Caracas.- La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela presentó este lunes, 26 de septiembre, ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) su más reciente informe en el que documentó crímenes de lesa humanidad cometidos por los servicios de inteligencia del Estado, por lo que señaló a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) de formar parte de una estructura del gobierno de Nicolás Maduro para reprimir a la disidencia.
En la presentación ante el consejo de la ONU que conforman 47 miembros, la presidenta de la misión, Marta Valiñas, recalcó que tanto el Sebin como la Dgcim tienen cadenas de mando claras y operativas. «Los oficiales de mayor grado reportan directamente a las autoridades políticas de más alto nivel del país».
Valiñas detalló que la misión documentó 122 casos de personas detenidas que estaban bajo custodia de la Dgcim, de las cuales 77 fueron víctimas sometidas a torturas, violencia sexual y tratos inhumanos perpetrados por funcionarios de ese organismo. «La mayoría de las víctimas eran oficiales y exoficiales de las Fuerzas Armadas y personas asociadas con ellas».
La sede del Dgcim ubicada en Boleíta, en Caracas, así como los cetros de detención clandestinos que existen en todos los estado del país, fueron los lugares de torturas, de acuerdo con lo reportado en el informe que aludió Valiñas.
Sobre el Sebin, la vocera de la misión dijo que se trata de un organismo clave en la vigilancia, arresto y detención de personas opositoras al gobierno de Maduro, incluyendo miembros de la oposición política, periodistas, defensores y activistas de DD. HH. y manifestantes.
«La gran mayoría de los detenidos ha estado recluida en el centro de detención El Helicoide, en Caracas, lugar en que se practicaba la tortura de modo sistemático», destacó.
Tanto el Sebin como la Dgcim, según lo detallado por Valiñas con base en el informe de la misión, utilizaron la violencia sexual y de género contra las personas detenidas, mediante descargadas eléctricas, violaciones o amenazas de violaciones, golpes en sus genitales, con el propósito de intimidarlas y humillarlas. «Este plan fue orquestado desde el más alto nivel político».
La misión añadió que las violaciones de DD. HH. documentadas en Venezuela ocurren en un contexto de total impunidad. «Solo unos pocos funcionarios de inteligencia han tenido que rendir cuentas por estas y todos ellos han sido de bajo rango».
Las autoridades venezolanas, advirtió Valiñas, no combaten el carácter sistemático y generalizado de las violaciones, tampoco brindan justicia ni reparación para las víctimas. «Las reformas judiciales anunciadas a partir de 2021 son claramente inadecuadas para corregir la falta de imparcialidad e independencia que aqueja al sistema de justicia”.
«Hemos reunido información sólida respecto a la participación de funcionarios, tanto de la Dgcim y del Sebin, como de autoridades del más alto nivel político en las violaciones y delitos documentados. Tenemos motivos razonables para creer que estas personas son responsables por estos actos y deben ser investigadas”, advirtió Valiñas.
Arco Minero del Orinoco
La misión independiente también presentó ante el Consejo de DD. HH. sus conclusiones sobre la situación de los derechos humanos en el Arco Minero del Orinoco y en otras áreas del estado Bolívar.
Según Valiñas, recibieron denuncias sobre la convivencia entre miembros militares y sindicatos mineros que requieren de investigaciones. «Actores estatales y no estatales han cometido delitos y violaciones a los derechos humanos, incluidos asesinatos, desapariciones forzadas, extorsiones, castigos corporales y violencia sexual y de genero. Las autoridades no han tomado medidas para prevenir e investigar tales abusos».
Asimismo, la misión resaltó que documentó ataques de autoridades estatales contra indígenas, enfrentamientos, privaciones de libertad arbitrarias, torturas y malos tratos.
La misión alertó, además, que en Bolívar impera la violencia sexual y de género. «Actores estatales y grupos armados criminales comenten violaciones y actos de explotación sexual que afectan particularmente a mujeres y niñas».
«El subregistro de este tipo de violencia, sobre toro respecto a grupos marginalizados, el estigma social y el temor generalizado a represalias, presentan desafíos importantes para su investigación, por lo que se requiere que se siga prestando atención a esta situación», añadió Valiñas.
Finalmente, la misión lamentó que las autoridades venezolanas intenten impedir las investigaciones en el país y no hayan respondido ninguna de las 23 cartas enviadas. Señaló que las autoridades venezolanas deben garantizar la seguridad y protección de todas las personas que han colaborado con el equipo independiente.
«A pesar de todas las dificultades, la misión ha sido capaz de realizar investigaciones sólidas, esto ha sido posible por la dedicación y profesionalismo de su equipo, y por la valentía de quienes se dispusieron a proporcionar información, junto con el valioso trabajo que lleva adelante la sociedad civil», resaltó Valiñas.
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