AUDIO y FOTOS | Gobierno se olvidó de los deudos de la masacre de Tumeremo

Tumeremo. – “Me encerré seis meses; me tiré al olvido por tanto dolor… Hasta que yo misma me di cuenta de que tenía que volver a salir adelante, por mis nietos, que quedaron sin padre”.
Anaís Montilla rompió el silencio del duelo que le dejó la “masacre de Tumeremo”, suceso que este 4 de marzo cumple un año de haber manchado de sangre (una vez más) al sur del estado Bolívar. Sus tres hijos, Néstor (30), José Armando (27) y José Ángel (26) Ruíz Montilla, murieron en la matanza que contabilizó 17 cadáveres, tras un enfrentamiento por el control de la mina El Miamo.

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Recuerda la incertidumbre de esos días de marzo, en los que pedían a gritos que aparecieran sus familiares desaparecidos en el suceso que el gobernador Francisco Rangel Gómez daba por falso. Protestaron durante tres días seguidos hasta que el Gobierno nacional decidió investigar. “En ese momento había demasiado dolor, demasiada rabia; yo no podía hablar con nadie. No podía más”.
La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, anunció el hallazgo de los cadáveres el 14 de marzo, y ya para el 16 los cuerpos habían sido entregados a las familias. La masacre fue confirmada.
Todo Tumeremo conoce a Montilla, una mujer de 53 años con temple de hierro que se ha levantado de la depresión para continuar con su vida y mantener contacto con las 10 familias que perdieron a un ser querido en esa matanza, hecho que el Gobierno no ha sabido reivindicar.

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Tras entregar a los fallecidos, la Defensoría del Pueblo, la Gobernación de Bolívar y el Ministerio Público prometieron casa, comida, protección, educación y asistencia médica… Pero a un año de la tragedia, ninguna ayuda social del Estado se hizo realidad para las madres, esposas e hijos de los fallecidos.
“Me reuní con (Francisco) Rangel Gómez personalmente y nos prometió 10 casas, una para cada familia. Nos prometió la bolsa de comida semanal… Pero yo no he visto nada”, denunció Montilla, quien accedió a declarar a El Pitazo en un café discreto de Tumeremo, “donde no nos vea mucha gente, porque ahorita uno no sabe quién está oyendo”.

Mientras el Instituto de Viviendas, Obras y Servicios (Inviobras) del estado Bolívar, reporta que la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV) construyó 21.576 viviendas en 2016, en Tumeremo ni siquiera se seleccionó el terreno para las casas que se ofrecieron para que estas personas dejaran de protestar.
La bolsa de comida semanal tampoco llegó. Durante 2016 solo recibieron una, alrededor de la fecha de la masacre. La segunda bolsa llegó un año después, este febrero… bolsas que no suficientes para ninguno de los cuatro deudos entrevistados para este trabajo.
 

“Perdí a mis tres hijos en un solo momento”

Tras la masacre, el miedo reina en el municipio Sifontes, tanto que ni el alcalde, Carlos Chancellor, quiere referirse al tema. Pero Montilla sí. Quiere recordarle al país que el terrible suceso no murió cuando la Operación de Liberación del Pueblo (OLP) mató a Jamilton Andrés Ulloa Suárez, alias El Topo, líder de la banda criminal que efectuó la masacre.
Montilla tiene 18 nietos en total. Tuvo que comenzar a “pasar trabajo e  irme pa’ las minas como cocinera”, hacia los lados de El Dorado y el Kilómetro 88, para ayudar a las dos nueras y los niños que viven con ella. “En mi casa, un mercado de 200.000 ó 300.000 bolívares no da sino para tres días”.
Para el momento de la masacre, cuando todo el pueblo exigía en las calles que aparecieran los fallecidos, ella también se reunió con el defensor del Pueblo, Tarek William Saab, quien les prometió asistencia médica para todos los niños que quedaron huérfanos.

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“Yo le llevé todos los informes y documentos de mi nieto, que es autista, porque nosotros lo atendemos es en Puerto Ordaz, pero no vimos respuesta. Con todos hablé y nos engañaron. Se olvidaron de todo (…) Yo perdí a mis tres hijos en un solo momento. ¿Sabes lo que es no tener a quién pedirle nada, más nunca?”, dijo la mujer, que no tiene más lágrimas para llorar a su descendencia.
“Nos engañaron y bien engañados, sin derecho a reclamo, porque ¿a quién más le vamos a reclamar nosotros? ¿A ellos mismos, para que nos sigan mintiendo?”, dijo Anaís Montilla, expresando desconfianza con cualquier funcionario del Gobierno actual.

