Aunque el informe se conocía desde hace una semana, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ofreció, este miércoles 29 de junio, su discurso en la 50 sesión del Consejo de Derechos Humanos, tres años después de su visita a Venezuela, desde donde reiteró sus preocupaciones por lo que considera una reducción del espacio cívico en el país.
Desde mayo de 2021 hasta abril de 2022, su equipo documentó 166 restricciones indebidas al espacio democrático incluidas estigmatización, amenazas y criminalización contra voces disidentes y el descrédito a estas voces a través de medios de comunicación institucionales.
En cuanto a la libertad de expresión, su oficina registró 34 casos de hostigamiento, censura y confiscación de equipos de medios de comunicación y bloqueos de portales informativos. Bachelet dijo además que le preocupa el uso de leyes antiterroristas y delincuencia organizada contra el trabajo de defensores de derechos humanos y mencionó el sobreseimiento de los cinco activistas de la ong Azul Positivo.
Un punto que destacó fueron las reformas al sistema de justicia, la desaparición de las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes) y la disminución de detenciones arbitrarias. Bachelet considera que éstos son avances en las recomendaciones hechas por su oficina al gobierno de Nicolás Maduro.
Sin embargo, la dirigente y defensora de derechos humanos, Delsa Solórzano, discrepa y recuerda que, si bien las Faes desaparecieron, inmediatamente surgió el Grupo Operativos Especiales de Seguridad (Goes) que cumple funciones similares.
Bachelet enumeró varios pendientes en lo que fue su último discurso ante el Consejo de Derechos Humanos. Uno de ellos, que el gobierno de Maduro debe tomar más medidas para promover cambios estructurales y a largo plazo en el sistema de justicia y que las iniciativas legislativas estén acompañadas por consultas “genuinas” a la sociedad civil.
Aunque ve positiva la condena en 7 casos por muertes en las protestas de 2017, dijo que aun falta. Se refirió al caso del concejal Fernando Albán en el que dos funcionarios del Sebin fueron beneficiados y solo cumplieron condenas por 5 años y 10 meses, algo que los familiares del concejal cuestionaron, por lo que pidió que continúen investigaciones independientes y oportunas, así como la rendición de cuentas de todos los perpetradores y la reparación de víctimas y sus familias.
En cuanto a la designación de nuevos magistrados al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Bachelet se hizo eco de las observaciones de organizaciones de derechos humanos por irregularidades en estos nombramientos y llamó a fortalecer la independencia judicial y la separación de poderes.
Una preocupación que compartieron representantes de Canadá, Paraguay, Luxemburgo y Colombia, quienes intervinieron en el diálogo interactivo.
Por otro lado, la oficina de Bachelet visitó, entre mayo del 2021 y abril de 2022, 21 centros de detención y realizó 259 entrevistas confidenciales e intercedió ante el gobierno logrando 68 excarcelaciones. Aunque destacó los esfuerzos por mejorar las condiciones de reclusión, reconoció que a su equipo no se le ha permitido ingresar al Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) ni a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim). Ante esto, reiteró que estos centros no son adecuados para tener personas privadas de libertad y volvió a solicitar la liberación de presos procesados arbitrariamente.
Bachelet finalmente reiteró su apoyo al proceso de negociación entre el gobierno de Maduro y la oposición y pidió su pronta reanudación. Agregó que los desafíos para garantizar los plenos derechos sociales políticos y económicos en Venezuela son muchos.
Humberto Prado, defensor de Derechos Humanos, dijo que el informe reitera las violaciones a los derechos humanos y lamenta que después de tres años con oficiales en el país y ofrecer asistencia técnica, se mantengan estas violaciones y además un alto nivel de impunidad.
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