Caracas.– Las movilizaciones, actos y actividades de la campaña electoral de los candidatos a la elección opositora han sumado múltiples hechos violentos por parte de seguidores oficialistas que han intentado o han golpeado a los aspirantes a la Presidencia.
La situación escaló en los últimos meses con amenazas de muerte a María Corina Machado y a Delsa Solórzano.
Recientemente, Solórzano denunció amenazas de muerte y el gobernante Nicolás Maduro ofreció seguridad para los candidatos opositores. En su alocución del 14 de agosto aseguró que él condena todo tipo de violencia y resaltó que su gobierno «jamás» ha utilizado los métodos del «terrorismo ni del atentado para dirimir diferencias políticas«.
Sin embargo, en diferentes ocasiones, el gobernante chavista ha amenazado a miembros de la oposición venezolana con prisión y también los ha insultado en actos políticos y en declaraciones televisadas.
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En la lista de opositores contra los que ha arremetido Maduro figuran Leopoldo López, Juan Guaidó, Henrique Capriles, María Corina Machado, entre otros. Esos políticos y otros también han denunciado persecuciones y hostigamiento por parte del gobierno oficialista.
A mediados de julio, el gobernante chavista insultó al exgobernador del estado Miranda Capriles Radonski: «Fantasma te dije y fantasma te quedaste, pero tú, en lugar de asustar, das risa. El pueblo te conoce: apoyaste las guarimbas (protestas), al guaidosismo (en referencia al antichavista y expresidente del Parlamento Juan Guaidó) y las sanciones».
Años de protestas: 2017 y 2014
Los opositores no han escatimado palabras, recursos y publicaciones para denunciar que han sido hostigados, perseguidos y amenazados. En 2017, durante las protestas pacíficas antigubernamentales, la esposa del líder de Voluntad Popular Leopoldo López, Lilian Tintori, acusó al chavismo de exacerbar la represión en las calles con perdigones, balas y gases lacrimógenos.
Ese mismo año, se celebraron unas elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente y tras la instalación, Maduro señaló: «Se acabó el saboje de la Asamblea Nacional. Habrá que levantar la inmunidad parlamentaria a quien haya que levantarle la inmunidad«, en referencia a los diputados del Parlamento electo en 2015 de mayoría opositora.
En las protestas de 2014 amenazó al entonces alcalde del municipio Chacao del estado Miranda, Ramón Muchacho. «Si la Fiscalía o los tribunales le ordenan al Gobierno meter preso a Ramón Muchacho por desacato a la Constitución, va preso, no tengan duda», dijo Maduro.
Esas declaraciones surgieron a raíz de las protestas que se realizaban en 2014 en el municipio Chacao. En esa alocución Maduro culpó a la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) por los hechos violentos en las manifestaciones. «Son responsables por omisión, por debilidad y cobardía».
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Cárcel para los opositores
En abril de 2013, Maduro prohibió a los simpatizantes del opositor Henrique Capriles acudir a una manifestación por el recuento de votos que le dieron la victoria presidencial. El dos veces candidato presidencial denunció anteriormente que el gobernante ordenó violencia para evitar ese conteo.
Igualmente, en noviembre de ese mismo año amenazó con cárcel a quienes no reconocieran los resultados de las elecciones municipales que se celebrarían en diciembre.
«Duro que me voy a poner, que lo sepan pelucones, parásitos y burgueses (…) Al primero que salga a desconocer (los resultados) las elecciones municipales para crear violencia van directamente a ponerle los ganchos. Y va a pagar muy caro. Aquí no habrá piedad», dijo en un acto.
En noviembre de 2015, en las elecciones parlamentarias, también advirtió: «Si se diera la hipótesis negada, rechazada, transmutada de que la derecha ganara las elecciones del 6 de diciembre (…). Yo estoy políticamente y militarmente preparado para asumirla y me lanzaré a las calles (…). Pónganse a rezar para que haya paz, porque en la calle somos candela con burundanga».
Ese año, la oposición se hizo con la mayoría de los escaños en el Parlamento, 112 específicamente. Posteriormente, el Tribunal Supremo lo declaró en desacato y, con esa medida, la nulidad de sus actos.
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En 2020, Amnistía Internacional visibilizó la situación de los diputados opositores venezolanos a través de un comunicado en el que aseguraban que las autoridades oficialistas intentaban desmantelar «repetida y sostenidamente» cualquier forma de disidencia política por medio de violaciones de derechos humanos, que incluyeron el uso de la tortura, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias.
Además, organizaciones internacionales como las Naciones Unidas y la Corte Penal Internacional (CPI) han acusado al gobierno chavista de crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
Maduro ha amenazado de cárcel en múltiples ocasiones a Guaidó, quien fue presidente interino de Venezuela y al que el gobernante acusa de «robarse» los activos de Venezuela en el exterior.
Casas clandestinas de tortura
En 2022, la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, dependiente de la ONU, reveló en su tercer informe la existencia de 17 casas que funcionan como centros clandestinos de torturas de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).
“Las personas detenidas en centros de detención secretos fueron sometidas a actos de tortura, incluyendo violencia sexual. Las mujeres fueron agredidas sexualmente y/o torturadas con asfixia, golpes y descargas eléctricas. Los varones civiles y militares recibieron descargas eléctricas en el cuerpo, asfixiados, desvestidos y retenidos desnudos, amenazados de muerte, violados y mutilados genitalmente, y golpeados”, denunció Naciones Unidas.
En ese documento de la ONU, se señala que las torturas mencionadas no fueron actos aislados, sino parte de un «plan del Gobierno» para reprimir a la disidencia.
«El presidente Nicolás Maduro y otras autoridades de alto nivel (…) fueron los artífices del diseño, implementación y mantenimiento de una maquinaria para reprimir a la disidencia«, dice el informe.
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