Caracas.- En la sesión virtual de este 21 de junio, la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional electa en 2015 aprobó un informe de la Comisión de Finanzas presidida por Carlos Paparoni, en la que se recomienda la autorización del contrato de interés público entre Venezuela, representada por el Consejo de Administración del Gasto, y la empresa BlueRun Ventures (BRV) Administration Co LLC para que sean prorrogados sus servicios administrativos y financieros desde el 15 de junio de 2022.
Ya en julio en 2020, la empresa norteamericana de capital de riesgo y con base en Delaware, Estados Unidos, actuaba como administradora y agente de desembolso para el llamado Fondo para la Liberación de Venezuela y en ese momento se indicó que cobrarían 1.250.000 dólares por sus servicios.
Sin embargo, en febrero de 2021, el gobierno encargado solicitó una nueva modificación a los contratos suscritos anteriormente. En esa oportunidad, se ampliaba la temporalidad del contrato, que en principio era hasta el 31 de diciembre de 2020, hasta el 31 de marzo de 2021.
El informe de ese año señalaba además que:
“Tal y como se indicó, supra, el contrato indica que será por la cantidad CIENTO VEINTICINCO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD $125.000,00) mensuales, pagaderos en dicha moneda. Siendo establecido el pago de noventa mil dólares de los Estados Unidos de América (USD $90.000,00) respecto a los servicios prestados por la empresa BRV Administration Co. LLC y treinta y cinco mil dólares de los Estados Unidos de América (USD $35.000,00) en relación a los servicios prestados por la empresa BRV Disbursement Co. LLC.”
Día de refugiados
Con motivo del Día Mundial de los Refugiados que se celebró este 20 de junio, los parlamentarios electos en 2015 hicieron un llamado para proteger a los miles de refugiados venezolanos y recordar que la migración, que Acnur ubica en seis millones, es producto de la crisis humanitaria compleja originada, según dijeron, por el gobierno de Nicolás Maduro.
Olivia Lozano agregó que datos como que el 90 % de pobreza, persecución política a disidentes y lo que calificó de «paraestado criminal» son los detonadores de la migración.
Lozano también llamó a replantearse el abordaje de este tema dada la dinámica en el continente y exigió que el tratamiento a los refugiados no puede estar sujeto a «coincidencias políticas».
Lozano teme que la migración latinoamericana se convierta en “algo normal” e insiste en que es consecuencia de desequilibrios políticos y sociales.
Dinorah Figuera recordó que España ha recibido 65 mil peticiones de asilo según datos de la Cruz Roja mientras que Rosmit Mantilla propuso crear una comisión que “explique lo que ocurre en Venezuela” ante diversos organismos.
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