Desprotegidos y sin beneficios: crisis económica también afectó las condiciones de trabajadores privados

Los trabajadores venezolanos deben aceptar condiciones laborales que se encuentran fuera de la legislación debido a la necesidad de aumentar sus ingresos. Tanto en el sector público como en el privado la práctica común es otorgar bonificaciones que no tienen incidencia salarial

La realidad laboral venezolana es tan diversa como la cantidad de empresas que existen y está afectada en todos los sectores por la crisis económica que atraviesa el país. Mientras que cada día más trabajadores públicos se suman a protestas en las que piden aumento salarial, mejores condiciones y la restitución de beneficios, como seguros médicos, primas y otras bonificaciones, en las compañías privadas los trabajadores consideran que su situación es mucho mejor. Sin embargo, la crisis condujo a que se perdieran beneficios y condiciones que los ponen en desventaja en comparación con años anteriores.

Bonificaciones en dólares sin incidencia salarial, contratos a corto plazo e incluso trabajos sin contratación ni beneficios de ningún tipo son parte de las condiciones que deben aceptar los trabajadores en el sector privado. Esto debido a que las remuneraciones superan por mucho al salario mínimo, aunque en la mayoría de los casos tampoco cubren la canasta alimentaria que, según el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM), superó en marzo los 500 dólares.

De acuerdo con los datos del Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF), las remuneraciones en el sector privado promediaron en marzo 141,8 dólares, mientras que las del público fueron de 35 dólares en promedio. Según los trabajadores consultados por El Pitazo, esta diferencia los obliga a aceptar condiciones que, en muchos casos, saben que están fuera de ley o no los benefician a mediano y largo plazo.

Con 25 años, María Pérez* tiene la experiencia de ambos sectores y pese a las críticas que puede tener sobre las empresas en las que ha laborado, prefiere trabajar en el sector privado, porque el ingreso es mayor. Esta joven destaca su paso por una cadena de tiendas del sector textil en la que fue vendedora por un año. Ahí solo podía tener un día libre a la semana y, según comenta, cada tres meses debía firmar un nuevo contrato que iba acompañado de la carta de retiro.

“Si ellos te quieren botar te dicen que ya habías firmado la carta (…) A nadie le gustaba firmarla, pero por las necesidades que cada uno tenía todos aceptábamos. No sé si alguien ha denunciado eso”, contó a El Pitazo. Agrega que después de un año otorgaban las vacaciones que eran, más bien, una forma de despido. “Dicen que eran vacaciones, pero te daban la liquidación y te mandaban para tu casa. Si ellos querían te volvían a contratar después”, afirmó.

Otra de las situaciones que se compara entre el sector público y privado está relacionada con los permisos, faltas justificadas y reposos. “Cuando yo estaba en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) podía ir a una consulta médica y no me descontaban el día. En el privado, cuando mi abuela falleció trabajé ese día completo, al otro día me dijeron que no fuera y el siguiente me correspondía el día libre, pero luego en la quincena me descontaron dos días y todas las divisas, y me pagaron todo en bolívares”, relató.

Circunstancias similares denuncia Vanessa Parra*, una trabajadora de 32 años que se desempeña como analista de compras en una empresa de manufactura del estado Aragua. Señala que su sueldo es el mínimo (130 bolívares) y le otorgan dos bonos al mes sin incidencia salarial. Además, relata que las vacaciones sólo las aprueban cuando los jefes lo consideran. “Tú las pides y debes esperar a ver si te las aprueban o no, pero es cuando ellos quieran”, indicó.

Con respecto al pago, Parra contó que hay trabajadores que tienen una bonificación fija calculada a la tasa del dólar, mientras que hay otros que dependen de la producción, en ese caso, el monto puede ser mayor o menor cada quincena. A ella también le cancelan cestatickets porque no tienen comedor, pero a otro grupo que sí cuenta con este beneficio no le pagan esta bonificación. Los cálculos de aguinaldos, bono vacacional y otros pagos se realizan en función del salario mínimo.

La experiencia de Carolina Gutiérrez* es totalmente diferente y positiva. Esta venezolana tiene 10 meses trabajando en el área de facturación de una empresa del sector turismo y asegura que en esta compañía se respetan las normativas legales. Además, considera que es una mejor opción, si lo compara con su empleo anterior, en una cadena de tiendas de cuidado personal.

