Ocho meses han transcurrido desde los apagones masivos que afectaron durante varios días a gran parte del país. Aunque el Gobierno de Nicolás Maduro ha intentado proteger a Caracas de la precariedad del servicio eléctrico, al occidente del país, los ciudadanos viven a media máquina por los constantes apagones
Durante el primer trimestre de 2019, la mayor parte de Venezuela experimentó el deterioro del Sistema Eléctrico Nacional (SEN). Dos apagones masivos, el primero el 7 de marzo, que se extendió por al menos seis días en más de 16 estados del país, y otro el 25 del mismo mes, dejó en evidencia la falta de mantenimiento en un sector cubierto por múltiples escándalos de corrupción.
Ocho meses después, el panorama no es diferente para los venezolanos. Fallas en subestaciones de energía, racionamientos y falta de respuesta gubernamental se han vuelto común en el día a día de los ciudadanos.
De acuerdo con un estudio de medición del Observatorio Venezolano de los Servicios Públicos (Ovsp), 50 % de la población padece por las fallas en el suministro eléctrico todos los días de la semana. De este porcentaje, 26 % se ve afectado varias veces al día. 22 % dijo que los cortes se producen de uno a tres días a la semana, mientras que 17 % reportó que casi nunca se vio afectado por apagones.
Las cifras arrojadas por la encuesta del observatorio indican que San Cristóbal y Maracaibo fueron las principales ciudades donde ocurren apagones todos los días, según 90,4 % y 89,1 % de las opiniones de sus ciudadanos, respectivamente. De hecho, son estas urbes son las que peor evalúan el servicio de energía eléctrica, pues solo 11 % considera positivo el suministro realizado por la empresa estatal Corpoelec.
En Caracas, 69 % de los encuestados ofrecieron una valoración favorable al SEN y manifestaron estar conformes con la prestación de este servicio.
El ingeniero y miembro de la sección de servicios públicos del Plan País, Manuel Guevara, apuntó que estos datos reflejan la realidad del sistema eléctrico. “Efectivamente en Caracas es donde el país tiene el mejor servicio de electricidad, porque es una decisión política del Gobierno para preservar a la capital de los racionamientos tan duros que sufren las ciudades del occidente del país”, señaló el experto en declaraciones a El Pitazo.
De acuerdo con estimaciones del Colegio de Ingenieros de Venezuela, el país cuenta con una capacidad instalada de energía de 34.000 megavatios (MW). De esta cifra, 15.000 megavatios corresponderían a plantas hidroeléctricas y 19.000 a plantas termoeléctricas, precisó Guevara. Pero esta proyección dista de la realidad que vive el sector.
Pese a que el Sistema Eléctrico Nacional posee más de 50 plantas termoeléctricas, la demanda del sector depende casi exclusivamente del desempeño de desarrollos hidroeléctricos ubicados en Guayana, estado Bolívar, correspondientes a los embalses de Caruachi, Las Macagua y el Guri.
“En esta época de diciembre la demanda baja porque no hay clases, cierran empresas, incluso algunas dejan de comprar equipos porque saben que no va a haber electricidad para hacerlas funcionar”, afirmó Guevara. Estimó que la demanda eléctrica nacional actualmente podría llegar a 12.000 megavatios, aunque Corpoelec solo cubre entre 9.000 y 11.000 Mw.
“Sin embargo, no toda esa capacidad de generación puede ser transportada al resto del país porque el sistema de transmisión tampoco está operando de manera satisfactoria. Esto es lo que ha obligado a que se establezcan racionamientos al centrooccidente del país, incluido los Andes y Falcón”, subrayó el ingeniero.
Proyecto CAF-Grupo de Boston
Ante este escenario, el Grupo de Boston, una plataforma de diputados opositores y chavistas, con el apoyo del Banco de Desarrollo de América Latina (antiguamente conocido como Corporación Andina de Fomento -CAF-) presentó un proyecto de financiamiento ante la Asamblea Nacional (AN) para ejecutar un plan que solvente en corto plazo las deficiencias del servicio eléctrico en Zulia, Caracas, los Andes y Nueva Esparta.
El proyecto, que contaría con el apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud), contempla una inversión de al menos 400 millones de dólares. En el Parlamento, diputados opositores han recibido la propuesta entre aceptación y sospecha.
El problema, asegura Manuel Guevara, es que “las soluciones que presenta este proyecto dependen de que exista garantía de combustible por parte de Pdvsa para las plantas termoeléctricas. Sin combustible no hay electricidad”.
El miembro del Plan País coincide en que, a pesar de que es necesaria la inversión en el sector eléctrico, esta debe priorizar la recuperación de la infraestructura existente, en vez de apostar por la compra de nuevos equipos o plantas de energía.
“Las soluciones de emergencia para el Zulia, para los Andes, son inevitables, siempre y cuando vayan acompañadas de la rehabilitación del SEN y la garantía del combustible para las termoeléctricas”, insistió.
Efectivamente en Caracas es donde el país tiene el mejor servicio de electricidad porque es una decisión política del Gobierno para preservar a la capital de los racionamientos tan duros que sufren las ciudades del occidente del país
Manuel Guevara, ingeniero y miembro de la sección de servicios públicos del Plan País
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