Caracas.- La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC) observa con preocupación la intervención del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a la organización en Venezuela.
Aseguró que, actualmente, monitorean la situación de cerca para evaluar la mejor manera de actuar y, en función de ello, dar los siguientes pasos.
«Cualquier intervención gubernamental en nuestras Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja plantea serias preocupaciones respecto a su independencia y el trabajo humanitario basado en principios de las Sociedades Nacionales y será tratada con la mayor importancia», señaló la organización en un comunicado publicado este 9 de agosto en su página oficial.
La IFRC recalcó que cuenta con los mecanismos para investigar y abordar cualquier tipo de infracción a los principios fundamentales de la organización humanitaria.
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«Alentamos a los Gobiernos a facilitar el propio mecanismo interno de la Federación Internacional para abordar tales situaciones», subrayó en el escrito.
Altos funcionarios de la Cruz Roja en Caracas
La IFRC comentó que está al tanto de la reestructuración de la organización en Venezuela y todas las acciones relacionadas e informó que envió a altos funcionarios a Caracas que se reunirán con una delegación permanente de la organización humanitaria en el país.
Explicó que estas conversaciones se ejecutarán durante esta semana y se harán con el «objetivo de comprender mejor el alcance de los riesgos y la capacidad de continuar brindando servicios humanitarios, y el nivel de participación del Gobierno, si corresponde, en el futuro».
La organización internacional aseguró que su prioridad es proteger a la Cruz Roja Venezolana y a sus voluntarios, porque su papel en el país ha sido imparcial, neutral y esencial para salvar vidas.
Claves | Inconsistencias en la intervención de la Cruz Roja Venezolana
El 4 de agosto, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia consumó la intervención de la Cruz Roja Venezolana, mediante sentencia 1057 y ponencia de la magistrada Tania D’Amelio, en la que se nombró al empresario Ricardo Cusanno director de la junta reestructuradora.
La Cruz Roja Venezolana confirmó el 7 de agosto los nombres de esta junta, entre los que destacan el abogado y empresario Ricardo Cusanno, el presidente de Ron Santa Teresa, Alberto C. Vollmer, y el esgrimista Rubén Limardo.
La ONG Acceso a la Justicia y el Foro Cívico denunciaron que la medida que ejecutó el TSJ vulnera el derecho constitucional a la libre asociación.
El hecho de una posible intervención comenzó a sonar el 28 de julio, cuando el fiscal general oficialista, Tarek William Saab, informó que su despacho investigaba al presidente de la institución, Mario Villarroel, por supuesto abuso y maltrato contra el personal.
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