Activistas coinciden que Rocío San Miguel ha sido firme en sus posturas y apegada a la defensa de los derechos humanos. Desde la ONG Control Ciudadano, que fundó en 2005, expuso temas militares que no son de dominio público. En 2023 invitó a votar por el referendo consultivo del Esequibo y en 2018 la CIDH falló a su favor tras denunciar la discriminación política de la lista Tascón
La activista en derechos humanos y presidenta de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel Sosa, cumple 15 días detenida en el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin). Desde hace 20 años ha sido perseguida por denunciar violaciones de derechos humanos durante la gestión presidencial de Hugo Chávez y ha continuado con esta labor en la administración de Nicolás Maduro.
Activistas coinciden en que San Miguel ha mantenido posturas ecuánimes que demuestran su compromiso institucional con el cumplimiento de las leyes venezolanas y denuncias en el sector militar. Desde el año 2012 tiene medidas cautelares de protección otorgada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tras recibir amenazas contra su vida y la de su familia.
La ONG Control Ciudadano fue fundada por la activista en 2005 con el objetivo de supervisar temas de seguridad nacional, defensa y Fuerzas Armadas. San Miguel es abogada especializada en derecho y política internacional. Además tiene una maestría del Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional (Iaeden) y es la principal promotora en un caso contra Venezuela por la lista Tascón en la CIDH.
Desde esta organización ha registrado casos de torturas, muertes, detenciones arbitrarias y presuntos actos de corrupción en el sector militar venezolano. El pasado 9 de febrero de 2024 la apresaron al intentar tomar un vuelo a España desde el aeropuerto de Maiquetía.
San Miguel ha llevado un registro y monitoreo de la sistematización del Estado venezolano a través de la militarización
Lexys Rendón, coordinadora de la ONG Laboratorio de Paz
Cuando se hizo pública su desaparición, organismos internacionales, organizaciones de derechos, mujeres, activistas y ONG expresaron su preocupación por la vida de San Miguel y cuestionaron las acusaciones del fiscal general de Nicolás Maduro, Tarek William Saab.
Saab presentó a San Miguel como una de las participantes del caso de magnicidio denominado Brazalete Blanco y la culpó de espionaje con funcionarios de las Fuerzas Armadas para “planificar acciones en contra de la soberanía nacional”.
Expertos consultados por El Pitazo coincidieron en que este señalamiento está fuera de lugar y es irregular. Ante la acción de la fiscalía, reportaron delitos de violación a la presunción de inocencia, al principio de reserva, revictimización, falta de delito y de método de criminalística.
En contraste con la declaración oficial, la organización Acceso a la Justicia agrega que San Miguel es una mujer con solvencia y experticia en el ámbito militar, que ha sido objeto de ataques, criminalización, acoso y persecución por parte de funcionarios gubernamentales y organismos de seguridad del Estado en distintas oportunidades desde hace 20 años, cuando fue despedida por discriminación política.
San Miguel y la lista Tascón
“Venezuela es un drama humano. Estar aquí es un acto de reparación porque hemos sido escuchadas. Soy abogada y quiero volver a creer en la justicia, quiero que se sepa la verdad de lo que ocurrió en Venezuela, quiero que haya sanciones. La discriminación política tiene que cesar”, declaró San Miguel ante la CIDH en 2017.
La abogada trabajó desde 1991 en instituciones de la administración pública como directora de despacho en el Ministerio de Infraestructura, la Oficina de Asuntos Internacionales en el Ministerio de Defensa y después como asesora en el Consejo Nacional de Fronteras. El 22 de marzo de 2004 fue despedida tras firmar para pedir un referendo contra Hugo Chávez, en la popular lista Tascón.
Lexys Rendón ratifica que San Miguel ha sido rigurosa y ha velado por el cumplimiento de garantías y derechos sobre la base del comportamiento militar, lo que representa un elemento importante para investigaciones que realicen sobre violaciones en derechos humanos.
La lista se convirtió en un instrumento de discriminación política que contenía la identidad de las personas -de al menos dos millones de venezolanos- que estaban solicitando revocar el mandato del entonces presidente Hugo Chávez. Los nombres se hicieron públicos en 2004.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos dictaminó en 2018 que la lista Tascón fue un claro caso de discriminación política y de violación de derechos humanos en el que se desestimuló la libertad de expresión y se violaron los derechos de acceso a la justicia de las víctimas debido a la imposibilidad de obtenerla en su país.
El caso lo llevaron San Miguel, Magally Chang Girón y Thaís Coromoto Peña, quienes fueron despedidas del Consejo Nacional de Fronteras por José Vicente Rangel (presidente de ese organismo en ese entonces y vicepresidente de la república). La activista aclaró que su jefe le había informado vía telefónica que se le despedía por “demostrar deslealtad”.
La abogada y activista casi cumple 20 años desde su despido en la administración pública, y 19 de ellos han sido denunciando y documentando lo que ocurre en el área militar desde la organización Control Ciudadano.
