Los politólogos perciben a Nicolás como un hombre que no tiene capacidad de maniobra ni voluntad política para resolver la crisis de forma pacífica. Aunque la intervención militar se encuentre sobre la mesa, los países abogan por una transición que no tenga costos tan altos y que sea consensuada por los venezolanos
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Después de más de un año de desesperanza producto de las protestas antigubernamentales, que solo dejaron decenas de fallecidos, cientos de heridos y privados de libertad, y de contar con un liderazgo opositor desarticulado y sin una ruta fija, la Asamblea Nacional volvió a ser la institución que persigue un cambio político definitivo en Venezuela, de la mano del Presidente interino y líder del parlamento, Juan Guaidó.
Una encuesta realizada por Delphos a finales de 2018 daba cuenta de que poco más de 15 % de la sociedad civil apoyaba a la oposición, pero manifestaba su deseo de contar con un líder. Hercon Consultores, por ejemplo, reveló en un estudio que entre el 20 % y 25 % de la población estaba de acuerdo con el desempeño de la AN. Sin embargo, luego de que Guaidó se juramentó como máxima autoridad del Poder Legislativo y planteó tres puntos fundamentales para iniciar un camino hacia la transición, el apoyo aumentó notablemente. Para la tercera semana de enero, casi 70 % evaluaba como positivo el rol del parlamento, y ese mismo porcentaje estaba dispuesto a movilizarse el 23 de enero, día en el que Guaidó tomó juramento como Presidente interino ante centenares de ciudadanos.
El aislamiento de Nicolás Maduro, debido a las sanciones impuestas por varias naciones desde 2017, y la poca capacidad de su Gobierno para responder a los reclamos de la ciudadanía, así como el apoyo que han manifestado a Guaidó más de 50 países, provocó que, por primera vez en varios años, la oposición llevara una agenda distinta a la impuesta por el gobernante y su entorno.
Maduro no va a sentarse en una mesa para admitir cómo rendirse y dejar el Palacio de Miraflores. No va a conceder su poder
Óscar Vallés, politólogo y académico
Y aunque el Tribunal Supremo de Justicia le prohibió a Guaidó salir del país, congeló sus cuentas y enajenó sus bienes a solicitud del Ministerio Público, el Gobierno no se atrevió a ordenar su aprehensión. El 12 de febrero, tras dos movilizaciones multitudinarias en todo el territorio nacional, Guaidó emitió su primer ultimátum: “Sí o sí ingresará la ayuda humanitaria el 23 de febrero”. Pero Maduro, Cabello y varios de sus colaboradores insistieron en que permitir la entrada de insumos médicos, suplementos nutricionales, alimentos y medicinas, que provenía en gran parte de Estados Unidos, significaba una intervención del Gobierno de Donald Trump.
El politólogo y académico Óscar Vallés destaca que lo ocurrido ese 23 de febrero era previsible: al menos cuatro pemones asesinados por la Guardia Nacional y grupos irregulares en Santa Elena de Uairén; dos camiones con insumos quemados tras cruzar el puente Francisco de Paula Santander, que comunica a Colombia (Cúcuta) con Venezuela (Ureña); represión y persecución contra los dirigentes políticos y voluntarios.
“El Gobierno aprovechó el momento para hacer una limpieza de líderes y dirigentes pemones que han denunciado la destrucción de la naturaleza. Fue la ocasión para disminuirlos y neutralizarlos”, dice.
Este hecho aproximó rápidamente a Venezuela a una encrucijada, en la que parecen posibles varios escenarios.
¿El 23F fue un revés para Guaidó?
Luego de estos episodios violentos, la desesperanza pareció apoderarse de la población venezolana. El politólogo y coordinador del Centro Gumilla del estado Lara, Piero Trepiccione, asegura que ese desaliento está asociado con la idea de convertir una fecha en un punto de quiebre definitivo en la coalición que domina el poder.
Considera que comunicacionalmente Guaidó tenía que elevar el margen de expectativa sobre ese día, y pese a que los intentos no rindieron frutos, el mundo dirigió su mirada y se ha comprometido a luchar por el rescate del Estado de Derecho en Venezuela. Trepiccione rescata las posiciones de António Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, y la de Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quien manifestaron su rechazo hacia el uso de “fuerza letal” contra los civiles y hacia las prácticas de grupos irregulares armados.