“En tiendas se labora en horarios que terminan de noche e incluyen fines de semana, hay mucha más presión y, además, pagan mal. Aquí, por lo menos, es de lunes a viernes y hay un horario”, reconoció.

La informalidad laboral

El abogado Alejandro Di Silvestro, especialista en derecho laboral, considera que las condiciones que deben enfrentar los trabajadores del país se derivan de la situación económica que los arrastra a la economía informal. “Son condiciones de trabajo que no están bajo la regulación legal, porque la economía no tiene la capacidad de generar los recursos necesarios para cumplir con ese tipo de obligaciones”, apuntó en entrevista telefónica con El Pitazo.

En ese sentido, Di Silvestro explicó que el problema parte de una ley que no se sintoniza con la realidad económica del país. “El tema en Venezuela no es si la ley se incumple, sino la imperiosa necesidad de adecuar la legislación laboral a la realidad económica. La legislación actual no genera las condiciones propicias para incentivar el empleo formal. El mismo sistema lleva dinero al bolsillo de los trabajadores sacándolo de la fórmula de cálculo de beneficios que establece la Ley del Trabajo”, dijo en referencia a la reciente asignación del bono de Corresponsabilidad y Formación otorgado por el gobierno de Nicolás Maduro.

Señala que en una economía con los niveles de inflación que tiene Venezuela no se puede obligar a las empresas a asumir obligaciones que son indeterminables en el tiempo. “Cuando vamos a un sistema retroactivo de cálculo de la prestación social estamos caminando por un sendero de imprevisibilidad absoluta, ahí hay un absoluto impedimento al desarrollo del mercado de trabajo y lo que se fomenta es la informalidad”, expresó. Aseguró que más del 50 % de los ingresos que obtienen las personas se derivan de una actividad informal.

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Es el caso de Daniela Briceño*, para quien la situación no fue tan favorecedora en su anterior empleo, por lo que decidió trabajar de forma independiente. Durante 1 año y 3 meses esta joven se desempeñó como vendedora en un concesionario ubicado en Chacao; sin embargo, su ingreso fijo mensual era de 70 dólares, incluyendo un sueldo de 30 dólares al cambio y 40 dólares en efectivo, lo cual considera insuficiente para cubrir sus gastos básicos.

Adicionalmente, recibía comisiones por las ventas de vehículos, pero asegura que eran muy bajas, por lo que algunos meses no cobraba nada por este concepto. El pasado mes de marzo, tanto ella como su compañera del departamento de ventas decidieron renunciar y les sorprendió que les no pagaran liquidación. “Mi jefa me dijo que no nos correspondía nada porque nos liquidaron en diciembre. Es decir, que por los otros tres meses no nos pagaron nada. No nos dieron ni medio, ni siquiera 10 dólares”, dijo. Ahora se dedica a la venta de vehículos de forma independiente y aunque considera que tampoco es fácil porque hay cierto riesgo, tiene más libertad.

Desde Venezuela en empresas extranjeras

Esa misma informalidad que menciona el abogado Alejandro Di Silvestro alcanza a los venezolanos que desde el país prestan servicios para empresas en el exterior, en su mayoría bajo la modalidad freelance.

“Yo trabajo desde casa, el pago no es malo en comparación con las empresas de aquí, pero se va devaluando igual. Además, el día de mañana me pueden botar porque simplemente le caí mal a alguien o dije algo que no les gustó, y siento que el trato a los venezolanos no es el adecuado”, dijo un diseñador gráfico que labora en un medio internacional y prefirió no ser identificado.

Relató que debe trabajar obligatoriamente nueve horas al día, a dedicación exclusiva, cumpliendo la metodología de trabajo de una empresa extranjera, pero con un sueldo que ya es similar al que pagan en Venezuela. “Siento que se quieren aprovechar de la situación del país. El sueldo es mucho menor al mínimo que deben pagar en los países donde está ubicado el medio. Tampoco contamos con ningún tipo de beneficio”, contó.

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Ana Torres, otra de las personas consultadas por El Pitazo, comentó que recientemente la llamaron para trabajar desde Venezuela como asistente virtual para una compañía con sede en España. El horario debía adecuarse al de ese país, por lo que tenía que conectarse a las 3:00 am para iniciar la jornada y aunque las condiciones y tareas que debía cumplir eran las mismas que las de cualquier persona que teletrabaje en territorio español, el sueldo era de 300 dólares y no los 1.080 euros que establece la legislación de ese país como salario mínimo. “No es que sea malo, con ese sueldo puedo hacer mucho más que con uno de aquí, pero no me parece justo”, señaló.

