Caracas.- La ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) advierte que el Estado venezolano incurre en una violación flagrante de los derechos de dos detenidos que cuentan con boleta de excarcelación, desde marzo y abril de este año. Se trata del fotógrafo falconiano Carlos Debiais y el funcionario policial del estado Bolívar, Saúl Cordero, cuyas liberaciones retrasan las autoridades, pese al imperativo legal que constituye una orden por parte del Poder Judicial.
La directora del OVP, Carolina Girón, contactada por El Pitazo, enfatizó que no hay justificación para que las autoridades de los penales Rodeo II y III, sitios de reclusión de Debiais y Cordero, no liberen a los detenidos pese a que cuentan con boletas de excarcelación.
Los directores de los penales alegaron que necesitan la autorización de la ministra de Asuntos Penitenciarios, Mirelys Contreras.
“Cuando un tribunal decreta la libertad de una persona y además otorga una medida más beneficiosa para que la persona cumpla su pena, es un mandato de cumplimiento inmediato, no puede haber retraso en cumplir esa orden y cuando eso sucede, se configura el delito de privación ilegítima de libertad, desde el momento en que se recibió la boleta de excarcelación en el centro penitenciario”, explicó Girón vía telefónica.
Fotógrafo falconiano cumple 25 días detenido aunque posee boleta de excarcelación
A principio del mes de mayo, abogados en representación del OVP introdujeron un recurso de amparo ante el Palacio de Justicia, sede de los tribunales de Caracas, por los casos de Debiais y Cordero. Solicitaron al Ministerio Público una investigación penal contra los directores del Internado Judicial El Rodeo II y III, y la ministra de Asuntos Penitenciarios, Mirelys Contreras, por el delito de privación ilegitima de libertad.
«Cuando un juez dicta una sentencia, hay un lapso para que eso se cumpla voluntariamente. Sin embargo, en el caso de las libertades el cumplimiento debe ser inmediato y si no es así, existe la figura del desacato a la orden judicial, un hecho que amerita un breve juicio y quien incumple la medida -como sucede con los directores de El Rodeo II y III- puede ser detenido», explicó Girón.
La directora del OVP considera que el Poder Ejecutivo usurpa las funciones del Poder Judicial, que no se manifiesta como tampoco lo hace el Ministerio Público. Por ello, no hay respuesta del Estado.
«Lamentablemente el Poder Ejecutivo ha cooptado a las autoridades del Poder Judicial y usurpa sus funciones, así de sencillo. No hay un juez que tenga la autonomía y la imparcialidad de hacer un juicio por desacato a su orden», resaltó Girón.
Detenciones arbitrarias
Debiais fue detenido el 12 de noviembre de 2021 en Falcón, su estado natal, mientras usaba un dron para tomas fotográficas turísticas. El fotógrafo se estacionó cerca de la refinería Amuay y de una vivienda propiedad de un militar, según repasa Girón.
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Una comisión de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) detuvo a Debiais, acusado presuntamente de terrorismo, asociación para delinquir, violación del espacio aéreo, así como consumo de sustancias ilícitas y estupefacientes.
«Es una detención arbitraria porque no cometió ningún delito. El único pecado fue haberse parado cerca de la refinería y de una vivienda que resultó ser de un general, eso fue todo», agregó Girón.
Debiais estuvo desaparecido desde el 15 de noviembre hasta el 15 de diciembre, cuando sus familiares se enteraron de que estaba en los calabozos de la Dgcim en Boleíta, en Caracas. El 23 de marzo fue trasladado al Rodeo II y el 12 de abril llegó su boleta de excarcelación, mediante la que se ordena su inmediata liberación por suspensión condicional de la pena por tres años.
«No ha podido ver a su papá, el único familiar cercano que tiene, porque prohibieron las visitas de hombres. Cada día que pasa en El Rodeo es un peligro para él», añadió Girón.
En el caso de Cordero, un comisario activo de la Policía del municipio Caroní, Puerto Ordaz, en el estado Bolívar, fue detenido por una comisión de la Dgcim el 17 de octubre, acusado de presunto terrorismo, asociación para delinquir, usurpación de funcionarios y tráfico de armas.
Cordero, quien cuenta con un beneficio procesal debido al deterioro de su salud, fue trasladado al Rodeo III luego de la audiencia de presentación celebrada el 29 de octubre en Caracas, en donde estuvo incomunicado por al menos 15 días.
Girón califica de grave el caso de Cordero por el deterioro de su salud, pues padece de una enfermedad que afecta el sistema inmunológico y por lo que el 15 de marzo se le otorgó una medida privativa de libertad de arresto domiciliario con cumplimiento inmediato.
El OVP informó sobre los dos casos al Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias y a la Organización Mundial contra la Tortura, ambas de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Asimismo, acudieron a la oficina de la Comisionada de las Naciones Unidas para los DD. HH.
«Hicimos las debidas notificaciones ante todas las instituciones competentes, pero el Estado completo no ha dado respuesta alguna. Hay una violación flagrante a los derechos de estas personas. Estamos pidiendo que las autoridades, fiscales y jueces cumplan con su deber», concluyó Girón.
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