“Los niños me preguntan por él”

“Los niños me preguntan  mucho por él. Yo les explico que él está en el cielo, pero ellos no entienden… Yo veo que el más pequeño le pregunta al mayor ‘¿Más nunca lo vamos a ver?’… Es muy difícil”.
Liliana Bermúdez perdió a su esposo, Jesús Aguinagalde, de 25 años de edad, en la masacre. “Él era trabajador, el que hacía todo”, gracias a sus ingresos como minero artesanal.
Sus hijos de 7 y 4 años quedaron huérfanos de padre. Ella solo gana 32.500 bolívares quincenales por su trabajo en un centro hípico, lo cual es ínfimo para mantener a sus pequeños, pero teme irse a ganar mejor en una mina. Vive con su mamá, quien la ayuda a criar a los hijos sola.

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Los agentes del Gobierno regional y nacional “prometieron que las casas estarían equipadas, que iba a venir un psicólogo, que iban a ayudarnos con los niños”, ratificó la mujer, de facciones endurecidas por el duelo.
“Yo le mandaba mensajes a la visitadora social que vino y me decía que ella no tenía nada que ver con eso… Fue un engaño, pues, y yo me lo creí”, lamentó Bermúdez en tono de resignación, relatando cómo el Gobierno apaciguó los ánimos de un pueblo que lo desafió al denunciar públicamente la matanza de 17 hombres en la mina El Miamo.

“Eso no se va a olvidar más nunca”

Los deudos consultados rechazan que la masacre sea olvidada, incluso dentro de Tumeremo. “Ahorita se va a cumplir un año de eso, un año de dolor… El sábado nosotros vamos a llorar de nuevo por nuestros muchachos”, exclamó Enrique Romero, quien perdió a sus dos hijos en la masacre.
Junior Enrique Romero Ara, de 20 años y José Gregorio Romero Ara, de 21, “eran lo único que yo tenía. A mi hijo menor lo esperaba todos los días con su comida, porque su mamá murió y lo atendía era yo… Ese día lo esperé hasta las 9:00 de la noche, hasta que salí a la calle y me volví loco y me fui a la tranca” que duró tres días en la entrada del pueblo.
Romero se siente burlado. Nada le podrá regresar a sus hijos, sus risas, su apoyo, sus “muchachos sanos, decentes, que les gustaba trabajar”. Se siente desamparado. Como trabajador de la Alcaldía de Tumeremo solo gana 12.000 bolívares quincenales. “El que no trabaja en las minas no puede comer” en un pueblo donde todo se cotiza a razón del valor del oro, que para este mes se vende a 95.000 bolívares la grama.
“Eso no se va a olvidar más nunca. Solo cuando Dios nos dé el milagro de la resurrección y nos encontremos con nuestros muchachos, pero de esto no nos olvidaremos nunca”.

“Me arriesgo en las minas”

Yoly Fermín perdió a su pareja, José Gregorio Nieves Aguinagalde, quien con 25 años le ayudaba a criar sus tres hijos. Le toca continuar sola, como cocinera en las minas, porque no tiene más opción.
“Yo me arriesgo ahí en las minas para mantenerlos, pero eso es muy peligroso, todavía hay malandros… Aquí no hay seguridad y puede volver a ocurrir otra desgracia”, dice otra de las voces del duelo.
A todos se les nota la resignación. Todos coinciden en que ya trabajar en las minas no es el negocio “sano” que solía ser. Todos se sienten burlados por el Estado, que los engañó dos veces: una cuando el gobernador Rangel Gómez negó la masacre, y otra cuando les prometieron una indemnización y ayuda social y psicológica que nunca llegó.

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Ninguno piensa en venganzas o culpables. Para recordar a sus fallecidos, este sábado celebrarán en el cementerio de Tumeremo una misa de acción de gracias, pero el cura deben buscarlo en el pueblo de El Callao, pues en Sifontes tienen cuatro meses sin sacerdote.
Un año después de la masacre, la criminalidad sigue imperando en el sur. Solo en las minas de El Callao van más de 10 muertes violentas en lo que va de año. “La masacre nunca ha terminado ni va a terminar. Una masacre de inocentes no se olvida, porque eran inocentes los que murieron… Los malandros siguen en las suyas. Ya no creemos en nadie”.