La visita del fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, durante esta semana a Caracas, ocurre cuando la investigación sobre la comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela se encuentra en espera de una decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares I, en La Haya, que determinará la reanudación o no de la investigación.
Esa sala tomará la decisión tras estudiar la solicitud de diferimiento del Estado venezolano. Pero también debe conocer los argumentos de la Fiscalía de la CPI y evaluar el contenido del informe público de la Sección de Participación y Reparación de las Víctimas (Vprs), que recoge, entre otras aspectos, la solicitud de 630 familias venezolanas a favor de que se reanude la investigación.
Omar Piñango, coordinador del Observatorio de Crímenes de Lesa Humanidad, considera que la investigación sobre Venezuela se encuentra en una etapa denominada de “situación”, bajo la cual el fiscal de la CPI, Karim Khan, evalúa todos los elementos y actores presentes en el contexto venezolano.
De acuerdo con el entrevistado, si se reanudada la investigación, el proceso tendrá otros alcances como las facultades de averiguación, que le permitirán seleccionar y priorizar algunos casos de potenciales responsables, hacer investigaciones en el terreno e incluso si lo considerara necesario, podría solicitar a la sala la presentación de órdenes de comparecencia y arresto, hasta un posible juicio.
El coordinador del Observatorio de Crímenes de Lesa Humanidad, abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab) y con entrenamiento en la simulación judicial ante la CPI, presentó sus apreciaciones sobre la reciente visita del fiscal Karim Kham a Venezuela, durante el Twitter Space realizado por El Pitazo el 8 de junio, conducido por el director del medio, César Batiz.
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En cifras, el abogado recordó que, según el informe público de la Vprs, se presentaron las preocupaciones y observaciones de 8.900 víctimas venezolanas, en un proceso de consulta que compiló las observaciones y el clamor de las víctimas porque la investigación ante la CPI avance. Lo cual fue expresado a través del llenado de 1.824 formularios, que recogieron las solicitudes de 630 familias.
«Los números reportados por el informe público de la Vprs mencionan que se expresaron las víctimas a través de 1.824 formularios que representaban a 8.900 personas, entre víctimas individuales y familias. Unas 630 familias que se expresaron en favor de la reanudación de la investigación. Por otra parte, resalta el hecho de que, muchas de las víctimas que participaron en este proceso de consulta, no se ciñeron solo a los crímenes que forman parte del enfoque de la Oficina de la Fiscalía de la CPI, sino que se pronunciaron sobre otros, señalando además que, no solo se derivaron en el año 2017 sino también en el 2014″.
Los crímenes de la investigación
Piñango recordó que los crímenes por los que la Corte Penal Internacional inició el examen preliminar a Venezuela son: persecución fundada en motivos políticos, encarcelamiento, tortura y violencia sexual.
Tras una remisión del llamado Grupo de Lima se le solicitó a la CPI que no investigara solo los crímenes de 2017 sino también los de 2014. De manera similar, las víctimas también se expresaron en el proceso de consulta del Vprs, solicitando que se ampliara el marco temporal y que se investigara sobre otros crímenes como lo son: asesinato, desaparición y desplazamiento forzados.
Sin precedentes el caso de Venezuela
El jurista añadió que el proceso de consulta desplegado por el Vprs en la situación de Venezuela es un contexto sin precedentes, a nivel comparativo están las situaciones de Filipinas y Afganistán.
«En Filipinas, por ejemplo, en el que también se han hecho procesos de consulta, aproximadamente 1.500 víctimas en total se expresaron en favor de la investigación de la CPI. Mientras que en Venezuela son 1.800 formularios expresando la voluntad de 8.900 personas (…) Hay particularidades que hacen que la investigación sobre Venezuela sea una situación sin precedentes», recalcó.
El también coordinador del Observatorio de Crímenes de Lesa Humanidad opinió que esta visita del fiscal Karim Khan tomó por sorpresa a miembros de la sociedad civil, quienes no tenían conocimiento de ella y estimó que se ha tratado con hermetismo por parte del Estado venezolano.
Principio de complementariedad
En el encuentro el abogado detalló que el principio de complementariedad planteado por la Corte Penal Internacional busca que sean los propios Estados signatarios del Estatuto, los que investiguen los eventos atroces que sean cometidos en sus territorios.
Piñango explicó que el fiscal Karim Kham se ha caracterizado por aplicar un concepto que tiene que ver con el principio de complementariedad, «donde la Corte Penal Internacional conoce de aquellos casos en que la jurisdicción penal nacional no ha operado, ya sea porque el Estado en cuestión no tiene la capacidad para juzgar o no tiene la voluntad para hacerlo (…) Ese análisis es el que queda sentado como el principio de complementariedad en el que la jurisdicción doméstica; es decir, el Estado a lo interno, es el que está llamado a enjuiciar y condenar actos que son competencia de la Corte. Solo cuando el Estado no pueda hacerlo o no quiera hacerlo es que entraría la Corte Penal Internacional a conocer de estos eventos».
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En ese sentido, lo discutido en el Twitter Space asoma la posibilidad de que la CPI llegue hasta las últimas consecuencias sobre la situación de Venezuela con un juicio y sentencia de los responsables. Pero también existe la posibilidad de que el gobierno de Nicolás Maduro abandone el proceso.
Karim Khan y el memorando de entendimiento
Sobre el Memorando de entendimiento, Piñango dijo que el fiscal Karim Khan vino a hacer seguimiento a los compromisos que se habían adquirido por el Estado venezolano y la oficina fiscal. En ese texto se acordó la asistencia técnica en crímenes de lesa humanidad, la instalación de la oficina de la Corte Penal Internacional en Caracas y la posibilidad de que funcionarios de la CPI puedan realizar visitas recurrentes a Venezuela para lo que sería necesario permisos para ingresar al país con regularidad y sin problemas.
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Recordó que las consideraciones del Fiscal de la CPI ya fueron expresadas a la Sala de Cuestiones Preliminares, que es «la instancia que debe decidir si reanudan o no la investigación de Venezuela I».
Piñango señaló que el memorando parece haber quedado en segundo plano desde que se suscribió, debido a la incidencia procesal presentada por el Estado venezolano en la que solicitaba el aplazamiento de la investigación. «Eso ha hecho que la Fiscalía deba presentar sus determinaciones y observaciones a la Sala».
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