El Gobierno de Estados Unidos (EE. UU.) inició otra vez una fase de revisión de la política de sanciones hacia Venezuela. La medida se cumple luego de que el gobierno de Nicolás Maduro ratificó la inhabilitación política a María Corina Machado. A juicio de la administración de Joe Biden, esto representa una violación a los acuerdos de Barbados.
La postura la asumió la Casa Blanca por medio de un comunicado difundido la mañana de este sábado, 27 de enero, un día después de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) anunció que se mantiene la inhabilitación política por 15 años a la ganadora de la Primaria opositora.
“La decisión de la Corte Suprema de Venezuela del 26 de enero, de descalificar a la ganadora de la Primaria de la oposición democrática, María Corina Machado, es inconsistente con el compromiso de los representantes de Nicolás Maduro de celebrar unas elecciones presidenciales venezolanas competitivas en 2024″, indica el texto.
Asimismo, en el comunicado argumentan que el procedimiento del Poder Judicial venezolano estuvo viciado y constituyó también una violación a los derechos políticos de Machado.
«El proceso de reinstalación careció de elementos básicos, ya que Machado no recibió una copia de las acusaciones contra ella ni se le dio la oportunidad de responder a estas”, argumenta el Gobierno de EE. UU.».
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El acuerdo de Barbados, mencionado por la Casa Blanca, se firmó en octubre de 2023, en este se establecieron las condiciones para que Estados Unidos levantara las sanciones a Venezuela siempre que se cumpliera con la ruta para celebrar elecciones democráticas en el país y se concretara la liberación de presos políticos.
Uno de los principales objetivos de la negociación es que se habilite a los candidatos opositores que desean medirse en las presidenciales de este 2024, en especial a la abanderada unitaria María Corina Machado, quien ganó la Primaria opositora con 2.253.825 votos.
Los anuncios del TSJ del 26 de enero sobre las habilitaciones políticas excluyeron a María Corina Machado y al también dirigente opositor Henrique Capriles Radonski. Sin embargo, el Poder Judicial dio luz verde a la habilitación de otros cinco candidatos que no cuentan con respaldo popular para la contienda presidencial.
Entre los nombres de los habilitados figuran: Leocenis García (periodista), Richard Mardo (exdiputado), Pablo Pérez Álvarez (exgobernador del Zulia), Daniel Ceballos (exalcalde del San Cristóbal), Rosa Brandonisio de Scarano (exalcaldesa de San Diego, Carabobo).
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