Este fue el único caso que llegó a instancias internacionales cuando se agotaron los recursos en Venezuela tras despidos en instituciones públicas. La CIDH encontró culpable al Estado venezolano por la violación a los derechos políticos y libertad de pensamiento y expresión.
Con esto, Rocío San Miguel consiguió una victoria legal al lograr que el organismo ordenara al Estado venezolano que cumpla la sentencia y fijó el plazo hasta el 6 de mayo de 2024 para que presente un informe de cumplimiento. Hasta ahora no hay información sobre esto.
San Miguel y el sector militar
Los estudios y trayectoria profesional de San Miguel la han llevado a estar estrechamente vinculada con el sector militar venezolano. Desde su ONG ha sido vocera y analista de lo que ocurre dentro de las cerradas cúpulas militares del país.
En 2010 denunció que la Fuerza Armada Nacional (FAN) tenía el riesgo de convertirse en un brazo armado de Hugo Chávez. También un año antes, en el 2009, aseguró que el Gobierno buscaba soldados al intentar establecer la inscripción militar como obligatoria.
La activista argumentó que con esta reforma se violaba el artículo 34 de la Constitución de 1999, donde se estableció dejar a elección de los ciudadanos el deber de prestar servicio civil o militar. Esto lo definió como una decisión que cercenaba libertades y derechos.
Otros de los hechos que ha evidenciado Rocío San Miguel en sus denuncias es la militarización, politización y desprofesionalización de las instituciones militares a través de despidos forzados, corrupción, negligencia, favorecimiento en ascensos de rangos y asignación de militares en cargos públicos.
La activista, en varias ocasiones, documentó la presencia de la Fuerza Armada Nacional en las campañas políticas de Hugo Chávez y denunció que con esto se evidenciaba la politización de los militares. “Quieren hacer ver —en referencia a Chávez— que tiene el control de los militares y por ende del poder de fuego en el país”, dijo. El patrón se repite con Maduro.
También denunció cuando Chávez modificó la Ley de la Fuerza Armada para dar protagonismo a la milicia. «Es la conformación de un órgano paralelo que no forma parte de la estructura de la Fuerza Armada y que va a detentar las armas de la república», indicó San Miguel a EFE sobre la milicia que Chávez activó en 2005 por decreto y organizó en las Fuerzas Armadas en 2008 mediante otra reforma de la ley.
San Miguel le pidió al Consejo Nacional Electoral revisar la inscripción de militares en el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en 2011. También recogió denuncias con sus fuentes, entre los años 2012 y 2019, sobre el descontento en el sector militar y sus bajos salarios. El último reporte fue que cobraban entre 12 y 13 dólares mensuales el de mayor jerarquía.
Otro punto álgido con el sector militar se reportó en 2019, cuando reiteró que aunque había descontento dentro de la FAN no hubo respaldo a la Operación Libertad, que lideró el entonces presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, desde la base aérea de La Carlota el 30 de abril de 2019.
San Miguel explicaba a la opinión pública que desde los cuarteles no hubo respaldo ni pronunciamiento militar y lo clasificó como un pequeño acto de rebelión militar porque no contó con la participación de más de 40 efectivos. Los mandos con poder de fuego permanecieron leales a Maduro.
En 2020 la activista aseguró que solo 3 de 10 venezolanos votaron en el proceso de elecciones parlamentarias que convocó Nicolás Maduro el 6 de diciembre de 2020. También denunció que la FAN mostró apoyo a la Asamblea Nacional electa y violaba la Constitución.
Después en otras entrevistas precisó que aunque hay evidencia de solicitudes de bajas masiva, eso no representa un quiebre. También ha reportado la subestimación militar desde la oposición, lo que también representa un reto. En 2023 aseguró que el Estado debía garantizar el desarrollo pacífico de las elecciones primarias en las que resultó electa María Corina Machado.
San Miguel y el sí en el Esequibo
La abogada fue firme en sus declaraciones, incluso en una entrevista con César Batiz, director de El Pitazo, sobre las razones por las que apoyaba que los venezolanos participaran en el referendo consultivo sobre el territorio Esequibo el pasado 3 de diciembre de 2023.
“En lo individual, mi conciencia va a estar en paz votando el 3 de diciembre. Creo que para un venezolano no es una opción abstenerse. Mi voto va a ser “Sí”, “Sí”, “No”, “No”, “No” y va a ser por tres razones fundamentales”, dijo en esta entrevista.
El Esequibo es un territorio de casi 160.000 kilómetros cuadrados en disputa con Guyana y el referendo fue respaldado por el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), junto a sus aliados del Gran Polo Patriótico, Patria Para Todos, Tupamaro, Movimiento Electoral del Pueblo, Unidad Popular Venezolana y Alianza para el Cambio.
Las interrogantes realizadas en este referendo abordaron temas que van desde datos históricos hasta aspectos del derecho internacional relacionados con la postura de Venezuela sobre el territorio en reclamación. Uno de los puntos que destaca es la creación del estado Guayana Esequiba.
