Las detenciones de la activista Rocío San Miguel el 9 de febrero y de la dirigente opositora Dignora Hernández el 20 de marzo, se suman a la amenaza latente que hay contra la líder María Corina Machado y el equipo de su partido Vente Venezuela. De cara a las elecciones presidenciales, la politóloga Estefanía Reyes considera que estas actuaciones le resultan cruciales al Gobierno: «cualquier individuo, incluso las mujeres, pueden ser objeto de criminalización»

El grito desesperado de Dignora Hernández: «¡Auxilio, por favor!», cuando funcionarios de la División de Investigaciones Penales (DIP) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) la detuvieron a la fuerza y con testigos, el 20 de marzo, quedó registrado en un video que muestra la represión con la que el gobierno de Nicolás Maduro actúa en contra de las mujeres.

La secretaria política del partido Vente Venezuela ​y miembro del equipo de campaña de María Corina Machado no es la primera mujer detenida por razones políticas en Venezuela, pero sí la segunda en 2024. El 9 de febrero, funcionarios apresaron a la abogada y defensora de derechos humanos Rocío San Miguel.

A las detenciones de estas dos mujeres, se suman la persecución y órdenes de captura contra la jefa de Campaña de María Corina Machado, Magalli Meda; de la coordinadora de Comunicaciones de Vente Venezuela, Claudia Macero, y la amenaza latente que hay sobre la líder opositora María Corina Machado.


El arresto de mujeres prominentes evidencia que el Estado venezolano está dispuesto a cruzar nuevos límites en su escalada represiva

Estefanía Reyes, politóloga

La politóloga Estefanía Reyes aseguró que los arrestos de mujeres prominentes y destacadas en la sociedad civil, como Rocío San Miguel, y de activistas políticas del equipo de María Corina Machado evidencian que el Estado venezolano «está dispuesto a cruzar nuevos límites en su escalada represiva».

Reyes, quien también es directora de la organización Proyecto Mujeres, sostuvo en entrevista con El Pitazo que, si bien el número de detenidas o perseguidas en Venezuela por motivos políticos es menor que el de hombres, probablemente es porque esto acarrea costos políticos y de reputación más elevados para el Gobierno.

Pero en este momento, que la líder de la oposición y ganadora de la elección Primaria de 2023, María Corina Machado, cuente con el mayor respaldo popular de cara a las presidenciales pautadas el 28 de julio y el gobernante Nicolás Maduro es candidato, «resultaría crucial enviar el mensaje de que cualquier individuo, incluso las mujeres, pueden ser objeto de criminalización», recalcó Reyes.

Esto cobra aún mayor simbolismo, especialmente porque Machado optó por otra mujer, Corina Yoris, para que la represente en la elección presidencial y en la boleta electoral, ya que el Gobierno no le permitió inscribirse por una inhabilitación.


Es alarmante que el Gobierno haya adoptado una tendencia sistemática a perseguir a venezolanas por motivos políticos

Alianza de Mujeres Políticas

Condena a la persecución

La Alianza de Mujeres Políticas es una de las organizaciones que condena la persecución de mujeres que trabajan en este ramo en Venezuela e insta a la defensa de los derechos fundamentales y a la promoción de la libertad para todas las personas. Por eso, considera alarmante que el Gobierno haya adoptado una tendencia sistemática al perseguir a venezolanas por motivos políticos.

De acuerdo con la organización, actualmente, 21 mujeres se encuentran detenidas injustamente por razones políticas. En un documento destaca que el 7 de diciembre la alianza advirtió que este escenario ocurriría y finalmente se consuma.


Puede resultar crucial para el Gobierno enviar el mensaje de que cualquier individuo, incluso las mujeres, pueden ser objeto de criminalización

Estefanía Reyes, politóloga

«Desde diciembre hemos elevado nuestra voz como coalición, contra la violencia y persecución política sistemática que enfrentan las mujeres líderes de Venezuela. Por lo tanto, reiteramos la necesidad de velar por las garantías mínimas para el desarrollo de un proceso electoral justo y que se redoblen los esfuerzos en la defensa de los derechos humanos», detalló la organización.

