Kervin Rodríguez y Rossana Leal son dos venezolanos pertenecientes a la comunidad Lgbtiq+ que afirman sentirse más seguros de expresar su orientación sexual en Colombia. Aunque aseguran que a Venezuela aún le queda un largo camino por recorrer para la inclusión de este colectivo, señalan que en el país vecino no todo es color de rosa para la migración venezolana lesbiana, gay, bisexual, transgénero, intersexual y queer, sobre todo en el acceso a la salud y al trabajo
Colombia se ha convertido en un lugar de oportunidades para migrantes venezolanos que, en su mayoría, decidieron dejar su país debido a la aguda crisis económica y social. Pero algo que no muchos mencionan es que un grupo de venezolanos pertenecientes a la comunidad Lgbtiq+ también encontró un espacio seguro y de expresión al cruzar la frontera.
Kervin Rodríguez es uno de ellos. El venezolano de 33 años contó a El Pitazo que decidió dejar su natal Cabimas, en el estado Zulia, hace dos años, debido a que tanto él como su madre requerían atención médica y no lograban conseguir el tratamiento. Al llegar a Cartagena comenzó una nueva vida, pero sin expresar su preferencia sexual por temor a ser discriminado.
El zuliano se llevó la grata sorpresa de que la población colombiana no le mostró rechazo al expresarse como miembro de la comunidad Lgbtiq+. «En ningún momento me he sentido discriminado, siempre me he sentido como una persona más, la experiencia ha sido muy grata desde que estoy aquí», aseguró.
Aquí reconocen que cada quien puede pensar y sentir de forma diferente y no por eso nos sentimos discriminados. Hay más respeto, a Venezuela le toca avanzar en eso, incluso en el tema de las leyes (…) Allá a la gente le falta mucho para reconocer a la comunidad
Kervin Rodríguez, venezolano en Colombia
Diferencia significativa
Una investigación realizada por el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH – Ucab), titulada Movilidad y Diversidad, expone que el ambiente de prejuicios y discriminación que se vive en Venezuela es un factor que tiene un impacto negativo en la salud mental de la población Lgbtiq+. «Aunque no siempre se identifica como una motivación para salir del país, algunas personas notan la diferencia de ambiente cuando llegan a otros países en los que el entorno es más distendido», cita el informe.
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Rodríguez ha formado parte de las actividades de la fundación Caribe Afirmativo, en la que se dedica a promover los derechos de la comunidad Lgbtiq+ en Colombia, para brindar orientación sobre el acceso a sus derechos y apoyo, tanto emocional como psicológico.
El venezolano asegura que la diferencia entre la aceptación hacia la comunidad Lgbtiq+ es muy marcada entre Venezuela y Colombia. Afirma que a su país natal aún le queda mucho camino por recorrer para la inclusión de la comunidad en su sociedad y políticas estatales.
«Acá he notado la diferencia. En Venezuela, casi no hay espacios donde uno pueda participar o expresar sus diferentes gustos o lo que sintamos como personas. Aquí reconocen que cada quien puede pensar y sentir de forma diferente y no por eso nos sentimos discriminados. Hay más respeto, a Venezuela le toca avanzar en eso, incluso en el tema de las leyes (…)», dijo Rodríguez.
Giovanni Molinares, coordinador de los procesos de movilidad humana de Caribe Afirmativo, explicó a El Pitazo que Colombia es uno de los países que a nivel jurisprudencial ha sido progresista en el marco de la protección de las personas Lgbtiq+. «Se ha visto, sobre todo, en el derecho a la igualdad, a la identidad de género, a la no discriminación y todo está muy bien explícito, gracias a los avances de la jurisprudencia en la Corte Institucional».
Tratamiento para el VIH
El informe del CDH-Ucab advierte que lo que más demandan las personas pertenecientes a la comunidad al llegar al país receptor es el acceso a la salud y medicamentos, como es el caso de Rodríguez, quien en 2017 fue diagnosticado con VIH y su madre padece de diabetes e hipertensión.
