quirúrgicamente en cuatro ocasiones, supuestamente de forma negligente.
A partir del 29 de octubre, familiares y amigos de Stefany Rivera han emprendido una campaña en redes sociales y ejercido acciones de protesta para exigirles celeridad a las autoridades en las investigaciones.
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