Caracas.- El Gobierno de Venezuela suspendió este jueves, 15 de febrero, las actividades de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Caracas, al considerar que ha instrumentalizado su trabajo en contra del Ejecutivo.
Además de suspender las actividades de esta oficina técnica, establecida desde septiembre de 2019, el Gobierno señaló que hará una «revisión integral de los términos de cooperación» acordados con esta organización durante los próximos 30 días y ordenó la expulsión de 13 funcionarios de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos que opera en Caracas.
Esta decisión ocurre un día después de que el relator especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación, Michael Fakhri, aseguró que el Gobierno venezolano le impidió visitar centros de detención y que le cambió constantemente su agenda durante la visita de dos semanas al país, que concluyó el miércoles.
Relator de la ONU: el CLAP se convirtió en sistema de clientelismo y limosna
Venezuela «solicita que el personal adscrito a esta oficina abandone el país en las siguientes 72 horas hasta tanto rectifique públicamente ante la comunidad internacional su actitud colonialista, abusiva y violadora de la carta de las Naciones Unidas», dice el comunicado, leído ante periodistas por el canciller oficialista Yván Gil.
Sin embargo, reiteró su «voluntad de seguir cooperando con los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos, siempre sobre la base del diálogo genuino y en estricto apego a los principios de objetividad, no selectividad, imparcialidad, respeto a la soberanía y no injerencia en los asuntos internos».
Con información de EFE.