«La situación de Venezuela se estaba poniendo fuerte y comenzaron a escasear los tratamientos retrovirales. Los medicamentos no llegaban y cuando lo hacían era por medio de donativos internacionales (…) Era cuestión de suerte poder acceder a esos medicamentos», aseguró el venezolano.
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Según datos de Acción Ciudadana Contra el Sida (Accsi), los venezolanos migrantes con VIH se dividen en tres grupos. El primero está compuesto por personas que estaban en tratamiento desde hace más de 10 años y debido a la crisis del sector salud, sus médicos les recomendaron migrar; el segundo grupo lo integran personas que fueron diagnosticadas después de iniciada la crisis del sector salud en Venezuela y sus médicos les recomendaron migrar, porque no tendrían acceso a tratamiento; el tercer grupo está formado por jóvenes que practicaban sexo por supervivencia y abandonaron el país sin saber que estaban infectados.
«Eran muchos los pacientes que quedaban sin tratamiento. También trasladarme desde donde vivía hacia donde entregaban los tratamientos era muy difícil, puesto que estaba a hora y media de distancia; los recursos económicos para costear el transporte no eran suficientes», contó Rodríguez.
Al llegar a Colombia, Kervin Rodríguez logró afiliarse a una Entidad Promotora de Salud (EPS), donde recibe tratamiento retroviral para tratar el VIH; además, su madre también logró obtener tratamiento para la diabetes e hipertensión.
El coordinador de los procesos de movilidad humana de Caribe Afirmativo explica que el sistema de salud de Colombia tiene la obligación de dar tratamiento para el VIH a las personas que lo necesiten, incluso si su condición migratoria es irregular.
«Nuestra alerta comenzó entre 2015 y 2016 por la cantidad de personas que llegaban desde Venezuela en búsqueda de tratamiento para el VIH (…) Las personas que no estén regularizadas, al solicitar la condición de refugiado, se les otorga un salvoconducto que les permite acceder al sistema de seguridad social y así acceder a servicios de salud», dijo Molinares.
En Colombia nunca he sufrido una discriminación, pero en Venezuela vivía encerrada en mi mundo al ser juzgada por mi familia y amigos
Rossana Leal, venezolana en Colombia
Rechazo familiar
Otra realidad que expone el informe del CDH-Ucab es que una de las motivaciones que tienen las personas Lgbtiq+ para salir de Venezuela es la presión y el rechazo que sienten hacia su identidad de género, un factor que se suma a la situación del país.
Rossana Leal es una zuliana de 35 años que lleva dos años viviendo en Cartagena, donde ha tenido la oportunidad de expresarse y vivir sin miedo a ser discriminada por su orientación sexual. «En Colombia nunca he sufrido una discriminación, pero en Venezuela vivía encerrada en mi mundo al ser juzgada por mi familia y amigos», dijo.
Colombia es el cuarto país de Latinoamérica en aprobar el matrimonio civil homosexual. La Corte Constitucional de Colombia reafirmó los derechos de personas Lgbtiq+ al confirmar la validez del matrimonio entre personas del mismo género, el 28 de abril de 2016. En el caso de Venezuela, el matrimonio igualitario entró en discusión en el Tribunal Supremo ese mismo año, pero hasta hoy no se ha emitido ningún fallo.
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Leal se encuentra casada con Eddy Karelys Zambrano, otra migrante venezolana oriunda de Táchira. Ambas se conocieron mientras trabajaban de manera informal en las calles de Cartagena. «Ella vendía jugo y yo vendía café. Actualmente, tenemos un emprendimiento juntas en el que hacemos piñatas artesanales».
Lgbtiq+ privados de libertad
Según cifras del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), de 1.995 venezolanos presos en Colombia, 33 se reconocían como integrantes de la comunidad Lgbtiq+ en 2021. Sin embargo, esta cifra no refleja toda la realidad, debido a que muchos prefieren esconder su orientación sexual para no lidiar con actos de violencia.
La investigación titulada Migrantes y prisioneros del abandono, publicada por la revista Pesquisa javeriana de la Pontificia Universidad Javeriana, expone que la comunidad Lgbtiq+ suele ser la que recibe menor atención y tratos dignos dentro de los centros de reclusión colombianos. El estudio señala que quienes se identifican como parte de esta comunidad constantemente reciben insultos de funcionarios y otros reclusos debido a su orientación.
