Desde el 20 de diciembre, cuando se produjo el canje del empresario colombiano Alex Saab, que involucró la excarcelación de ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela, el gobierno de Maduro retrasa el avance en puntos cruciales acordados en Barbados en el contexto electoral, mientras incluye en su estructura administrativa a Saab y ejecuta cambios en el Poder Judicial
Al cumplirse un mes del canje del empresario colombiano Alex Saab después de una negociación entre el gobierno de Nicolás Maduro y la administración del presidente estadounidense Joe Biden, el oficialismo apuesta por la desmoralización y desmovilización de la oposición mientras dilata ejecutar decisiones cruciales sobre garantías electorales tras el acuerdo de Barbados, según analistas consultados por El Pitazo.
Maduro anunció esta semana un nuevo movimiento dentro de su administración y no dejó por fuera a Saab, quien fue detenido en Cabo Verde en 2020 y luego extraditado a EE. UU., acusado de asociación ilícita para lavado de dinero en un plan vinculado con sobornos que involucra la desviación de 350 millones de dólares.
En el arranque de un año crucial para el rumbo político del país, el empresario barranquillero fue designado nuevo presidente del Centro Internacional de Inversión Productiva (CIIP) por Maduro, un organismo con el que el Gobierno aspira a «promover inversiones nacionales e internacionales» con la intención de proyectar estabilidad y oportunidades en una economía marcada por una profunda crisis en la última década.
«Alex Saab pasó 40 meses secuestrado, miembro plenipotenciario de nuestra comisión de diálogo (…) Anuncio el nombramiento de Alex Saab: nuevo presidente del Centro de Inversiones Productivas, para que él, con su experiencia, ayude a nuestro país a traer las inversiones y las fuerzas económicas del mundo», anunció el gobernante en la presentación de su memoria y cuenta ante la Asamblea Nacional oficialista electa en 2020.
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Antes de anunciar la designación de Saab, Maduro se refirió a cuatro supuestas conspiraciones que su administración desmanteló en 2023 y que conformaban una estrategia de lo que llama la «extrema derecha», en medio de los diversos intentos por retomar la negociación congelada en México desde finales de 2022 y que el oficialismo y la oposición mayoritaria en torno a la Plataforma Unitaria Democrática revivieron en Barbados en 2023, días antes de la elección Primaria del 22 de octubre.
«Las jugadas están dirigidas a activar un proceso de desmoralización de los factores de oposición. Empieza por el desconocimiento de la Primaria, un proceso sobre el cual el régimen no tenía nada que decir ni hacer, y sigue con el asunto de dilatar una decisión con respecto al caso de María Corina Machado», explica a El Pitazo, vía telefónica, el analista y consultor en opinión pública y campañas electorales José Vicente Carrasquero.
La ruta desde Barbados
Con la formalización de su segundo cargo dentro del esquema gubernamental del oficialismo, luego de su nombramiento como «enviado especial» y «diplomático» tras su detención en Cabo Verde, Saab se afianza en su retorno a Venezuela como una figura relevante para la administración de Maduro en el contexto electoral de 2024.
El canje de Saab, de acuerdo con la analista y consultora Eglée González Lobato, es un aspecto de relevancia que denota también la dinámica de la negociación directa entre el oficialismo y la Casa Blanca.
«Hay unas conversaciones entre el gobierno de Maduro y Estados Unidos en las que, a diferencia de Barbados, no existe memorando de entendimiento en el que las partes acuerden la ruta de esa negociación; eso se ha dejado a criterio de la representación de ambos países. La liberación de Alex Saab, que era una petición del gobierno de Maduro, era importante dentro de su cuadro para ganar una elección porque es útil desde el punto de vista económico», explicó González Lobato.
Tras el canje que involucró al empresario colombiano, Maduro reveló y resaltó en Miraflores, el 20 de diciembre, la mediación amplia que en la negociación con la Casa Blanca protagonizó Catar. Carrasquero considera que, pese a que no se registra por ahora un avance en los puntos suscritos en Barbados, ese acuerdo representa un «cierre definitivo de un proceso de negociación».
«Todo lo que había que negociar ya estaba incluido en ese acuerdo. Detrás de ese documento que se firmó el 17 de octubre tiene que haber otros memorandos de entendimiento en los que ya todo está acordado: desde la liberación de Alex Saab hasta la habilitación de María Corina Machado. El régimen, con la falta de escrúpulos que lo caracteriza, trata de hacer ver que ellos son los que, de alguna manera, determinan cómo van a ser las cosas. En ese sentido, dilatan las decisiones», apuntó Carrasquero.
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Tras su nombramiento como nuevo presidente del CIIP, Saab publicó en su cuenta de la plataforma X (antes Twitter) una foto de su encuentro con el embajador de Catar en Venezuela, con el objetivo de «revisar en conjunto diversos temas productivos para reforzar los lazos de reciprocidad entre ambas naciones», según detalló el empresario colombiano.
Negociación y movimientos
Junto con el nombramiento de Saab, el oficialismo ejecutó otro movimiento que también incide en el contexto de la negociación: la designación de una nueva presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el máximo tribunal del país que ahora preside Caryslia Rodríguez, una de las magistradas con abierta militancia en el PSUV y quien estuvo al frente de la Sala Electoral, dependencia responsable del recurso judicial contra la Primaria.
«La apuesta del Gobierno es ganar tiempo mientras se avanza en la negociación, lograr más beneficios y, a la par, generar elementos que desmotiven el voto, tales como este nombramiento del TSJ o la no publicación de resultados del referendo del 3 de diciembre por el CNE», apuntó a El Pitazo, vía telefónica, el politólogo y docente universitario Jesús Castellanos.
La designación de la nueva presidenta del TSJ, en un contexto de medidas gubernamentales que involucran también a una figura como Saab, se suma al retraso de la Sala Político Administrativa del TSJ, la dependencia escogida por el oficialismo en el procedimiento, acordado en Barbados, para revisar las inhabilitaciones que impuso la Contraloría a opositores.
Castellanos agrega que la apuesta gubernamental, en el ámbito de una negociación con línea directa entre la Casa Blanca y la administración de Maduro —de la que es más lo que se desconoce— implica también para el oficialismo ganar tiempo.
«Es más lo que desconocemos de la negociación. Las acciones del régimen y de María Corina Machado parecieran dar cuenta de ello. El Gobierno aún no anuncia fecha de la elección ni decide la respuesta a la inhabilitación de María Corina Machado, quien se muestra centrada en la ruta electoral, no confrontando, recorriendo el país y construyendo su tejido de campaña. Todo responde, principalmente, a manejos en el marco de la negociación», añadió Castellanos.
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