Caracas.- La detención de Rocío San Miguel, reconocida activista venezolana de derechos humanos y presidenta de la ONG Control Ciudadano, ha generado reacciones a nivel internacional. San Miguel fue detenida el 9 de febrero acusada de una presunta conspiración contra Nicolás Maduro.
Estados Unidos, a través del portavoz de Seguridad nacional de la Casa Blanca, John Kirby, expresó profunda preocupación por la detención de San Miguel. En una rueda de prensa, Kirby afirmó que observan de cerca la situación y que Estados Unidos es consciente de los eventos en Venezuela.
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La Embajada de España en Caracas también se pronunció sobre el caso y señaló que monitorea de cerca la situación de San Miguel, quien tiene doble ciudadanía, venezolana y española. La embajada gestiona con las autoridades venezolanas para determinar el paradero de la activista, prestar asistencia consular y garantizar el respeto de sus derechos fundamentales.
Asimismo, los Gobiernos de Argentina, Costa Rica, Ecuador, Paraguay y Uruguay manifestaron su profunda preocupación por la detención de la activista e hicieron un enérgico llamado a las autoridades de Venezuela a liberarla.
«Los Gobiernos de Argentina, Costa Rica, Ecuador, Paraguay y Uruguay manifiestan su profunda preocupación por la detención arbitraria de la activista de derechos humanos Rocío San Miguel y hacen un enérgico llamado a las autoridades venezolanas a liberarla de inmediato y deponer los cargos realizados», indica un comunicado conjunto.
Los cinco países rechazaron las recientes medidas contra la Oficina Técnica de Asesoría del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Venezuela y reclamaron por el respeto pleno de los derechos humanos, la vigencia del Estado de Derecho y la convocatoria de elecciones «transparentes, libres, democráticas y competitivas» sin proscripciones de ningún tipo.
También el Foro Argentino por la Democracia en la Región (Fader) ha presentado una ampliación de su demanda contra el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, con la denuncia de la desaparición forzada de la activista Rocío San Miguel. El organismo, compuesto por políticos y personalidades destacados, sostiene que la detención de San Miguel y la desaparición de sus familiares son crímenes de lesa humanidad. Además, instan a la Embajada de España en Argentina a colaborar en la liberación de San Miguel.
Los organismos Amnistía Internacional, la Organización de Estados Americanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Misión Independiente de la ONU para Venezuela han expresado su preocupación y condena ante lo que consideran un arresto arbitrario a una defensora de derechos humanos.
La comunidad internacional ha expresado su preocupación no solo por la detención de Rocío San Miguel, sino también por los familiares de la activista, entre ellos su hija Miranda Díaz San Miguel. La joven fue detenida junto a su madre en el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía y excarcelada el 13 de febrero. También lo fueron su padre, Víctor Díaz Paruta, y dos hermanos de San Miguel: Miguel y Alberto.
El caso de Rocío San Miguel continúa generando reacciones y llamados a nivel internacional para garantizar su liberación inmediata, subrayando la importancia de la defensa de los derechos humanos.
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