“No ha sido un revés; todo lo contrario. Significó la ventana más importante que se le ha mostrado al mundo sobre lo que ocurre en Venezuela”, destacó el académico.
Si la ayuda pasaba y si había insubordinación de los militares, Maduro sabía que su régimen acabaría en días
Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello
Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello, explica que ambos actores plantearon “un juego suma cero”, en el que uno de ellos perdería de forma obligatoria, que en este caso fue la oposición, según su argumento.
A pesar de que solo ingresaron 50 toneladas de asistencia humanitaria, que se encuentra resguardada en la población pemón, de acuerdo con un informe legislativo, Alarcón señala que el reto impuesto no se cumplió.
Ahora bien, el Gobierno solo podía ganar tiempo y demostrar que las Fuerzas Armadas son leales y tienen cómo reprimir. “Si la ayuda pasaba, Maduro sabía que sus horas estaban contadas y si había insubordinación de los militares, se iba a producir un efecto dominó, que también hubiese acabado con el régimen en días”, expone.
¿Cómo está Nicolás Maduro?
El internacionalista Guillermo Miguelena no duda del aislamiento de Maduro, lo cual anula la movilidad de tropas militares y de ciudadanos y lo asfixia económicamente. Mientras tanto, Rusia se muestra fiel y a pesar de que China también está de su lado, ha intentado acercarse a la oposición para asegurar que Venezuela honre los compromisos que adquirió.
Uruguay, por su parte, ha solicitado dirimir el conflicto a través de elecciones libres, luego de haber reconocido las presidenciales de mayo 2018. El mismo petitorio fue hecho por Indonesia, país tradicionalmente aliado al proyecto socialista de Venezuela, durante la reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones del pasado 26 de febrero.
Luego de lo ocurrido en la frontera, Valles opina que Maduro está desplegando a sus colaboradores para acentuar sus alianzas internacionales que, aunque son muy pocas, tienen poder en el mundo. Se estaría hablando específicamente de China y Rusia. Para el politólogo, el primer país continuará del lado de Maduro hasta que se produzca un “cambio irreversible”.
Además, el gobernante, junto al alto mando militar, debe estar evaluando los procesos de inteligencia y de ajuste que puedan perturbar la línea de mando.
El politólogo Miguel Ángel Martínez Meucci apunta que Maduro se apoya en Rusia y Cuba para controlar un eventual desconocimiento por parte de la Fuerza Armada Nacional y evitar que los países se sigan pronunciando en rechazo a su permanencia en el poder.
La carta improbable
La Asamblea Nacional, a través de la Ley de Estatuto que rige la transición, ha propuesto una salida pacífica. Y así lo había ratificado Guaidó hasta el 23 de febrero, cuando denunció la represión y las muertes de indígenas. A través de su línea discursiva, el Presidente interino abrió todas las posibilidades para recuperar el Estado de Derecho en Venezuela.
De hecho, el 25 de febrero dijo ante el Grupo de Lima que ser “permisivo con la usurpación del poder” significaría una amenaza para la democracia del continente. Guaidó les dejo claro a 10 países que era momento de actuar, mientras que Mike Pence, vicepresidente de Estados Unidos, ratificó que su Gobierno apoya enérgicamente a Guaidó y también mantiene todas las opciones posibles, pero no hizo un llamado a una intervención militar.
La décimo primera cumbre del Grupo de Lima concluyó con una resolución en la que los gobiernos de la región solicitaron a la Corte Penal Internacional considerar “la violencia criminal” que ha ejercido Maduro contra los civiles y reiteraron que la transición debe ser pacífica.
Según un estudio realizado por un grupo de politólogos encabezado por John Magdaleno, solo nueve de 80 casos de transición a partir de dictaduras dependieron de factores externos para recuperar la democracia.
Tradicionalmente, los venezolanos han dirimido sus diferencias en las urnas electorales. Y así ha quedado reflejado en las encuestas. Delphos detallaba en diciembre del año pasado que solo 7,3 % de la población estaba de acuerdo con una intervención, pero 48,8 % deseaba resolver la crisis a través del sufragio. Esa realidad no ha cambiado casi tres meses después: Hercon mostró en su estudio más reciente que 79 % aboga por una salida mediante elecciones, dejando como última opción una operación militar extranjera.
