Caracas.- El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) informó, este domingo 26 de junio, que en mayo se registraron 46 ataques a defensores de los derechos humanos. Así lo indicó la ONG en su cuenta en Twitter, en el que precisó que «hechos documentados reflejan una intensificación en la política de criminalización y del uso de la tesis del enemigo interno».
El informe Situación de las personas defensoras de derechos humanos en Venezuela – mayo 2022, detalla que se registraron: 29 casos de estigmatización; 11 de intimidación y hostigamiento; 3 amenazas; 2 judicializaciones, y un caso no descrito.
La organización señaló que el documento reveló un incremento en las agresiones registradas, siendo mayo el segundo mes con mayor número de ataques en lo que va de año. El primero fue marzo, cuando se documentaron 51 hechos.
«Siguen produciéndose situaciones tendientes a la profundización del cierre del espacio cívico y democrático, derivando en que los niveles de riesgo para la defensa, promoción y exigencia de derechos humanos en Venezuela sigan aumentando», sostiene la ONG en su informe.
De los 46 ataques documentados en mayo, 26 estuvieron dirigidos contra las organizaciones de derechos humanos y las que realizan acciones humanitarias. Mientras que 20 se hicieron de manera individual contra personas defensoras de derechos humanos.
Criminalizar la cooperación internacional
La ONG también destaca que en mayo persistieron las acciones para criminalizar la cooperación internacional. Es así como denuncian un borrador de proyecto Ley de Cooperación Internacional, que consideran «altamente restrictivo porque pone en riesgo la operatividad legal de las organizaciones de derechos humanos y sociedad civil».
Recordaron que en los primeros meses de 2022 aumentaron los «señalamientos y
campañas de estigmatización asociando las actividades de las organizaciones con fines
desestabilizadores, injerencistas”.
Por ello afirmaron que el nuevo proyecto de Ley de Cooperación Internacional «se presenta como una nueva amenaza ante tres intentos anteriores». Además de constituir una nueva amenaza dirigida a «sancionar a las organizaciones consideradas enemigas al Estado».
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