Caracas.- El gobierno de Maduro sigue cometiendo violaciones de derechos humanos (DD. HH.) y algunas de ellas constituyen crímenes de lesa humanidad, concluyeron los representantes de misiones diplomáticas y organizaciones que participaron en la última sesión de la Corte Penal Internacional (CPI) en la que se abordó el caso Venezuela.
El pasado 1 de marzo, la CPI autorizó reanudar investigaciones por crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Desde entonces diversos representantes de la Unión Europea y de varios países, como Ecuador, Canadá, Nueva Zelanda, Chile, Ucrania, Argentina, Estados Unidos y Suiza, han levantado la voz sobre casos que constituyen violaciones de derechos humanos y acciones que son contrarias a los principios democráticos que establece la Constitución.
Además de condenar el encarcelamiento de la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel, cuestionaron que continúa la detención selectiva de personas opositoras presuntamente vinculadas a la llamada Operación Brazalete Blanco.
Los representantes coinciden en que el espacio de la sociedad civil continúa reduciéndose con diversas prácticas, como la opresión a la disidencia. «Las autoridades invocan conspiraciones, reales o ficticias, para amedrentar, detener y procesar a personas opositoras o críticas del Gobierno», señala la presidenta de la Misión Internacional de Determinación de los Hechos (FMM, por sus siglas en inglés), Marta Valiñas.
Valiñas recordó además que en marzo de 2020 la llamada Furia Bolivariana se tradujo en actos de hostigamiento y ataques contra personas de la oposición.
Los portavoces consideran preocupantes las detenciones de militantes de partidos y defensores de derechos humanos, así como la expulsión del personal de la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Venezuela: «Se trata de un paso hacia atrás de las autoridades que socava los derechos humanos», dijo el representante de Estados Unidos.
En ese sentido, los delegados instan al gobierno de Maduro a cesar la «represión política en cuso, persecución orientada y ataques contra el espacio cívico».
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Francisco Cox, miembro de la Misión Internacional de Determinación de los Hechos, resalta que un elemento básico en democracia es que no se escogen a los contrincantes de una contienda electoral. La presidenta de esta misión también destaca el nivel violento de represión en el que se encuentra el país.
Las representantes de Canadá y Suiza manifestaron su preocupación por casos de desaparición forzada de líderes de oposición y defensores de derechos humanos, como Rocío San Miguel y sus familiares, así como la de Javier Tarazona.
Los representantes rechazan los actos de represión para silenciar críticas a quienes son percibidos como opositores y manifestaron su preocupación por estas formas de represión, especialmente en un período que antecede a un proceso electoral.
La investigación en la CPI
La Fiscalía de la CPI anunció la apertura de la investigación en noviembre de 2021 sobre detenciones ilegales, torturas, desapariciones forzadas y persecución sistemática. Sin embargo, en abril de 2022 la investigación se detuvo debido a una solicitud de inhibición presentada por el gobierno de Nicolás Maduro, alegando que ya se realizaban actuaciones nacionales.
La Sala de Cuestiones Preliminares I autorizó la reanudación de la investigación en junio de 2023, después de determinar que las actuaciones nacionales de Venezuela no eran genuinas ni abarcaban todos los delitos investigados en La Haya, por lo cual Maduro apeló esta decisión.
El pasado 1 de marzo la Sala de Apelaciones de la CPI autorizó por unanimidad al fiscal Karim Khan a reanudar las investigaciones sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
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