Caracas.- El no tener que comer, ver la luz del sol de vez en cuando y compartir una celda con más de 20 personas ha llevado a que 118 internos en vez de reivindicarse, hayan buscado la forma de fugarse de calabozos policiales, las nuevas cárceles de Venezuela desde que el Ministerio de Servicio Penitenciario estableciera que ningún preso sería trasladado a una penitenciaría sin tener un juicio.
La ley venezolana estipula que los internos no deben permanecer más de 48 horas en los centros de detención preventiva porque no cumplen con la seguridad mínima para mantener a detenidos por robo u homicidio; sin embargo, el retardo procesal que se vive en los tribunales del país ha generado que más de 40.000 internos se encuentren en estos recintos esperando una sentencia, y por consiguiente su traslado a una cárcel.
La ex ministra para el Servicio Penitenciario, Iris Valera, tras ser interpelada en noviembre de 2016 sobre el hacinamiento carcelario que se vive en los centros de detención preventiva —y que, según expertos, es el principal motivo que genera la fuga de internos— omitió las alertas y aseguró: “Los presos deben permanecer en calabozos policiales hasta que tengan un juicio” e hizo un llamado a las policías estadales y municipales de “asumir sus funciones”.
La principal cara de las cárceles venezolanas para ese entonces afirmó: “No voy a recibir a una persona que no tenga ni siquiera una audiencia preliminar. No voy a recibir en las cárceles nacionales a una persona que no tenga un juicio, tiene que tener su tribunal de juicio ya designado porque hay un derecho humano que nosotros respetamos, que es el debido proceso, que es el derecho a ser juzgados en libertad y que es la presunción de inocencia”.
Por su parte en septiembre de 2016, Tarek William Saab, que para el momento ejercía el cargo de Defensor del Pueblo, informó que 33.000 reclusos se encontraban en estos recintos y mostró “preocupación”, pues dicha cifra no estaba muy lejos de los 50.000 internos ubicados en los centros penitenciarios formales construidos en el país.
Con respecto a este número ofrecido por Saab, el director del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), Humberto Prado señaló que luego de un año la población de internos en las comisarías policiales pasó los 40.000, registrándose un hacinamiento que sobrepasa 600%. En su opinión tal es la “malvivencia” de estos hombres y mujeres que ya no se preocupan por reivindicarse ante la sociedad ni ser mejores personas, pues “el vivir como animales” los ha llevado a que solo piensen en cómo salir de ahí.
Cifras alarmantes
Carlos Nieto Palma, coordinador general de la ONG Una Ventana a la Libertad, aseveró que los centros de detención preventiva funcionan en el país como “depósitos de personas a los que no se les garantiza el trato justo ni el ejercicio de sus derechos contemplados en la Constitución”. Según él, el hacinamiento, el amplio tiempo de ocio y las condiciones de insalubridad de los calabozos generan un contexto propicio para los intentos de fuga.
Palma destacó que Venezuela tiene hoy día una población penitenciaria de 105.000 reclusos y de esa cifra 47.000 hombres y mujeres se encuentran en 500 calabozos policiales, los cuales no solo pertenecen a policías municipales y estadales sino a la Guardia Nacional, Sebin y Cuerpo de Investigaciones Penales y Criminalísticas (Cicpc); sitios que identificó como “no acondicionados” para tener a alguien por más de 48 horas.
Estadísticas arrojadas por el último informe realizado por Una Ventana a la Libertad sobre la situación en que se encuentran estos centros de detención -entre enero y junio de 2017- pintaron una realidad crítica. Al comenzar por el servicio de alimentación, de los 89 recintos que monitoreó la ONG 77 no posee servicio de comedor, por lo que Palma agregó: “De los 12 estados que tenemos analizados todos los reclusos fallecidos han muerto por desnutrición porque preso que no tenga quien le lleve comida no come”.
Con respecto a los servicios higiénicos de estos 89 recintos en 51 no hay higiene, ni atención médica; 76 no cuentan con áreas recreativas y el acceso al agua potable también es restringido, pues de acuerdo a la ONG solo 19 cuentan con el servicio. Otra de las negativas de estos centros es que no tienen áreas diferenciadas para la población femenina y masculina, lo que implica una violación al artículo 80 del Código Orgánico Penitenciario.
Miles de venezolanos en las zonas más desconectadas del país visitan El Pitazo para conseguir información indispensable en su día a día. Para ellos somos la única fuente de noticias verificadas y sin parcialidades políticas.
Sostener la operación de este medio de comunicación independiente es cada vez más caro y difícil. Por eso te pedimos que nos envíes un aporte para financiar nuestra labor: no cobramos por informar, pero apostamos porque los lectores vean el valor de nuestro trabajo y hagan una contribución económica que es cada vez más necesaria.
