Caracas.- El ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Faría, insistió este lunes 15 de agosto con mensajes en las redes sociales, en exigir la devolución del avión retenido en Argentina desde junio por posibles vínculos con el terrorismo internacional, así como la liberación de los 19 tripulantes.
El funcionario chavista dijo en su cuenta de Twitter, que Venezuela exige la libertad de la tripulación de Emtrasur (filial de la aerolínea estatal Conviasa, propietaria del avión) y la devolución de la aeronave, ambos «secuestrados» por el poder judicial argentino.
El funcionario agradeció al «pueblo argentino» por un video de solidaridad con los tripulantes, que compartió en Twitter, cuyo mensaje dice que mientras millones de argentinos (…) disfrutan de sus familias, trabajan, se divierten, la vida de 14 venezolanos se ha detenido por completo.
Por su parte, el Ministerio de Transporte aseguró, en la misma red social, que Venezuela se mantiene «en pie de lucha» y exige al sistema de justicia de Argentina que liberen a la tripulación, así como el cese de presuntos abusos, persecuciones, bloqueos y sanciones.
Entretanto, la cuenta de la aerolínea Conviasa escribió que sigue en la lucha por la liberación del avión y de la tripulación en Argentina, conformada por 14 venezolanos y 5 iraníes.
El lunes 8 de agosto el gobernante Nicolás Maduro pidió el apoyo de los movimientos sociales, sindicales y políticos de «la Argentina patriótica» y «peronista» para la recuperación del avión y la liberación de los tripulantes.
Mientras que el 11 de agosto una delegación de la Asamblea Nacional oficialista electa en 2020 entregó al embajador argentino ante Venezuela, Óscar Laborde, un documento en el que denuncia el «secuestro» de la aeronave y la supuesta intención de Estados Unidos de «apropiarse ilegalmente» del avión.
Ese mismo día, un juez de Argentina autorizó, a solicitud de la Justicia estadounidense, que el avión, retenido en el aeropuerto internacional de Ezeiza, a las afueras de Buenos Aires, fuera requisado por representantes del FBI y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.
EE. UU. alega que la aeronave está sujeta a sanciones, puesto que su transferencia por parte de la empresa iraní Mahan Air a Emtrasur viola las leyes de exportación de la nación norteamericana.
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