Este es un tema complejo, pero Rocío San Miguel lo maneja por su experiencia en el Consejo Nacional de Fronteras de Venezuela. En este conflicto territorial convergen los hechos históricos, geográficos, jurídicos, diplomáticos, de seguridad y defensa. La vía para resolver parece ser el juicio en la Corte Internacional de Justicia, y advirtió que esto era un “cheque en blanco” para el gobierno de Maduro.
A juicio de la abogada, en caso de que los venezolanos votaran sí, como anunció el Gobierno, existe la posibilidad de un conflicto armado que podría afectar el desarrollo de las elecciones presidenciales sean amenazas por un conflicto bélico.
“Aquí (en las preguntas cuatro y cinco del referendo) se habla de ‘otros planes’ y de ‘todos los medios’, lo que significa que de aprobarse se estaría autorizando, incluso, el inicio de una guerra por una razón que puede dirimir tranquilamente en la Corte Internacional de la Justicia”, dijo la abogada en noviembre de 2023.
Guyana, la Comunidad del Caribe (Caricom), la Organización de Estados Americanos (OEA) y la mancomunidad de excolonias y protectorados británicos (Commonwealth) rechazaron el referendo, que también consultó a los ciudadanos si respaldan o no la posición histórica de Venezuela de no reconocer la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para resolver la controversia.
San Miguel fue abiertamente criticada por dirigentes de oposición al participar en este proceso, aunque no fue la primera vez. La abogada ha defendido la institucionalidad del voto y fomentado la participación de los venezolanos en los procesos electorales.
En julio de 2017 llamó a los venezolanos a participar en los comicios de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y votar nulo. Aunque los usuarios en redes sociales, donde mantenía una campaña, la criticaron por validar la figura de este parlamento.
En este proceso se iban a elegir a los 545 participantes de la ANC. La oposición no participó, aunque San Miguel decidió ejercer su derecho al sufragio y aseguraba que el voto nulo pudo evitar que se instalara lo que calificó como la “inconstitucional ANC, convirtiendo el 30 de julio en un plebiscito”.
Rocío San Miguel y Brazalete Blanco
Desde Control Ciudadano, San Miguel cuestionó el anuncio de expulsión y degradación de 33 militares de la Fuerza Armada Nacional (FAN) que realizó el Ministerio de la Defensa de Venezuela el 24 de enero de 2024 por estar presuntamente involucrados en planes conspirativos contra Nicolás Maduro. Esta fue la última denuncia que realizó antes de su detención.
La organización advirtió que estas expulsiones siguen un control jurisdiccional y se deben cumplir lo previsto en el Código Orgánico de Justicia Militar. Según el comunicado oficial, los militares que presuntamente estaban implicados en la planificación de acciones criminales y terroristas para atentar contra el sistema de Gobierno.
La abogada alertó que no se especificaron las sentencias que acuerdan la decisión y el componente militar al que pertenecían los militares expulsados en un acto en Fuerte Tiuna, en Caracas. Siete de ellos fueron señalados por participar en la operación Brazalete Blanco.
Activistas sobre Rocío San Miguel
Su trayectoria en la defensa de los derechos humanos ha sido amplia y la respaldan decenas de análisis que permiten a los venezolanos y la comunidad internacional comprender lo que representa la militarización en el país. Rigurosa, comprometida, institucional y de impacto, así describen la labor que ha realizado San Miguel desde el año 2005.
La activista y fundadora del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), Ligia Bolívar, explicó que la labor de Rocío San Miguel desde Control Ciudadano ha sido fundamental para monitorear lo que representa un país militarizado para la institucionalidad y la democracia en Venezuela.
“Rocío San Miguel tiene una amplia experiencia en esa materia porque recordemos que ella cuando trabajó en Cancillería desde el Consejo Nacional de Fronteras estaba pendiente precisamente de lo que era el tema militar y de seguridad nacional. Ha hecho una tarea importante identificando zonas de seguridad y los impactos que tiene esta militarización en los derechos humanos”, agregó la educadora y coordinadora de Alerta Venezuela.
La labor de Rocío San Miguel ha sido fundamental para monitorear lo que representa un país militarizado para la institucionalidad y la democracia en Venezuela
Ligia Bolívar, activista y fundadora de Provea
La coordinadora de la ONG Laboratorio de Paz, Lexys Rendón, también explicó que la organización que lidera San Miguel ha llevado un registro y monitoreo de la sistematización del Estado venezolano a través de la militarización y el poder que han ganado dentro de la institucionalidad.
“Control Ciudadano ha sido importante por la delimitación de las zonas de seguridad, estructuras militares. Una de las supuestas pruebas que presenta el fiscal Saab es precisamente una de estas, los mapas que tenía la abogada en su casa, porque ha orientado cómo se han delimitado y militarizado los espacios públicos.
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