Antes de ser detenido por su vinculación en la trama Pdvsa – Cripto, el entonces director de Ingeniería Municipal de la Alcaldía de Baruta figuraba en al menos 14 denuncias por la aprobación irregular de permisos para la construcción de obras en distintas zonas del municipio del estado Miranda. Uno de los casos impulsó a los vecinos a formalizar una demanda en el año 2022 ante el Ministerio Público y el Colegio de Ingenieros de Venezuela
El esquema de corrupción revelado en marzo de 2023 por el gobierno de Nicolás Maduro salpicó a Harold Rafael Sosa Padilla, quien ocupaba el cargo de director de Ingeniería Municipal de la Alcaldía de Baruta, estado Miranda. Mientras enfrenta la justicia por, presuntamente, recibir sobornos y otorgar permisos irregulares para la construcción de edificios en la urbanización Las Mercedes de Caracas a dos empresarios relacionados con un funcionario de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), Sosa lleva a sus espaldas las demandas por obras ilegales en el municipio, autorizadas sin tomar en cuenta normativas ambientales ni las pautas de las ordenanzas municipales, según afectados.
La sorpresiva detención de Harold Sosa el 12 de abril de 2023 puso nuevamente en la opinión pública las sospechas sobre las aparentes irregularidades detrás de las obras de torres lujosas en Las Mercedes, en su mayoría a cargo de la compañía Constructora HP, propiedad de Rafael Perdomo Rodríguez y Roger Perdomo Rodríguez, aprehendidos el mismo día por las investigaciones del caso que el gobierno denominó Pdvsa – Cripto.
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En la trama de corrupción se desviaron entre 13.000 y 16.000 millones de dólares de la estatal petrolera, de acuerdo con un informe de la ONG Transparencia Venezuela, publicado en junio.
Hasta el momento trasciende poca información sobre la investigación que pesa sobre Sosa. El 7 de septiembre de 2023, tras casi cuatro meses de silencio, el alcalde de Baruta por el partido Fuerza Vecinal, Darwin González, declaró que desconocía la información sobre el proceso judicial en contra de Sosa y Juan Carlos Posner Pimentel, exdirector adjunto de la Alcaldía de Baruta —también detenido por la trama Pdvsa – Cripto— por no tener acceso a los expedientes.
Tanto a Sosa como a Posner Pimentel se les imputó por los delitos de traición a la patria, retraso u omisión intencional de funciones, legitimación de capitales y asociación para delinquir, según la información obtenida por El Pitazo por medio de fuentes judiciales.
En el caso de Sosa, un reportaje de Armando.Info, que citó datos del expediente del Ministerio Público, reveló que el exdirector de Ingeniería Municipal habría recibido sobornos de 200.000 dólares por parte de los dueños de la Constructora HP para agilizar las autorizaciones en la construcción de torres en Las Mercedes.
Sosa, ingeniero civil de profesión, fue designado como director de Ingeniería Municipal de Baruta el 8 de octubre de 2020. Pero, en paralelo, ocupó los cargos de director de Planificación Urbana y de Planificación Urbana y Catastro de la alcaldía. Sobre su trayectoria hay pocos datos públicos.
Fuentes ligadas al partido Fuerza Vecinal señalan que Harold Sosa militó en Primero Justicia (PJ), donde compartió con Darwin González. Harold, además, es hermano de Alejandro Sosa Padilla, quien se desempeña como secretario del gobierno de la Alcaldía de Baruta y también milita en Fuerza Vecinal. Su nombre aparece vinculado a una empresa llamada Asociación Cooperativa Corona R021, según datos de la plataforma Aleph del Proyecto de Reporte sobre Crimen Organizado y Corrupción (Occrp, en sus siglas en inglés).
Gestión plagada de denuncias
Antes de ser detenido por el caso Pdvsa – Cripto, Sosa enfrentó una serie de denuncias recogidas por los vecinos de al menos seis sectores de Baruta por la aprobación de obras que aparentemente infrigían ordenanzas y normas ambientales y urbanísticas durante su gestión como director de Ingeniería Municipal.
