Caracas.- En medio de mucho hermetismo y hostilidad hacia los familiares de los detenidos, la esposa del general Héctor Hernández Da Costa, Lili Barboza de Hernández, se enteró este martes, 20 de febrero, del traslado de él y otros presos políticos desde la sede de la División General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en Boleíta, hasta el penal Rodeo I. Sin aviso sobre este proceso ni información de las condiciones de Hernández Da Costa ni las razones del traslado, Barboza ahora tiene una nueva preocupación: el estado de salud de su esposo y el acceso a medicamentos.
“Mi esposo presenta una serie de patologías que requieren cierta observación médica y a tiempo. Sufre un síndrome coronario agudo por angina de pecho y necesita revisión cardíaca con cierta frecuencia”, detalló Lili Barboza de Hernández en entrevista con El Pitazo.
Barboza agregó que su esposo es paciente diabético y tiene medicación prolongada debido a que sufre de tensión alta. “El traslado a El Rodeo I, que queda a las afueras de Guatire —señaló— imposibilita su salida a un centro médico en caso de que se le presente alguna emergencia”. “Temo que tampoco le haya dado tiempo de recoger sus medicinas, porque, además, el traslado fue ayer (20 de febrero) en horas de la madrugada”.
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El general Hernández Da Costa se encontraba recluido en la sede del Dgcim desde el 18 de agosto de 2018. Lo implicaron en el intento de magnicidio contra Nicolás Maduro ese mismo año. Durante este tiempo ha sufrido varias complicaciones de salud que han llevado a sus familiares y a distintas organizaciones a denunciar la situación y pedir atención médica.
El acceso a visitas médicas y la recepción de medicinas se había facilitado con la instalación de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Caracas, pero tras su expulsión del país, Lili Barboza considera que la situación es incierta.
“Gracias al apoyo de la Oficina de Derechos Humanos se lograba que nuestros familiares pudieran tener ese plácet, por decirlo de algún modo, de otorgarle las visitas médicas y la entrega de medicamentos”, relató.
Barboza considera curioso que los traslados coincidan con la expulsión del equipo de la ONU del país y manifestó que siente desprotección tras su partida. “Ahora que no están ellos, la realidad es más cruenta. Mal que bien, los familiares teníamos ese aval institucional internacional, porque cada vez que trasladaban a los nuestros, ellos eran los únicos que se presentaban. Por lo menos documentaban la desaparición de tu familiar. Pero ahora, ¿a qué instancias apelas? ¿O cómo haces con hechos de impunidad? No hay dónde reclamar”, lamentó.
No hay información oficial
“Su esposo está allá, pero no me dieron acceso a él. Tiene que estar pendiente para enterarse en los próximos días de cómo va a lograr verlo. Pero usted tiene que saber esperar”, fueron las palabras con las que la abogada que lleva el caso le confirmó a Barboza el traslado de su esposo.
Las alarmas entre los Hernández Barboza se encendieron en la noche del lunes 19, cuando unas cinco familias de privados de libertad en la sede del Dgcim en Boleíta fueron a llevar alimentos y medicinas y se enteraron de que sus parientes habían sido trasladados.
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“No fue mi caso. Yo me aparecí en la tarde-noche y me negaron la información. Me sacaron de allí como si yo fuera una terrorista o una delincuente. Es una situación terrible porque te hacen sentir como un ser despreciable. Hasta me custodiaron hasta el final”, contó Lili Barboza.
Ante la falta de respuestas, Barboza volvió a la sede del Dgcim de Boleíta este martes 20 en la mañana. “También noté mucho hermetismo y una atmósfera muy hostil con nosotros, los familiares de los presos políticos”, contó. Señaló además que el proceso de traslado se manejó con estricta confidencialidad, porque incluso el sábado 17, día de visitas, no se comentó nada al respecto.
De manera extraoficial, Barboza supo este martes del traslado de su esposo, pero finalmente fue la abogada de Hernández Da Costa quien se trasladó hasta el Rodeo I y pudo confirmarlo. En este penal, el acceso a la información tampoco fue sencillo. “Allá tampoco nadie dice nada. Pareciera que no se quieren meter en problemas”, destacó la entrevistada.
Barboza afirmó que ningún organismo oficial se ha pronunciado sobre los traslados; por lo tanto, la información es extraoficial hasta los momentos. Por esta razón —argumenta—, los familiares de los presos políticos sí quieren alzar su voz. “Exigimos que cuando se dé este tipo de traslados, se tomen en cuenta a los familiares, porque hacerlo de manera inconsulta, arbitraria y sorpresiva nos deja totalmente fuera de lugar, tanto a ellos (los privados de libertad) como a nosotros”, apuntó.
De acuerdo con fuentes extraoficiales, otros presos políticos trasladados a El Rodeo I son Igbert Marín Chaparro, quien está acusado de presunta traición a la patria, instigación a la rebelión y delitos contra el decoro militar, y tres o cuatro sindicalistas de la Corporación Venezolana de Guayana (CBG).
Lili Barboza sostiene, apelando nuevamente a la información extraoficial, que este penal será utilizado exclusivamente para recluir a presos políticos, militares y civiles. Desconoce si actualmente están compartiendo el espacio con privados de libertad por delitos comunes.
Barboza le hace un llamado al Estado venezolano para que se respeten los derechos humanos de su esposo y de todos los presos políticos.
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