Caracas.– “Es muy muy peligroso y prácticamente es el cierre de cualquier espacio cívico”, dice tajante el exfiscal Zair Mundaray sobre el Proyecto de Ley contra el Fascismo, Neofascismo y Expresiones Similares, aprobada el pasado martes 2 de abril por la Asamblea Nacional chavista.
Se trata de un instrumento legal presentado por la vicepresidenta ejecutiva de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez. El instrumento, de acuerdo con el discurso de Rodríguez, busca dar respuesta a las expresiones de índole fascista que, según el chavismo, se han registrado en el país durante los últimos 25 años.
Según el exfiscal Mundaray y la ONG Un Mundo sin Mordaza, el mencionado proyecto de ley representa una nueva amenaza a la libertad de expresión de los venezolanos y generará más autocensura.
Mundaray explica que el contenido de esta ley, de 30 artículos, apunta a la opinión pública mediante los llamados crímenes de desacato.
“¿Qué son crímenes o delitos de desacato, que están en desuso en casi todas las legislaciones modernas del mundo? Son delitos a partir de la palabra, que esencialmente persiguen el pensamiento, es decir, no persiguen ninguna acción, sino las expresiones. Ellos hacen una valoración de las expresiones”, afirma el abogado en entrevista con El Pitazo.
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A juicio de Mundaray, el hecho de que se juzguen las expresiones es “sumamente grave”, pues esa valoración necesariamente la hace el grupo de poder, es decir, ellos deciden qué es fascismo ya que los conceptos establecidos en la ley son muy elásticos, se pueden estirar a conveniencia.
Durante la presentación del instrumento legal, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, dijo que esta ley es necesaria para debatir con los sectores opositores del país.
Contrariamente, Mundaray considera que lo que se pretende es acallar, en primer término, a esa disidencia, luego a las organizaciones no gubernamentales que trabajan con derechos humanos y hacen observaciones a violaciones de derechos, y finalmente a los medios de comunicación.
La ley da pie al cierre de medios
El exfiscal explica que esta ley afecta directamente a los medios debido a la responsabilidad que recae sobre ellos por declaraciones de terceros.
“En Venezuela se acabó la posibilidad de que los medios no sean responsables de lo que dice el emisor del mensaje, y esto es muy importante. Si tú haces una entrevista, pasa el medio a ser responsable de lo que dice el entrevistado, y allí se establece una responsabilidad de las personas jurídicas. Esto es muy grave porque ataca tanto a personas naturales como jurídicas”, precisa el experto.
Para el abogado, cualquier medio puede terminar extinguido a partir de esta ley. “Entonces, esto arropa a toda la sociedad, pero esencialmente a aquellos que por su actividad tienen que emitir opiniones que resulten incómodas para el régimen”.
En otras palabras, Mundaray señala que la ley no afectará a aquellos que se mantengan cómodos o no denuncien, discurran o contraríen lo que el régimen dice.
“Lo que habrá es una autocensura enorme. La gente va a evitar emitir opiniones respecto a casi cualquier asunto espinoso o que de alguna manera al régimen no le convenga, porque puede terminar catalogado de fascista”, apunta el entrevistado.
“Por ejemplo, alegar el artículo 333 de la Constitución o alguna fórmula de desobediencia llevaría a la cárcel de manera inmediata. Alguien que diga que hay una orden ilegal del régimen que no puede obedecer es catalogado como fascista”, agrega el analista.
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Contraria a los Derechos Humanos
A juicio del exfiscal Mundaray, el Proyecto de Ley contra el Fascismo, Neofascismo y otras Expresiones Similares contradice lo establecido en todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos.
“De hecho, la Corte Interamericana de Derechos Humanos plantea que todos los crímenes de desacato violan los derechos humanos fundamentales a la libre circulación de las ideas, a la libre expresión y a la libertad de información, porque lo primero que genera es autocensura”, refiere.
En ese sentido, el entrevistado considera que esta ley es una barbaridad y que incluso es contraria a la autodeterminación de la población y los aspectos relacionados con proyectos de vida y la dignidad humana.
¿Qué opciones les quedan a los venezolanos?
El proyecto de ley fue aprobado este martes en primera discusión, pese a que, advierte Mundaray, se trata de un texto que ni siquiera debió ser propuesto, ya que no se puede presentar una ley que castigue el pensamiento.
Frente a esto, una opción que tendrían los ciudadanos sería la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y denunciar la inconstitucionalidad de la ley; sin embargo, reconoce que eso sería una pérdida de tiempo.
“Habría que hacerlo, pero ya sabemos qué va a decir la Sala Constitucional, porque esto es un proyecto de Maduro, y todos los demás integrantes de su gobierno. Precisamente, en ese Tribunal Supremo obedecen las líneas que la dictadura venezolana les da”, asevera.
Para retrasar un poco la promulgación de esta ley, Mundaray llama a denunciar ante todos los organismos internacionales, incluida la Corte Penal Internacional (CPI), porque forma parte del esquema de persecución establecido en el Estatuto de Roma.
“Es muy importante visibilizar y además llevar la denuncia al sistema interamericano de justicia, independientemente de que el gobierno de Maduro no acate las decisiones, y seguir denunciando ante la Misión de Determinación de Hechos y ante Naciones Unidas”, concluye.
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