Pese a sus experiencias, estos jóvenes saben que existen ofertas laborales desde el exterior que representan una oportunidad de desarrollo y crecimiento profesional aun desempeñándolas desde Venezuela, que van acompañadas de una remuneración competitiva, pero consideran que no son la mayoría, o al menos no en sus áreas.

“El mercado de trabajo es un mercado como cualquier otro, se cotizan las posiciones que son atractivas y son baratas las que no son atractivas”, dijo al respecto el especialista en derecho laboral.

Teletrabajo llegó para quedarse

El distanciamiento social y las medidas de bioseguridad aplicadas tras la llegada de la pandemia del COVID-19 modificaron, en gran medida, las dinámicas laborales mundiales, pero para algunos trabajadores resultaron más complicadas debido a lo que consideran abusos por parte de sus patronos.

El teletrabajo fue otra de las consecuencias del COVID-19, pero que llegó para quedarse. En muchas empresas la adoptaron como modalidad de trabajo y para los trabajadores consultados por El Pitazo, en algunos aspectos, representa una ventaja pues se reducen costos de traslado; sin embargo, es una modalidad que necesita ser regulada debido a que en muchas ocasiones parecen no quedar claras las condiciones en las que debe ejercer sus funciones y se cometen abusos relacionados con horarios o asignación de tareas.

El abogado Di Silvestro sugiere regulaciones similares a las adoptadas por otros países, como la determinación de días a la semana que la persona presta sus servicios de forma remota para entender que se trata de esta modalidad, y las obligaciones que se generan para el patrono, como costos de la mayor parte de gastos en los que incurre el trabajador por tener en su casa un sistema de internet, mobiliario de trabajo, etc. Sin embargo, insistió en que hay otros temas que deben ser discutidos con mayor prioridad ante una reforma laboral.

Mercado laboral en terapia intensiva

El secretario general de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), José Elías Torres, recordó que el país sufrió una caída sin precedentes de su producción interna, que implicó el desmontaje de la capacidad productiva con la destrucción de factores como inversión y empleo, y como consecuencia creció la precariedad del trabajo y se agudizó el deterioro de las condiciones de vida de todos los trabajadores.

“La distorsión de la moneda por la hiperinflación y las erráticas políticas económicas del gobierno (de Maduro) terminaron de agudizar la situación, y se amplió la desigualdad entre quienes reciben ingresos en dólares y quienes reciben bolívares”, dijo.

El dirigente sindical utiliza palabras como destrucción, pulverización, bonificación, precarización y desaparición para describir al salario de los trabajadores en los últimos 14 años, que condujo a la migración de millones de venezolanos. “La desalarización es el resultado de una política dirigida por el gobierno que coloca a los trabajadores venezolanos en las peores condiciones de vida que haya tenido que enfrentar en la historia contemporánea del país”, dijo al ser consultado por El Pitazo. En ese sentido, recordó que la meta de la lucha sindical no debe ser sólo un buen salario mínimo, pues este es sólo un valor referencial base para las remuneraciones.

El Pitazo contactó a Fedecámaras para conocer la visión de los empresarios en relación con la situación laboral el país y las prácticas que desde este organismo gremial impulsan para mejorar en la medida de lo posible las condiciones de sus colaboradores; sin embargo, no pudimos conversar con sus representantes.

Di Silvestro, por su parte, recordó lo complicado que resulta para los empresarios generar empleos en medio de situación económica del país y, en ese sentido, mencionó que hay obstáculos estructurales que deben ser revisados, como el sistema del cálculo de las prestaciones, porque la retroactividad establecida en la ley de 2012 implica para las empresas un gasto que no pueden anticipar. La inamovilidad laboral para todo tipo de trabajador es otro inconveniente para la generación de empleo, así como la falta de incentivos fiscales, apuntó.

“El mercado de trabajo está en terapia intensiva y, por ende, no pueden tener las mismas condiciones. Hay que darle un oxígeno a la generación de puestos de trabajo y a la capacidad de pago que debe tener el empleador para poder rescatar ese nivel de empleo que se requiere”, concluyó.

*Nombre ficticio a petición del entrevistado para evitar represalias en su puesto de trabajo