Caracas.- La abogada y defensora de los derechos humanos Rocío San Miguel no pudo conemorar el Día de la Mujer en libertad. La activista cumple este 9 de marzo un mes detenida en El Helicoide por el gobierno de Maduro. La Fiscalía General de la República la acusa de participar en un plan de magnicidio contra el gobernante venezolano. Sin embargo, diferentes ONG catalogan de injusta esta detención.
Según las cifras que maneja la ONG Foro Penal, 19 mujeres están presas en Venezuela por motivos políticos, entre ellas San Miguel, quien fue detenida la madrugada del 9 de febrero junto a su hija y 4 familiares en el aeropuerto de Maiquetía. Su hija y 3 de sus familiares fueron liberados, pero ella y su exesposo Alejandro González aún están detenidos.
La ONG Provea denunció que la abogada fue víctima de desaparición forzada por más de tres días. Revelaron que hasta este 8 de marzo no le han permitido tener asistencia legal de abogados privados.
Abogado Joel García: “Rocío San Miguel está en estado de indefensión e incomunicación”
«Hoy el gobierno de Maduro la acusa de ‘Terrorismo’ y ‘Traición a la patria’ por su trabajo como defensora frente a su organización Control Ciudadano, donde Rocío documentaba, investigaba e informaba sobre defensa, soberanía nacional y temas militares», publicó este 8 de marzo Provea en su cuenta de X.
Asimismo, Provea reveló que el sitio de reclusión de San Miguel es El Helicoide, centro que varios expresos políticos han denunciado como un lugar de torturas. Mientras, González está detenido en el Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) de Boleíta.
¿Quién es Rocío San Miguel?
Rocío San Miguel es abogada, activista de derechos humanos y preside la ONG Control Ciudadano. Desde 2012 San Miguel y su hija tienen medidas cautelares de protección de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por ataques en su contra y hostigamiento.
San Miguel ha denunciado en instancias internacionales las políticas de discriminación, persecución y restricción de libertades por razones ideológicas que usa el Estado venezolano. Además, fue una de las que promovió la denuncia por discriminación política de empleados de la Administración pública en sus lugares de trabajo ante la CIDH por la lista Tascón, que contenía la identidad de las personas que solicitaban revocar en 2004 el mandato del entonces presidente, Hugo Chávez.
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