Caracas.- El abogado Juan González Taguaruco advirtió el martes sobre el impedimento para impugnar la privativa de libertad de la activista de DD. HH. y presidenta de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel, y del militar retirado Alejandro González de Canales, debido al retardo en la designación de la defensa técnica de ambos.
El abogado, miembro de la defensa de San Miguel y del exesposo de esta, González de Canales, alertó sobre lo que calificó de violación grave del derecho al debido proceso. San Miguel y González de Canales fueron detenidos el pasado 9 de febrero. Ninguno de los dos ha tenido contacto con sus abogados de confianza tras 18 días de la detención.
«El retardo en la gestión de lo atinente a la constitución de la defensa técnica trae un gravamen adicional: no se pudieron impugnar las decisiones que restringen la libertad deambulatoria de Rocío San Miguel y Alejandro Gonzáles de Canales, lo que es violación grave del derecho a la defensa«, explicó González Taguaruco en entrevista concedida a VPItv.
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De acuerdo con el abogado de la defensora de DD. HH. y del militar retirado, el retardo en la designación de la defensa técnica impide, además, que puedan acudir al Ministerio Público para solicitar las gestiones necesarias en cada caso.
«Está limitando que podamos concurrir al Ministerio Público y requerir diligencias de investigación, que tengan como motivo desvirtuar las imputaciones absurdas en contra de Rocío San Miguel y Alejandro González de Canales», añadió el abogado.
Desde la semana pasada la defensa de San Miguel y de González de Canales espera por sus traslados a tribunales, para que ambos puedan solicitar la designación de sus abogados de confianza, como lo establece la ley y la Constitución.
«Su hija presentó ante tribunal, conforme al Código Orgánico Procesal Penal, que se nos designara como abogados de su madre y eso no ha sido posible porque el tribunal es de la tesis de que para que designe defensor debe ser conducida a tribunal y no ha sido trasladada», resaltó González Taguaruco.
La Fiscalía acusó a San Miguel por la presunta comisión de los delitos de traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación, entre otros, mientras que a González de Canales lo señaló presuntamente por la revelación de secretos políticos y militares concernientes a la seguridad de la nación, obstrucción a la administración de justicia y asociación.
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González Taguaruco reiteró la preocupación -como lo manifestó el otro integrante de la defensa, el abogado Joel García- por la asistencia de una defensa pública penal impuesta que, alertó, «no presentó ningún tipo de impugnación, habiendo concluido los lapsos contra esa decisión que dispuso la privación judicial de libertad de estas personas».
«Desde el momento en que una persona es detenida, tiene el derecho a comunicarse con sus familiares y abogados de confianza. Esto ha sido vulnerado», acotó González Taguaruco.
La defensa de San Miguel presentó el lunes el recurso de apelación contra la decisión dictada por el Juzgado Segundo de Terrorismo, en Caracas, correspondiente al caso de los hermanos de San Miguel (Miguel Ángel San Miguel y Alberto San Miguel), su hija (Miranda Diaz) y su expareja (Víctor Díaz Paruta), los cuatro con régimen de presentación cada ocho días.
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