La Asamblea Nacional (AN) no ha comparecido ante la Corte del Distrito Sur de Florida para examinar la demanda interpuesta por Pdvsa a 43 personas y empresas —a través del despacho privado US Pdvsa Litigation Trust—, pese a las irregularidades denunciadas por el abogado venezolano Carlos Ramírez López a través de El Pitazo y sus redes sociales. La acción judicial, ejercida desde el 8 de marzo, presenta importantes inconsistencias legales. La firma no cuenta con la aprobación de la Asamblea Nacional para ejercer una demanda en nombre de la estatal petrolera, no consignó en el expediente las pruebas de su constitución legal ni la cesión de derechos por parte de Pdvsa. El especialista advierte que la ausencia de medidas por parte del órgano judicial venezolano puede «ocasionar un gravísimo daño a la nación».
«Pedimos a la Corte notificar a la AN sobre estas inconsistencias por tratarse de dinero público. Nosotros mismos hemos dirigido comunicaciones directamente a la Asamblea Nacional, pero hasta ahora no han acudido. Resulta muy extraño que la AN, notificada como está, no aparezca en la Corte ni haga gestión alguna. Puede resultar peligroso para los directivos de la AN si dejan pasar esto a sabiendas de lo que ocurre: que intentan robarle al país una exorbitante cantidad de dinero», enfatiza el especialista, con más de 40 años de experiencia. «Hago un especial y expreso llamado a la AN para que se haga presente en la próxima audiencia, y que envíe previamente a sus abogados a examinar este tema. Su responsabilidad está comprometida», exhorta Ramírez López, quien afirma que el proceso es fraudulento.
«US Pdvsa Litigation Trust está demandando por 10.000 millones de dólares. Este dinero se le debe a Pdvsa, según el libelo de la demanda, porque es dinero obtenido mediante robo y fraude a la petrolera venezolana. Lo extraño del caso es que no es Pdvsa quien demanda que se le devuelva este dinero, sino esta firma privada que han creado, a escondidas, sin autorización de la Asamblea Nacional. Esta empresa trata de recuperar este dinero, pero para sí, no para Pdvsa», explica el abogado.
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Audiencia diferida
Para este lunes 19, a las 9:30 am, estaba pautada una audiencia sobre el caso, que sostiene que los 43 demandados se aprovecharon de información privilegiada robada de los servidores de la estatal petrolera para recibir contratos. Sin embargo, el acto fue suspendido por petición de los abogados demandantes. «Los demandantes han pedido un alargamiento del plazo. El argumento para la petición de desplazamiento fue que había demandados que estaban fuera de la jurisdicción de Estados Unidos. Pero el juez les ha dicho que Estados Unidos forma parte de la convención de La Haya, que les permite hacer estas citaciones vía internet, por correo electrónico. Se citarán por esa vía. Fue lo que estableció el juez, y fijo la audiencia para el 4 de abril a las 9:30 de la mañana», señala Ramírez López, quien expone que por la parte demandada, solo ha atendido el llamado el empresario Francisco Morillo.
«El único que ha aparecido es el señor Francisco Morillo, el principal demandado, el exsocio de Wilmer Ruperti, quien ya nombró a sus abogados», asegura, y destaca que la estatal petrolera no se ha pronunciado sobre las inconsistencias legales denunciadas. «Pdvsa no aparece en el expediente. Tampoco ha abierto la boca en este juicio, aunque es sumamente comprometedor que haya cedido sus derechos en lugar de ejercer la acción por sí misma. Es un intento de robo, un intento de fraude».
La parte demandante cuenta con los servicios del bufete de abogados Boies, Schiller & Flexner —el mismo despacho costeado por Wilmer Ruperti para defender a los sobrinos de Cilia Flores en su juicio por narcotráfico.
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