Caracas.- La muerte Ángela Aguirre, de 16 años, estremeció a la opinión pública después de que se denunció su desaparición el 23 de marzo, cuando viajaba con un grupo de amigos a La Terecaya para celebrar un cumpleaños a bordo de la lancha “El Kaki”.
Tres días después, tras una angustiosa búsqueda, su cadáver apareció cerca del balneario El Rey, el 26 de marzo.
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El Pitazo reseña cómo se ha llevado a cabo este suceso en medio de irregularidades para aplicar la justicia.
1) Inicialmente el director del Cicpc, Douglas Rico, indicó que la causa de muerte de Ángela Aguirre había sido »asfixia mecánica por inmersión», pero la fiscal décimo de Ciudad Guayana, Emily Hernández, solicitó una segunda autopsia donde descartó una violación al afirmar que Ángela tuvo »sexo consensuado» tras ingerir alcohol.
2) Padres y abogados de la joven de 16 años introdujeron un recurso de recusación en contra de Emily Hernández, por considerar que hay muchas irregularidades. »Le están dando un vuelco a la situación, queriendo hacerlo pasar por un accidente», declaró su padre, quien además advirtió sobre las pretensiones del Ministerio Público (MP) de engavetar el caso.
3) Siete de los implicados en este caso están detenidos y quedaron identificados como José Cedeño (18), José Zorrilla (44), Glauder Zorrilla (19), Orlando Salazar (35), Joselyn Barreto (18), Dayana Nicieza (28) y Wilmer Díaz (30).
4) El jueves 11 de abril se difundió un audio grabado por Ángela, en el que confirma haber sido violada por José Cedeño, uno de los siete encarcelados, antes de morir ahogada en el río Caroní, desmintiendo así la versión de Hernández.
5) Ángel Aguirre, padre de la víctima, validó la autenticidad del audio señalando que el material fue desestimado por la Fiscalía como prueba a pesar de los reclamos de los abogados, quienes denuncian que el proceso judicial se encuentra viciado.
6) Hasta el momento, los tribunales del estado Bolívar han diferido en cuatro oportunidades la audiencia de presentación de los implicados en la muerte de la adolescente.
7) El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) designó el 12 de abril al tribunal primero de control, audiencias y medidas con competencia en violencia contra la mujer del estado Bolívar, como el responsable de procesar a los siete imputados por el suceso
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