Caracas. En los primeros seis meses de este año los pueblos indígenas Warao y Curripaco han sido blanco de la represión política por parte de funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro.
La denuncia corresponde al Comité de Pueblos Indígenas del Foro Penal y está recogida en el reporte especial Represión política contra habitantes de comunidades indígenas en Bolívar-Venezuela. Julio 2019.
El documento recoge diferentes testimonios de personas que presenciaron el asesinato de tres indígenas, entre ellos una niña y una mujer embarazada, a manos de presuntos efectivos de la Guardia Nacional.
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Los hechos, que ocurrieron en contra de las comunidades indígenas Mariusa y Montaña Fría, ubicadas en los estados Delta Amacuro y Amazonas, evidencian la represión política contra los pueblos indígenas Warao y Curripaco, señala el Foro Penal en el texto.
«Entre abril y mayo de 2019 se documentaron casos de graves violaciones a los derechos humanos realizadas por agentes del Gobierno, cuyas víctimas fueron miembros de la etnia indígena Warao establecidos en la localidad conocida como Agua Salada, comunidad indígena Mariusa, en el estado Delta Amacuro».
De acuerdo con la ONG, en el ataque en contra de la comunidad indígena Mariusafueron asesinadas Belkis Mendoza, de 22 años, quien estaba embarazada de seis meses, y una niña de seis años, identificada como Samaritana Mendoza.
También fue herido de bala Edgar Pérez, de 42 años.
En el caso del pueblo Curripaco, el Foro Penal detalla que los ataques fueron en contra de un capitán de esta etnia en la comunidad indígena Montaña Fría, en el eje carretero Sur del Municipio Atures, estado Amazonas.
Pérdida del control de sus tierras
La ONG recuerda además que el más reciente informe emitido por la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre Venezuela reconoce que “hay violaciones de los derechos colectivos de los pueblos indígenas a sus tierras, territorios y recursos tradicionales».
«Han perdido el control de sus tierras, incluso debido a la militarización por parte de los agentes del Estado. Su presencia ha provocado violencia e inseguridad en sus territorios en los últimos años”, cita el Foro Penal.
Lee aquí el reporte del Foro Penal
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