El equipo de la Alianza de Mujeres Políticas exhortó a la comunidad internacional a que solicite al Estado venezolano el cumplimiento del Acuerdo de Barbados y los mecanismos de entendimiento entre los sectores políticos que establecen la necesidad de respetar el Estado de derecho, acabar con la persecución y garantizar la seguridad de todas las personas independientemente de su género o afiliación política.

«La lucha por la justicia y la equidad no conoce fronteras y es crucial que defendamos los derechos de las mujeres y de todos los ciudadanos en Venezuela, en solidaridad con los que enfrentan la opresión», cierra el comunicado.


Reiteramos la necesidad de velar por las garantías mínimas para el desarrollo de un proceso electoral justo

Alianza de Mujeres Políticas

Tendencia de arrestar a mujeres

La directora de la organización Proyecto Mujeres, Estefanía Reyes, indicó que el aumento en la tendencia de arrestar a mujeres por motivos políticos alerta a las organizaciones de derechos humanos, ante las diversas formas de violencia política y hostigamiento que enfrentan las detenidas debido a su género.

Recordó que el último informe de la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela documentó 15 casos de violencia sexual y de género contra mujeres detenidas en 2020, en comparación con los 4 casos registrados contra hombres durante el mismo período.

En septiembre de 2023, la misión presentó el nuevo informe sobre la violación a derechos humanos en Venezuela. En el documento dejó constancia de al menos 9 muertes de opositores y líderes de la sociedad civil relacionadas con prácticas represivas, 14 desapariciones forzadas, 58 detenciones arbitrarias, 28 casos de tortura y 19 de violencia sexual y de género entre 2020 y 2023.


El aumento en la tendencia de arrestar a mujeres por motivos políticos alerta a las organizaciones de derechos humanos

Estefanía Reyes, politóloga

La misión mostró casos en los que se utilizó la violencia sexual como acto de tortura o tratos crueles, inhumanos y degradantes, poco tiempo después de la detención de la víctima. También detalló que la desnudez forzada, en las requisas físicas invasivas, está generalizada en el sistema penitenciario venezolano, lo que afecta a las mujeres de forma desproporcionada.

En el informe, se destaca el uso de insultos o amenazas basados en el género, una forma de trato humillante y degradante contra personas opositoras, o percibidas como tales, que se encuentran detenidas. Por ejemplo, las mujeres encarceladas han sido insultadas y etiquetadas «malas madres», «zorras» o «prostitutas». En un número desproporcionado de casos, en comparación con los hombres, las amenazas contra ellas giraban, generalmente, en torno a sus hijos y a lo que podría ocurrirles si no cooperaban.

De acuerdo con Estefanía Reyes, estas cifras subrayan el mayor riesgo que enfrentan las mujeres presas políticas en cuanto a sufrir violencia sexual. Aseguró que otras formas de violencia política basadas en el género: impedir el acceso a productos de gestión menstrual y atención médica en casos de embarazo e insultos sexistas y degradantes, también han sido documentadas por organismos internacionales y de la sociedad civil.


La lucha por la justicia y la equidad no conoce fronteras y es crucial que defendamos los derechos de las mujeres

Alianza de Mujeres Políticas

Así como las detenciones y persecuciones, desde el aparato comunicacional al servicio del oficialismo también hay estrategias de difamación contra activistas y políticas, ataques misóginos que buscan reforzar la imagen de que las mujeres tienen limitaciones para ejercer en política y que solo deben desempeñarse en otros espacios o roles.

Estos datos corresponden a un estudio de ProBox, un observatorio digital que analiza la conversación sociopolítica a través de las tendencias posicionadas en Twitter.

Entre enero de 2023 y enero de 2024, ProBox identificó 74.827 menciones de ataque de género hacia María Corina Machado, divididos en tres frentes principales: menosprecio de capacidades (67 %) alusiones al cuerpo (21 %) y sexualización (12 %).

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