Caracas.- Los constantes ataques y la represión generalizada por parte del gobierno de Nicolás Maduro contra las personas percibidas como opositoras continúan. Las autoridades policiales y militares venezolanas privan de libertad a los actores de la sociedad civil por motivos políticos.
Amnistía Internacional denunció en junio el repunte de las detenciones arbitrarias para reprimir a la disidencia en Venezuela. En su informe, indicó que personas involucradas en protesta social, pueblos indígenas y otros activistas han sido sometidos a violaciones de derechos humanos para silenciarlos y reprimirlos.
La ONG Provea exige cumplir con la Constitución y el Código Orgánico Procesal Penal y no tolerar la detención de una persona que no se encuentre en delito flagrante o que no tenga en su contra una orden judicial previa que ordene su aprehensión.
Detenciones mes a mes
En lo que va de año, según un recuento de casos realizado por El Pitazo, se han contabilizado más de 90 detenidos:
Enero
Cientos de obreros de las otras empresas básicas, Alcasa, Venalum, Ferrominera, Maderas del Orinoco, jubilados y ciudadanos, salieron a protestar a principios de enero de este año por la dolarización de los salarios.
Durante los días de manifestación, el Gobierno envió a la Dgcim, el Sebin y otros componentes militares a arremeter contra los trabajadores. De acuerdo con Infobae, en ese momento fueron detenidos 18 y otros amenazados.
Febrero
A mediados de febrero, un miembro de la Unidad Nacional de Acción social, sindical y gremial del estado Zulia (Unassg) rechazó y exigió la liberación de los adultos mayores William Echarry y Ramón Blanco, de 70 y 65 años, respectivamente, detenidos el 12 de febrero por colocar unas pancartas con los mensajes «Fuera Maduro» y «Pensionados morimos de hambre», a manera de protesta, en una pasarela peatonal del estado Vargas.
La Unassg aseguró que estos adultos mayores protestaban para exigir una pensión y un salario dignos y que no violaban la Constitución de Venezuela.
Por otra parte, seis caficultores fueron detenidos el 24 de febrero por funcionarios de la Policía de Lara y presentados en tribunales acusados por obstrucción de vías públicas y violencia privada.
Los detenidos residen en el municipio Andrés Eloy Blanco del estado Lara, región cafetalera. La Unión Nacional de Caficultores (Unacaf), a través de sus voceros, insiste en que el delito fue salir a las calles a protestar por precios justos.
Marzo
Unos 27 obreros quedaron detenidos por el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas), el 11 de marzo, en una constructora de Santa Rita, estado Zulia, acusados de tráfico de material estratégico y señalados como miembros de la banda “los Oxicortes”. Sus familiares protestaron el 13 de abril para exigir su liberación.
Junio
Las protestas por reivindicaciones salariales arreciaron durante junio en el polo minero de Bolívar. Los sindicalistas de la Siderúrgica del Orinoco (Sidor), Leandro Azócar, Juan Cabrera y Daniel Romero, fueron detenidos por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), informó la ONG Provea.
En junio se conoció que desde enero se contaban 22 trabajadores detenidos en esas manifestaciones. La organización indicó en ese momento que varios quedaron en libertad condicional y régimen de presentación mensual en tribunales.
En Trujillo, específicamente en Valera, la ciudadana Mariana Barreto Falcón fue detenida el 14 de junio porque denunció irregularidades en el suministro de gasolina en una estación de servicio que pertenece a su familia, según una reseña de Espacio Público.
En Mérida, el 18 de junio, también fue detenido el productor agropecuario Ysnet Rodríguez, luego de que se viralizara un video en el que arrojaba alimentos a un río, en protesta por no conseguir combustible para trasladar y vender la mercancía desde las zonas productoras.
Dos días después, fue detenido un segundo agricultor por la misma razón. Jhojan Barazarte fue acusado de boicot por la Fiscalía al protestar por la escasez de gasolina y lanzar al río una cosecha de tomates, en la población de Las Adjuntas, municipio Carache, de Trujillo.
Julio
Desde la semana pasada, los defensores de los derechos de la comunidad LGTBIQ+ protestan en la sede del Palacio de Justicia de Valencia, estado Carabobo, contra el arresto de 33 personas durante un allanamiento a un recinto frecuentado por la comunidad gay.
La mayoría ya está libre, aunque con régimen de presentación, pero tres permanecen detenidos: el dueño y dos trabajadores del local.
El allanamiento, que se realizó sin orden judicial, resultó en la acusación de los detenidos por los cargos de ultraje al pudor, pese a que no se encontraban en un lugar público, y contaminación sónica.
Por otra parte, seis sindicalistas detenidos en 2022 fueron condenados el 1 de agosto a 16 años de prisión por conspiración y asociación para delinquir, denunciaron varias ONG locales, que rechazan este hecho y lo califican de persecución política.
Las organizaciones recordaron que las detenciones se produjeron después de que encabezaran protestas callejeras para exigir salarios dignos y mejoras laborales.
Aumentaron protestas en primer semestre de 2023
El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) informó el 29 y 30 de julio que en el país ocurrieron 4.351 protestas entre enero y junio de este año, lo que representa un incremento de 11,79 % en comparación con el mismo período de 2022, cuando se contabilizaron 3.892 manifestaciones.
Los estados que lideraron el índice de protestas durante el primer semestre fueron Bolívar (453), Anzoátegui (402), Sucre (333), Mérida (320) y Lara (261). Las regiones que registraron menos protestas: Amazonas (42) y Apure (47), según la ONG, que también documentó 95 manifestaciones reprimidas en 19 regiones del país, con un saldo de 14 detenidos y 8 heridos.
Con información de archivos de El Pitazo
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