Puerto Ayacucho.- Luego de registrarse una protesta que pasó a una huelga de sangre el pasado viernes 5 de abril, los 15 ciudadanos que permanecían detenidos en el Destacamento de Seguridad Urbana (Desur) por estar involucrados en las manifestaciones del 23 de enero en Puerto Ayacucho, fueron declarados inocentes y puestos en libertad, tras una decisión del tribunal al comprobarse que no tenían relación con tales hechos violentos.
La información fue suministrada a El Pitazo por María Daniela Maldonado, defensora Delegada del Pueblo en el estado Amazonas, quien indicó que este grupo de 15 amazonenses, entre ellos 10 indígenas, fueron declarados inocentes y en libertad plena sin ninguna restricción de parte de la juez de Primera Instancia Segunda de Control en la entidad amazonense, Dayana Matera.
Maldonado detalló que la misma funcionaria fue la que les dictó la privativa de libertad y en esta última audiencia tomó tal decisión, luego de verificar las pruebas y argumentos de los abogados de la defensa, en conjunto con la Defensoría del Pueblo, que señalaron que hubo irregularidades en las actas e incongruencias, además de poseer tachaduras, lo que causó la nulidad del caso y la poca veracidad desde el punto de vista legal.
La defensora de pueblo destacó que estos 15 ciudadanos estuvieron privados de libertad durante 78 días en el Desur, ubicado en el Comando de Zona 63 de la Guardia Nacional en la avenida del mismo nombre, bajo condiciones extremas e inhumanas porque dormían en el suelo, completamente incomunicados porque no podían ver y mucho menos hablar con sus familiares.
LEE TAMBIÉN:
EN LIBERTAD CONDICIONAL TRES DETENIDOS EN APURE DURANTE PROTESTAS POR APAGÓN
“La audiencia estaba retrasada y tuvieron que acelerarla por la protesta que realizaron los detenidos, que pasó a una huelga de sangre, donde se autoinfligieron cortadas largas y profundas en las piernas y otras partes del cuerpo. Estaban cansados de estar encerrados, eran inocentes como se pudo comprobar. Varios alegaron que no aguantaban los maltratos a los cuales eran sometidos de parte de los custodios que eran los mismos guardias nacionales”, aseguró.
Asimismo declaró que las detenciones, acusaciones y los delitos con los que se señalaron a estas personas fueron injustos y que de acuerdo con lo que establece la legislación venezolana, debería exigirse una indemnización de parte de los familiares por violación de los derechos humanos y por todo el tiempo que tuvieron encerrados sin tener nada que ver con los delitos que se les imputo.
Exhaustiva investigación
María Daniela Maldonado hizo énfasis al sufrimiento que pasaron los familiares, por lo que exigió públicamente que las investigaciones deben continuar para que todo se pueda aclarar y así lograr detener a los verdaderos responsables de los hechos violentos y muertes que enlutaron al pueblo amazonense el 23 de enero, día que marcó la historia del estado, primera vez visto en la capital de la región durante todos sus años de fundación.
Miles de venezolanos en las zonas más desconectadas del país visitan El Pitazo para conseguir información indispensable en su día a día. Para ellos somos la única fuente de noticias verificadas y sin parcialidades políticas.
Sostener la operación de este medio de comunicación independiente es cada vez más caro y difícil. Por eso te pedimos que nos envíes un aporte para financiar nuestra labor: no cobramos por informar, pero apostamos porque los lectores vean el valor de nuestro trabajo y hagan una contribución económica que es cada vez más necesaria.
HAZ TU APORTE
