Caracas.- Desde hace cuatro semanas el chavismo ocupa sus curules en la Asamblea Nacional, demanda quórum y se queda sin argumentos cuando la bancada opositora los acusa de ser responsables de la crisis humanitaria, de la pulverización del salario mínimo, de la migración forzada o de la destrucción de la universidad venezolana.
Aunque no votan en los acuerdos, ni a favor ni en contra, los diputados oficialistas participan en los debates que entran en la agenda de cada sesión, como parte de un proceso de diálogo que estableció Maduro con cuatro partidos minoritarios. La sesión de este martes 15 de octubre no fue la excepción: para exculpar a su gobierno de la migración forzada, acusaron al ex jefe del parlamento Julio Borges del desplazamiento de más de cuatro millones de venezolanos y aseguraron que con el nuevo salario de 300.000 bolívares los trabajadores pueden adquirir todos los productos de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap) y «mucho más de lo que antes se podía».
Por haber perdido su condición de diputado al aceptar un cargo público en 2017, Francisco Torrealba no puede ejercer derecho de palabra en la sesión. Sin embargo, desde el jardín del Palacio Federal Legislativo dijo que la misión del chavismo es «derrotar a los que impulsan el bloqueo y la guerra económica que ha destruido el salario». Para Torrealba, el casi inexistente poder adquisitivo tiene su raíz en un plan desestabilizador y no en las políticas económicas implementadas por el chavismo y madurismo.
«Salieron huyendo del bloqueo»
Después de 30 meses de ausencia, la diputada de Patria Para Todos Ilenia Medina regresó a su lugar de trabajo y debutó preguntando la razón de la migración forzada. «Maduro», fue la respuesta unísona de la bancada opositora, que Medina no tomó en cuenta porque considera que el origen del desplazamiento está en un «plan inducido» por la oposición.
«Los venezolanos salieron huyendo del bloqueo, no de Nicolás Maduro», exclamó Mariana Lerín, otra diputada oficialista. Sin embargo, la parlamentaria Arkiely Perfecto, exdirigente de Tupamaro y ahora miembro de la fracción opositora Encuentro por Venezuela, difundió un video en el que los migrantes venezolanos señalaban que la falta de alimentos y medicinas era una de las razones por la que se veían obligados a salir. Fue en 2013 cuando comenzó a acentuarse el desabastecimiento de productos de primera necesidad, cuatro años antes de la primera sanción impuesta por Estados Unidos.
La bancada del Polo Patriótico le gritaba que era una traidora, pero ella contestó: «Son buenos defendiendo al pueblo con la boca, pero lo matan de hambre con los hechos. Esos son los traidores».
En este punto, el parlamento acordó declarar refugiados a todos los emigrantes venezolanos, de acuerdo con la Declaración de Cartagena de 1984.
¿Y los hijos de Torrealba?
El sector universitario ejerció un derecho de palabra para exponer las irregularidades de la sentencia n°0324 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que ordena a la Universidad Central Venezuela hacer elecciones en seis meses, violando la autonomía que le confiere el artículo 109 de la Constitución.
«¡Qué bueno que está aquí Hugbel Roa! Hasta hace poco estuvo en el Ministerio de Educación Universitaria, que le quedó muy grande (…) Señor Torrealba, ¿por qué no tiene a sus hijos estudiando en una universidad pública, con una beca de 700 bolívares?», le preguntó el dirigente estudiantil Jesús Mendoza al ex ministro del Trabajo, quien solo sonrió frente a su planteamiento.
Los parlamentarios opositores desconocieron la sentencia y ratificaron que corresponde a las universidades escoger su gobierno bajo sus propios reglamentos. La AN decidió conformar una comisión especial entre universitarios y diputados que en el lapso de un mes presenten una propuesta para ayudar a fortalecer la labor académica, enfrentar «cualquier arremetida» y revisar el marco jurídico de las universidades.
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Bonos ilegales
En el tercer punto del orden del día de la sesión se aprobó un acuerdo ratificando la nulidad de la emisión del bono Pdvsa 2020, que entregaba la garantía de la mitad de Citgo Holding INC, sin consentimiento de la Asamblea Nacional, como lo ordena el artículo 150 de la Constitución.
En mayo de este año, luego de que la administración de Juan Guaidó tomara el control de Citgo, la Asamblea autorizó cancelar 71 millones de dólares de intereses a los tenedores de bono, acción que fue cuestionada por el chavismo. Este martes, Julio Chávez, de la bancada oficialista, recriminó a la oposición y preguntó por qué no se dio ese dinero para pagar el convenio que tenía Pdvsa con la Fundación para el Trasplante de Médula Ósea, de origen italiano. «Íbamos a perder Citgo», le respondió el diputado Elías Matta.
En enero de 2018, es decir, un año antes de las sanciones estadounidenses sobre Pdvsa, el Estado dejó de pagar a la fundación italiana por considerar irregularidades en la partida y hoy la deuda llega a 10 millones de euros.
Por otra parte, se autorizó a Guaidó, presidente del Poder Legislativo y encargado de la República, para designar a Miguel Sosa, Javier Rodríguez, Javier Linares, Guillermo Benzecry y Luis Eduardo Giusti como miembros de la junta administradora ad hoc de la Corporación Venezolana de Petróleo, quienes deberán rendir cuenta a Pdvsa cada tres meses. Desde enero de este año, Guaidó ha nombrado de forma transitoria a autoridades de Pdvsa y filiales como parte del proceso del rescate de las instituciones, previsto en el estatuto que rige la transición a la democracia.
Al inicio de la sesión, la junta directiva juramentó a Zandra Castillo Pérez, quien resultó electa por el Gran Polo Patriótico. Desde 2017, abandonó Patria Para Todos y se sumó al partido Nueva Visión para mi País. Castillo Pérez era tercer suplente del voto lista del estado Portuguesa que encabezaba Rafael Calles, ahora gobernador de esa entidad. Es la quinta curul que pierde el chavismo desde 2017.
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