San Cristóbal.- Para que grabara un video en el que responsabilizara al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó y al diputado por el estado Táchira, Sergio Vergara, de los hechos violentos ocurridos en San Cristóbal una vez que culminó la marcha del 23 de enero, funcionarios de las Fuerzas Armadas Especiales (Faes) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) secuestraron el pasado domingo al coordinador de activismo de Voluntad Popular en el Táchira, Carlos Delgado Villamizar.
Así lo informó el joven de la tolda naranja, quien acudió este lunes al Ministerio Público a formalizar la denuncia de su secuestro, de los golpes y las amenazas que recibió, por considerar que lo que le suceda a él, a su familia y demás dirigentes juveniles, es responsabilidad del Faes.
Con una quemadura en el lado derecho de la frente, morados en el pómulo izquierdo, en el brazo derecho y en la espalda, Delgado relató que iba llegando con dos amigos a su casa, ubicada en la urbanización Mérida de San Cristóbal, cuando se bajaron de una camioneta Tacoma negra sin placas cuatro hombres vestidos de negro con gorras del Faes, quienes los obligaron a bajarse del vehículo y lo ingresaron a la fuerza a la camioneta, en donde permaneció más de dos horas.
«Una vez entré al carro me pusieron una bolsa negra de tela en la cara y me empezaron a golpear; lo primero que hicieron fue interrogarme sobre qué había hecho ayer, qué había hecho antier, cuáles habían sido mis movimientos estos días, qué me había mandado a hacer el diputado Sergio Vergara, cuándo fue la última vez que hablé con Juan Guaidó. Mi respuesta era que no conocía a Juan Guaidó y cada vez que respondía eso me golpeaban… Antes de soltarme me querían obligar a grabar un video para responsabilizar a Juan Guaidó y a Sergio de lo ocurrido el 23 de enero y acusarlos de que ellos me mandaban dinero, que me financiaban para montar paramilitares en el estado Táchira», relató.
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Delgado indicó que los hombres lo amenazaron con que iban a sacar pruebas de que él había organizado la protesta del 23 de enero en la que fueron asesinados dos jóvenes y al menos unos 20 fueron trasladados heridos al Hospital Central de San Cristóbal.
Relató que posteriormente lo lanzaron de la camioneta en un lugar que no reconocía, y después de un rato se percató que se trataba del Faro de La Marina, ubicado entre los municipios San Cristóbal y Cárdenas. Personas que se encontraban en la zona le permitieron un teléfono para comunicarse con sus familiares.
Aunque está claro en que la denuncia en contra del Faes no procederá por ahora en el Ministerio Público, manifestó que es necesario dejar un precedente de lo ocurrido. Informó que representantes de dicho organismo se comunicaron con sus abogados aclarando que no habían sido ellos, y lo invitaron a ver a cada uno de sus trabajadores, porque no tenían unidades sin placas. «No me explico entonces cómo cuatro personas andan por las calles haciéndose pasar por funcionarios de ese organismo de seguridad», agregó.
El representante de VP manifestó que a pesar de lo que le ocurrió seguirá luchando por la libertad de Venezuela, por lo que hizo un llamado a la colectividad en general para que no tenga miedo. «Si Freddy Bernal, si Nicolás Maduro creen que con esto nos van a lograr intimidar, que con esto van a acabar la protesta pacífica, se equivocan, porque vamos a seguir adelante», destacó.
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«Exigimos protección a la Cidh»
La coordinadora regional del Foro Penal, Raquel Sánchez, informó que comunicaron a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (Cidh) sobre esta desaparición, con el fin de proteger al dirigente de Voluntad Popular, por lo que el Estado venezolano ya está al tanto de la situación y debe garantizar su libre desenvolvimiento.
Precisó que durante la protesta del 23 de enero en el Táchira fueron detenidas 17 personas, de las cuales dos fueron confirmadas como adolescentes y entregadas a sus representantes. Los otros 15 detenidos fueron pasados a proceso y aunque serían presentados el 25 de enero, la audiencia fue diferida, por lo que concluyó el 26 de enero.
A estas personas se les imputaban los delitos de agavillamiento, devastación, daños materiales a la propiedad privada, resistencia con violencia e instigación pública, de los cuales fueron desestimados tres delitos, por lo que los culpan de instigación pública y daños materiales a la propiedad privada.
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«Esto se llevó a cabo ante el tribunal quinto de control y estas personas fueron detenidas la mayoría por funcionarios del Faes, fueron trasladadas al Consejo Legislativo Regional, donde recibieron tratos crueles, inhumanos y degradantes, y posteriormente fueron suturados y recibieron atenciones que desconocemos de quién vinieron, porque en las actas no reposa ningún tratamiento médico. Hay incluso suturas en la cabeza de una de las personas detenidas», añadió.
Entre los detenidos también hay un ciudadano con trastorno de bipolaridad, pero a pesar de consignar los informes médicos, la fiscal exigió un examen médico forense para resolver su situación penal.
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