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En un primer momento, los residentes recopilaron información de 14 casos, según la documentación obtenida por El Pitazo a través de integrantes de asociaciones vecinales de Baruta. Del total, 11 denuncias no habían sido resueltas o tuvieron soluciones parciales porque la Alcaldía de Baruta no intervino o dejó de responder diferentes solicitudes de información y denuncias formales consignadas por los residentes de las zonas de Baruta afectadas por las obras.
En uno de los casos presentados está involucrada la Constructora HP con una obra que emprendió en el sector La Alameda. Los residentes de la zona tuvieron poco acceso a la información sobre el tipo de proyecto. En el lugar, los vecinos identificaron, entre otras irregularidades, la deforestación y afectación de servicios de 4 urbanizaciones con más de 1.000 habitantes, así como la inexistencia de un estudio de impacto ambiental actualizado. Las labores iniciaron luego de que Ingeniería Municipal aprobara un permiso de limpieza y desmalezamientos que, al final, culminaron en actividades de tala de árboles.
Por este caso los residentes formalizaron una denuncia en 2022 en contra de Sosa ante la Dirección Ambiental del Ministerio Público, que quedó registrada con el número 113271/2022, y el Colegio de Ingenieros de Venezuela. La Fiscalía Ambiental luego intervino directamente en el caso, pero no se establecieron responsabilidades penales al respecto.
Un ingeniero civil de Baruta que pidió la reserva de su identidad señaló que, en gran parte de los casos, se evidenció que la Dirección de Ingeniería Municipal aprobó permisos para limpieza y desmalezamiento sin tener la competencia para autorizar estas labores.
“Esto le corresponde, por ordenanza, a la Dirección de Áreas Verdes”, aclaró. Según la misma fuente, las decisiones aprobadas se justificaban en las disposiciones de ordenanzas sobre limpieza y conservación de terrenos sin edificaciones de 1994, que fue derogada por una reforma parcial aprobada en 2018.
En el sector La Alameda también se pretendían construir canchas de pádel, cuya autorización fue firmada por Sosa. El proyecto, luego de las protestas y denuncias lideradas por los vecinos, se paralizó en agosto de 2023 por orden del Ministerio de Ecosocialismo, antiguo despacho de Ambiente.
Esta decisión favorable no ocurrió en Cumbres de Curumo, por ejemplo, donde se construyó un bodegón, inaugurado en 2020, que afectó espacios urbanos y no contó con permisos de la Alcaldía de Baruta. “Sosa dijo que iba a sancionar a los involucrados, pero no ocurrió. Al final, en la pandemia, inauguraron el local”, dijo Marianela Rodríguez, arquitecta y residente de Cumbres de Curumo.
Sosa también recibió cuestionamientos por las edificaciones de Las Mercedes. Un grupo de arquitectos advirtió sobre los riesgos urbanos de las obras por las aprobaciones ilegales de las ordenanzas de zonificación en la urbanización y la falta de consulta a los vecinos sobre la ejecución de los proyectos. Una investigación de la Alianza Rebelde Investiga, además, reveló que las construcciones generan un impacto ambiental serio sobre el espacio.
En sustitución de Harold Sosa, el alcalde de Baruta, Darwin Gonzalez designó en mayo de 2023 como jefe de Ingeniería Municipal a Pedro Antonio Vicens, en calidad de encargado. Mientras el proceso judicial por corrupción contra Sosa continúa, González no ha mencionado nada sobre él desde entonces. Incluso, tras la detención, dijo en un comunicado difundido el 15 de abril de 2023 que ofrecería detalles, pero no hubo pronunciamiento.
El alcalde tampoco habló de Harold Sosa en la última rueda de prensa realizada el 7 de septiembre, en la que se retiró antes de contestar preguntas. Aún así, en medio del silencio que el alcalde de Baruta guarda sobre su exjefe de Ingeniería Municipal, los reclamos de los residentes por las obras ilegales en el municipio no cesan.
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