Martínez Meucci, que es estudioso de los procesos de transición y conflictos, afirma que el retorno de Guaidó a Venezuela permitirá perfilar qué ocurrirá en los próximos días. No descarta que Estados Unidos esté preparando una acción militar, mientras los cubanos evalúan si continúan impidiendo el cambio político o defenderán a Maduro hasta el final.
Los expertos han dicho que la posible intervención de Estados Unidos estaría al margen de los organismos internacionales.
“Recordemos que el presidente de los EEUU tiene un importante margen de autonomía para ordenar misiones militares breves que considere necesarias para salvaguardar la seguridad de su nación”, apunta Martínez Meucci.
Alarcón explica que por la configuración de la comunidad internacional, cumplir una amenaza de intervención que sea acompañada por un conjunto de países es muy difícil y por eso Maduro desafía.
Sin embargo, Miguelena asoma que es imposible que el tema se resuelva entre los venezolanos porque quedaría en “la nada”; considera que se necesitan otros factores que hagan presión.
La fracción parlamentaria 16 de Julio solicitó en la sesión del pasado 27 de febrero que la Asamblea Nacional autorizara el empleo de misiones militares extranjeras; sin embargo, fuentes del parlamento señalaron que no pueden aprobar una misión que ni siquiera se ha conformado.
La amenaza creíble
Alarcón, también experto en transiciones, justifica que mientras no haya una amenaza creíble que haga reflexionar a Maduro, no habrá espacio para la negociación. “La amenaza trae el mensaje de ‘yo prefiero no tener que ejercer aquello que prometo, sino que tú hagas lo que yo te pido para yo no ejecutar la amenaza. Pero termino ejecutándola para presionar’”.
De acuerdo con el académico, el costo de salida del Gobierno supera al de represión. Maduro sabe que, a pesar de las muertes que cause, lo que le sucederá al salir de poder será peor. Allí, entonces, debería generarse una negociación para evitar una situación violenta.
Negociación y elecciones
En opinión de Alarcón, la transacción con Maduro podría ser similar a la que hizo Augusto Pinochet en Chile, que aceptó ir a elecciones, pero pedía quedarse con el Senado, con la industria del cobre y al frente de los militares.
Por su parte, Vallés señala que debe haber incentivos para ambas partes. La negociación significa el mejor escenario para el gobernante cuestionado por más de 50 países debido a que solo velará por su permanencia en el poder. Podría ceder en el reconocimiento de la AN, en la designación de nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral para ir a comicios en 2025 o de un nuevo titular del Ministerio Público, con la condición de que la oposición le permita quedarse.
Si la ayuda pasaba y si había insubordinación de los militares, Maduro sabía que su régimen acabaría en días
Piero Trepiccione, politólogo y coordinador del Centro Gumilla del estado Lara
“Maduro no va a sentarse en una mesa para admitir cómo rendirse y dejar el Palacio de Miraflores. No va a conceder su poder”, le dice Vallés a una parte de la oposición que piensa que el Gobierno reconocerá que hay una crisis y optará por dejar el poder que ha tenido por dos décadas.
Por lo ocurrido en las zonas fronterizas, Maduro ha demostrado que no está dispuesto a una solución pacífica ni a negociar verdaderamente, manifestó Miguelena.
De acuerdo con los politólogos, las elecciones deben realizarse con observación internacional, sin partidos ni líderes inhabilitados, con una nueva configuración del Poder Electoral, permitiendo la inscripción de nuevos electores y sin coacción. Menos que eso garantizará la estadía de Maduro, aunque parezca que ya no tiene capacidad de maniobra.
Unas elecciones que no tengan esas características difícilmente contarán con el reconocimiento de la oposición y el respaldo de la comunidad internacional, según consideran los académicos, pese a que Nicolás Maduro ha retado a Guaidó a convocar comicios y reitera que se pueden adelantar las elecciones parlamentarias, que por ley deben realizarse a finales del año 2020.
Vallés puntualiza que no se espera que Venezuela sea gobernada por Maduro hasta 2025, cuando concluye el periodo presidencial. “No hay vuelta atrás”, enfatizó.
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