Caracas.- La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó trasladar desde Aragua a Caracas el proceso judicial abierto contra cuatro exdirectivos de Pdvsa Gas Comunal acusados de corrupción.
Los cuatro procesados son Jacob Rafael Grey Varela, quien era el presidente de la empresa distribuidora del gas comunal, y los exgerentes de plantas Yhoandry José Guevara Álvarez, Oriana Alejandra Betancourt Corales y Eder Alexis Dugarte. Por este caso también es procesado Adán Felipe Contreras Freite, propietario del galpón Maracay Gas 2020 donde vendía bombonas de gas en dólares, según la Fiscalía.
Estas personas fueron capturadas en febrero pasado por funcionarios adscritos a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y presentadas ante el Tribunal 7° de Control de Aragua donde el Ministerio Público les imputó corrupción propia, especulación, boicot y desestabilización a la economía, entre otros delitos.
Al mes siguiente, el Ministerio Público (MP) solicitó al TSJ radicar en otra entidad el proceso penal iniciado en Aragua contra los exdirectivos de Pdvsa Gas Comunal, bajo el argumento de que los delitos implicados son de naturaleza grave y es necesario mantener el juicio “lejos de cualquier perturbación que pudieran incidir en el desenvolvimiento del proceso”.
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De acuerdo con la sentencia N° 30 del TSJ, el fiscal consignó un extracto de los hechos investigados y describió el desenvolvimiento de “mafias inescrupulosas” dentro de Pdvsa Gas Comunal ejecutoras del “desvió, venta y distribución ilícita de gas licuado de petróleo a nivel nacional, el cual está siendo revendido en divisas por empresas y/o personas dedicadas al comercio especulativo”.
Los magistrados analizaron el planteamiento del Ministerio Público y determinaron que los delitos imputados a exdirectivos de la empresa estatal “son considerados como graves por su naturaleza y por atentar contra el Estado venezolano, generando una conmoción social”, dice el TSJ en su sentencia.
La Sala Penal concluyó que los soportes consignados por la Fiscalía, “demuestran la existencia de un obstáculo ostensible para el adecuado desenvolvimiento del juicio en el circuito judicial penal donde (actualmente) se desarrolla”.
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