Caracas.- Familiares de manifestantes asesinados en las protestas antigubernamentales de 2017, así como de víctimas de ejecuciones por parte de las fuerzas armadas y policiales del Estado, exigieron una vez más a la Fiscalía General de la República que ejecute investigaciones genuinas sobre los autores materiales y las cadenas de mando de las personas con responsabilidad en las más de 140 muertes registradas en 2017 en diversas entidades del país.
En una protesta frente a la sede del Ministerio Público en Caracas, parientes de las víctimas, miembros de la Alianza de Familiares de Víctimas en Venezuela (Alfavic-Vzla), en compañía de varias ONG, entregaron un documento dirigido al fiscal general de la República, Tarek William Saab. Mediante este instaron al titular de la acción penal a actuar «con la debida diligencia para que los crímenes perpetrados no queden impunes».
«Como víctimas tenemos el derecho de exigir resultados efectivos en el menor tiempo posible y reclamamos que, en el marco del acuerdo con la Corte Penal Internacional y aplicando el principio de complementariedad, sea la estructura del sistema de Justicia nacional que cumpla con los mandatos establecidos en la Constitución y la ley para garantizar justicia, evitar impunidad y otorgar las reparaciones correspondientes», se lee en el documento que entregaron en la Fiscalía.
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Contra la impunidad
La vocera de Alfavic-Vzla, Olga González, destacó que al cumplirse seis años de la muerte de manifestantes en diversas localidades del país, no existe investigación alguna sobre las cadenas de mando en los cuerpos de seguridad involucrados en los hechos de represión durante 2017.
«No ha habido una sola investigación de las cadenas de mando en seis años (…) aquí estamos personas de Lara, Monagas, Bolívar, Carabobo y Caracas, entre otros estados», dijo González.
El documento que consignaron los familiares de manifestantes asesinados y víctimas de ejecuciones en 2017 detalla que existen por lo menos nueve casos en los que por más de seis años no ha habido imputados y tampoco alguna acción genuina del Ministerio Público para determinar la responsabilidad en los asesinatos.
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De acuerdo con la ONG Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), 143 personas murieron en las protestas antigubernamentales en 2017 y 3.802 resultaron heridas por el uso excesivo de la fuerza por parte de funcionarios y agentes de cuerpos de seguridad del Estado.
Confianza en investigación de la CPI
Los familiares de víctimas de la represión gubernamental en las protestas de 2017 reafirmaron su confianza en la labor de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), instancia que espera por la autorización del jurado para reanudar la investigación por el caso Venezuela I.
La Fiscalía de la CPI considera que en Venezuela se cometieron crímenes de lesa humanidad en el contexto de las protestas antigubernamentales al menos desde 2017.
«La fe nuestra está puesta en los organismos internacionales. Hemos visto cómo en Venezuela, en estos seis años, no hay voluntad de hacer justicia», dijo Iván Urbina, padre de Fabián Urbina Barrios, de 17 años, quien murió el 19 de junio de 2017 por el disparo de un efectivo de la Guardia Nacional (GN).
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El martes, 26 de abril, se cumplieron seis años de la muerte de Juan Pablo Pernalete, estudiante de la Universidad Metropolitana (Unimet), quien murió por el impacto de una bomba lacrimógena que fue disparada contra su pecho por un efectivo de la GN.
«Hoy Juan Pablo cumple seis años de asesinado por un Guardia Nacional, al igual que los casos de cientos de jóvenes venezolanos que salieron a manifestar pacíficamente en 2017 y que la mayoría se encuentra en absoluta impunidad. No hay justicia ni verdad sobre los hechos (…) por eso pedimos a la Corte Penal Internacional que continúe la investigación y como víctimas levantamos la voz ante ese sistema de justicia», resaltó la madre de Juan Pablo Pernalete, Elvira Pernalete.
Incumplimiento gubernamental
El 24 de abril, el jefe de la delegación negociadora del oficialismo, Jorge Rodríguez, incluyó entre las condiciones para el retorno del Gobierno a la negociación en México la paralización de la investigación de la CPI.
El coordinador de exigibilidad de Provea, Marino Alvarado, destacó que la CPI es una instancia independiente y con autonomía, por lo que no será posible paralizar la investigación por el caso Venezuela I sobre crímenes de lesa humanidad cometidos en el país.
«La Corte Penal Internacional es un organismo independiente. La cúpula gobernante en Venezuela se acostumbró a manejar el Tribunal Supremo de Justicia a su antojo, pero la CPI es autónoma», advirtió Alvarado.
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La vocera de Alfavic-Vzla resaltó que, ante el planteamiento de Rodríguez, la justicia no se negocia. «Quiero regresar la fe a todos los venezolanos, porque hemos llevado a la CPI, que es autónoma e independiente, todas nuestras denuncias sustentadas con pruebas».
El miembro de la ONG Provea resaltó el incumplimiento del Memorando de Entendimiento con la CPI por parte del gobierno de Maduro.
«Hasta ahora no hay ningún avance en las investigaciones. No están cumpliendo el Memorándum de Entendimiento con el fiscal Karim Khan. Desde las organizaciones de derechos humanos estaremos acompañando a las víctimas para que exijan justicia y sigan presentando sus casos (…) el país está cansado de la impunidad», concluyó Alvarado.
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