Caracas.- Han pasado cuatro días desde que se realizó el referendo consultivo sobre el Esequibo el 3 de diciembre y, en medio del escenario posterior a los comicios, el gobierno de Nicolás Maduro anunció medidas basadas en los resultados de las elecciones, aunque la consulta no es vinculante. Algunas de las acciones demuestran que las tensiones entre Venezuela y Guyana aumentan, aunque el analista político Mariano de Alba considera que la posibilidad de un conflicto armado es improbable, pero no imposible.
Maduro crea Zona de Defensa Integral de la Guayana Esequiba y designa autoridad única
“En el corto plazo, la posibilidad de un conflicto armado es relativamente baja, pero entendiendo que existe el riesgo de que pudiese ocurrir un malentendido que lleve a un escalamiento”, precisó al equipo de El Pitazo el especialista en Derecho Internacional y en Relaciones Internacionales de la Universidad de Georgetown, Washington D.C.
De Alba puntualizó que la implementación de medidas fundamentadas en el resultado del referendo ha quedado a la “discrecionalidad absoluta del Estado venezolano”. Por lo tanto, dijo que no hay forma de garantizar que eventualmente el Gobierno no va a decidir iniciar un conflicto armado.
El pasado 5 de diciembre, Nicolás Maduro creó la Zona de Defensa Integral de la Guayana Esequiba y designó una autoridad única que operará desde Tumeremo, estado Bolívar. La medida se concretó mediante Gaceta Oficial y forma parte de los nueve puntos que incluyó en el plan para rescatar el territorio en reclamación.
También ordenó a Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y a la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) crear las divisiones de ambas industrias para el territorio Esequibo. También levantar un mapa de exploración y explotación de los recursos petroleros y gasíferos de la zona.
Ante esas acciones, el presidente de Guyana, Irfaan Ali, rechazó los anuncios de Maduro y dijo que la soberanía territorial será preservada a toda costa, tomando medidas para protegerla. Afirmó que su Gobierno no escatimará esfuerzos para proteger la integridad territorial de su nación y está preparándose para cualquier eventualidad ante acciones “imprudentes o aventureras” por parte de Venezuela.
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De Alba precisó que se observa un aumento importante de las tensiones entre ambos países. Una de las razones es porque Venezuela anuncia medidas para tratar de implementar el resultado del referendo y, en segundo lugar, porque Guyana considera que esas acciones representan una amenaza para su control del territorio en disputa y, por ende, solicita asistencia del Gobierno y las fuerzas armadas de países como Estados Unidos y Reino Unido.
Recordó que el pasado 1 de diciembre, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) le ordenó a Venezuela que no adelante ninguna acción que modifique el statu quo del territorio en disputa, el cual indica que Guyana controla y administra ese territorio desde hace muchísimos años.
La CIJ también le pidió a ambos países que no realicen ninguna acción que pueda escalar el conflicto, pero es evidente que ambos países tienen un interés político en mantener la disputa en el tapete y sacarle rédito político, según explicó Mariano de Alba.
“Los anuncios de Maduro deben interpretarse como medidas que tratan de implementar el referendo, pero con la importante cautela de que esas medidas, por ahora, serán ejecutadas e implementadas en Venezuela y no en el territorio en disputa”, agregó.
Acciones simbólicas
Mariano de Alba explicó que el derecho internacional no prohíbe expresamente que, simbólicamente, Venezuela cree el estado Guayana Esequiba, o desarrolle un plan para atender a la población y le otorgue identificación o incluso publique un mapa incorporando el territorio en disputa.
Comentó que una de las cosas que se prohíbe es adelantar cualquiera de esas acciones mediante una operación militar en el territorio en disputa. En ese sentido, si las medidas del gobierno de Nicolás Maduro se quedan en el papel y son ejecutadas dentro del territorio venezolano, no se puede concluir que hay una violación del derecho internacional.
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Con respecto a la creación de divisiones de Pdvsa y la CVG, dijo que ambas empresas pueden crear filiales conforme al derecho venezolano, siempre y cuando no operen en el territorio en disputa, ni tampoco lo hagan empresas privadas que reciban licencias. Es decir, todo puede quedar en el terreno de lo simbólico.
Sin embargo, precisó que Guyana podría argumentar que este tipo de medidas incumplen la segunda orden emitida el 1 de diciembre por la Corte Internacional de Justicia, la cual exhorta a ambos países para que se abstengan de realizar acciones que puedan escalar el conflicto mientras la CIJ está conociendo el caso.
“Con cierta lógica, Guyana puede ver el anuncio de esta medida y las demás que detalló Nicolás Maduro como una provocación que pudiese escalar el conflicto”, puntualizó el analista político.
Fortalecer alianzas militares
Mariano de Alba precisó que las fuerzas armadas de Guyana tienen capacidades muy inferiores a las de Venezuela, pero en medio de la situación aprovecha de fortalecer sus alianzas militares con otros países para que esos aliados asistan al Estado guayanés en caso de que Venezuela llegue a ingresar al territorio en disputa.
“La reacción más probable de la comunidad internacional es hacer llamados a que las tensiones no escalen y si llegara a ocurrir un conflicto armado, que sea detenido y revertido a la brevedad posible”, destacó el experto.
Puntualizó que Guyana también está desplegando una campaña para denunciar a Venezuela como una nación que desafía el orden internacional y eso “podría llevar a un aislamiento del Estado venezolano en parte de la comunidad internacional”.
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En ese sentido, recordó que ambos países no han delimitado sus áreas marítimas y Venezuela ha denunciado que Guyana ha otorgado algunas concesiones en aguas venezolanas que considera suyas. Sin embargo, para el gobierno guyanés la posibilidad de esa asistencia militar internacional de países aliados todavía es una incógnita.
“Una decisión de esa naturaleza probablemente la tomaría Estados Unidos u otro país si no le queda otra alternativa y evidentemente primero tratarían de desplegar una acción diplomática para presionar a Venezuela que se retire del territorio o las aguas en disputa”, indicó.
No correr riesgos
La Zona de Defensa Integral de la Guayana Esequiba tendrá la sede político-administrativa en Tumeremo, estado Bolívar, – a 100 kilómetros de distancia de la frontera con el territorio disputado con Guyana – para no correr riesgos y evitar incumplir claramente la orden de la Corte Internacional de Justicia, según explicó el analista.
Mariano de Alba puntualizó que para crear esa sede en el territorio en disputa, Venezuela tendría que desplegar una operación militar de envergadura y correría el riesgo de una posible respuesta por parte de Guyana.
“Es muy probable que una operación de ese tipo para crear una sede político-administrativa en un territorio en disputa obtendría la condena de una parte importante de la comunidad internacional, incluso gobiernos que mantienen buenas relaciones con Venezuela”, dijo el analista a El Pitazo.
Estado de excepción o conmoción
El analista político comentó que como consecuencia de un conflicto armado, existe la posibilidad que Venezuela decrete un estado de excepción o conmoción y como medida de emergencia trate de argumentar que las elecciones presidenciales no pueden realizarse o al menos deben ser aplazadas.
Dijo que por ahora eso parece una posibilidad teórica y hay que ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Sin embargo, una decisión de esa naturaleza podría tener costos políticos importantes a nivel internacional dentro de al menos una parte de las Fuerzas Armadas y naturalmente de la población venezolana.
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