En el caso de las mujeres trans, es común que no les dejen entrar encomiendas o ropa íntima femenina. Pese a esto, el Inpec ha buscado ayudar a los migrantes pertenecientes a la comunidad Lgbtiq+ al darles kits de aseo personal cada tres meses.
“Ellos les colaboran a los migrantes con un kit cada tres meses, que consta de dos rollos de papel higiénico, una afeitadora, un jabón de baño, una crema y un cepillo de dientes. Por otro lado, la Embajada de Venezuela en Bogotá -que debería garantizar una vigilancia de sus ciudadanos privados de la libertad- solo vino una vez, en 2015 y no volvió. Los venezolanos estamos abandonados”, dijo Alicia Bustos, una venezolana consultada en la investigación.
Habrá casos en los que sientan rechazo hacia su país de origen, pero en la mayoría de los casos, las personas buscan educar a su entorno (…) Físicamente estamos lejos de Venezuela, pero en leyes estamos a años de distancia
Migdely Miranda, psicóloga clínica y de salud
Discriminación por ser venezolana
La Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V) afirmó que, para abril de 2022, en Colombia había 1.842.390 venezolanos; sin embargo, no existe un registro del número de migrantes de esta nacionalidad que se identifiquen como integrantes de la comunidad Lgbtiq+.
Pese a que el hecho de emigrar les ha abierto las puertas para tener una vida en la que su orientación sexual es aceptada, muchos aún enfrentan las mismas barreras que el resto de los migrantes venezolanos.
Es el caso de las dificultades para acceder a educación, trabajo y servicios de salud por su condición migratoria o por el rechazo debido a la xenofobia. «La única discriminación que he sufrido es por ser venezolana, eso no me ha permitido acceder a un trabajo formal», afirma Rossana Leal.
«Pese a los avances en los derechos de las personas Lgbtiq+, no siempre es fácil para los integrantes de la comunidad acceder a salud y trabajo; y si hablamos de una persona venezolana es mucho peor. Inicialmente, la discriminación recae sobre la nacionalidad de la persona (…) «, explicó Molinares.
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Giovanni Molinares recomendó a los venezolanos pertenecientes a la comunidad Lgbtiq+ que antes de emigrar a Colombia se informen sobre los derechos a los cuales pueden acceder una vez que llegan al país y cuáles son los municipios que expresan mayor rechazo hacia las personas pertenecientes a la comunidad.
«Lo primordial es acercarse a los puntos de atención de Acnur (Agencia de la ONU para los Refugiados) en los pasos fronterizos y a las organizaciones en pro a la comunidad», dijo.
Salud mental
Migdely Miranda (@MigdelyMiranda), psicóloga clínica y de salud, aseguró a El Pitazo que todos los integrantes de la comunidad Lgbtiq+, en algún momento de sus vidas, han sido víctimas de discriminación, ya sea por comentarios o por el impedimento a acceder a trabajos, servicios o espacios públicos.
«Las personas Lgbtiq+, que han presenciado actos de violencia o que han sido rechazados y excluidos, pueden presentar depresión, cuadros que van de la tristeza a la depresión mayor. Hay personas que pueden atentar contra su vida. También pueden presentar síntomas de ansiedad o ataques de pánico«, expone Miranda.
«Las personas al migrar se dan cuenta de que existe otra posibilidad. Si bien en los países de acogida también hay discriminación, porque no podemos negar que eso existe, hay una clara diferencia, porque existe una ley que los ampara y penaliza los actos de violencia y odio hacia la comunidad Lgbtiq+», explica la psicóloga.
No siempre es fácil para los integrantes de la comunidad acceder a salud y trabajo; y si hablamos de una persona venezolana es mucho peor. Inicialmente, la discriminación recae sobre la nacionalidad de la persona
Giovanni Molinares, coordinador de los procesos de movilidad humana de Caribe Afirmativo
Miranda afirma que, desde el punto de vista psicológico, las personas pueden sentirse en gratitud hacia su país de acogida, debido a que les brindan un sentimiento de protección. «Habrá casos en los que sientan rechazo hacia su país de origen, pero en la mayoría las personas buscan educar a su entorno. Físicamente, estamos lejos de Venezuela, pero en leyes estamos a años de distancia».
Anaís Bolívar, psicóloga de la red Psicodiáspora, afirmó a El Pitazo que lo más difícil para las personas de la comunidad Lgtbiq+ es comunicarle a su entorno familiar sus preferencias sexuales y de identidad de género. «Esa es la parte más difícil. La mayoría de las veces no son aceptados por su familia; algunos nunca lo aceptan y deciden migrar otros países».
«Pueden ser ellos mismos sin cumplir los estándares sociales. Para ellos, psicológicamente hablando, es una liberación el hecho de migrar. Ese es el punto central, sentirse mejor afuera donde nadie los va a juzgar por su condición ni esperar nada de ellos», expone Bolívar.
Vulnerabilidad de personas trans
Los hombres y mujeres trans son quienes suelen enfrentarse a mayores niveles de discriminación y violencia. En el caso de Colombia, este 2022 se conoció el asesinato de una venezolana trans que se dedicaba a trabajos sexuales. Según la investigación del CDH-Ucab, las personas trans, al llegar al país receptor, suelen ser víctimas de discriminación y violencia, incluyendo la exclusión y el rechazo cuando se dedican a trabajos sexuales por los cuales cobran menos por sus servicios.
La venezolana de 25 años, identificada como Tiffany, formaba parte de la organización Caribe Afirmativo. Era considerada una de las líderes más destacadas dentro del grupo de mujeres trans migrantes de la organización.
Según registros del Observatorio de Derechos Humanos de Caribe Afirmativo, el asesinato de Tiffany es la segunda muerte violenta de una persona Lgbtiq+ en Valledupar y en el departamento del César, en lo va de 2022. En los últimos dos años se registraron 10 homicidios en la zona, de los cuales 3 han sido de mujeres trans.
En agosto de 2020 se conoció el caso de Patricia Dumon, una joven trans venezolana de 21 años que fue asesinada en Santa Marta, convirtiéndose en 1 de las 110 víctimas de violencia contra la población Lgbtiq+ venezolana registradas por Caribe Afirmativo, entre mayo de 2018 y agosto de 2020.
Retornados colombianos enfrentan las mismas barreras que los migrantes venezolanos
Sin embargo, la violencia hacia la comunidad Lgbtiq+ no se registra solo en países receptores. Según datos de Acción Ciudadana Contra el Sida (Accsi), en Venezuela se han cometido crímenes de odio por orientación sexual, identidad de género y expresión de género desde 2009. «Los informes de Accsi recogen 192 asesinatos de personas Lgbtiq+ entre 2009 a mayo de 2017. En 2017, Venezuela se ubicaba en el cuarto lugar de homicidios contra personas Lgbtiq+ en América», cita el informe de CDH-Ucab.
La psicóloga Migdely Miranda afirmó que en Venezuela, las mujeres trans tienen un promedio de vida que va de los 30 a los 35 años de edad, cuando el de una persona es de 70 años. «Es una diferencia que tiene ver con pertenecer a la comunidad y la violencia que sufren. Estas personas que están expuestas a mayores niveles de violencia también presentan mayores síntomas de depresión, ansiedad y ataques de pánico».
La vulnerabilidad de las personas trans no solo se evidencia en la violencia y discriminación, sino al momento de acceder al derecho de la identificación. Si bien es cierto que el Estatuto Temporal de Protección para venezolanos (Etpve) permite que una persona trans coloque su nombre y género identitario, es un proceso del cual las notarías colombianas no tienen información.
«Para poder hacer esto, deben ira una notaría. Hay dos problemas: el primero es que las notarías no tenían conocimiento de este proceso, ni cómo registrar los nuevos datos en sus sistema; y el segundo es que el proceso tiene un costo de 220.000 pesos (53 dólares), algo que no todos pueden costear», denunció Giovanni Molinares.
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