Caracas. Nicolás Maduro abrió el debate sobre la posible aprobación de la cadena perpetua en Venezuela 106 días antes de las presidenciales del 28 de julio en las que busca su reelección para un tercer período.
El gobernante propuso, el 13 de abril, en cadena nacional, reformar las leyes para sancionar a los corruptos en el país. El anuncio surgió tras la captura de Tareck El Aissami, exministro de Petróleo y expresidente de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), acusado del desvío de 5.500 a 16.600 millones de dólares de las arcas públicas.
Especialistas advierten que esta modificación puede ser utilizada para profundizar la persecución. En Latinoamérica solo ocho países contemplan la cadena perpetua en su marco legal como pena máxima. En Venezuela, la propuesta generó alarma entre la ciudadanía por la falta de contexto y la aplicación de esta posible reforma.
Maduro propone reformar la Constitución para incluir la cadena perpetua contra corruptos
El Pitazo consultó a Paula Escalante, abogada con experiencia en defensa de derechos humanos, sobre cuáles son los riesgos que implica si se llegara a aprobar la cadena perpetua en Venezuela debido a que el Estado está bajo investigación en la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de lesa humanidad.
“En Venezuela nos encontramos en proceso de judicialización de la disidencia política, de quien piensa distinto. El Poder Judicial se ha convertido en un neutralizador importante de dirigentes de oposición y de todo aquel que se pronuncie contra el gobierno. Por eso, el riesgo más palpable es que se utilice la cadena perpetua para profundizar la persecución contra adversarios políticos, mas que para prevenir y condenar la corrupción”, explicó.
Cadena perpetua implica retroceso
En Venezuela, la máxima pena de prisión prevista en la Constitución es de 30 años, de acuerdo con el artículo 44. “No habrá condenas a penas perpetuas o infamantes. Las penas privativas de la libertad no excederán de treinta años”, precisa el texto.
En el año 2017 la directora de la ONG Acceso a la Justicia, Laura Louza, advirtió que la propuesta de elevar al menos a 50 años la pena máxima de cárcel establecida en nuestro país, formulada por el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Maikel Moreno ante la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) lleva implícito el peligro de imponer penas aún mayores como la perpetua, lo cual va en contra de lo dispuesto por la actual Constitución.
La organización Penal Reform International (PRI), que se dedica a promover sistemas de justicia penal que defiendan los derechos humanos, establece que la cadena perpetua es un tipo de condena que se fija contra un delito grave y consiste en la privación de la libertad por tiempo indefinido.
Escalante agregó que la cadena perpetua implica que el condenado debe pasar toda su vida en la cárcel, hasta su muerte.
“Para que esto sea aplicable no sólo sería necesario reformar la constitución, sino que implicaría un retroceso en materia de derechos humanos en el país, pasando de un Gobierno en el que se limita el tiempo que una persona puede estar en la cárcel, a un régimen de penas ilimitadas (hasta la muerte del condenado)”, precisó.
Maduro aseguró que considera desde hace un año impulsar una reforma constitucional. “Creo que ha llegado la hora de una reforma constitucional para introducir en nuestra Constitución la pena de cadena perpetua para la corrupción, de inhabilitación de por vida por la corrupción, de cadena perpetua a la traición a la patria y a los graves delitos contra el pueblo”, dijo el pasado 13 de abril.
Escalante sostiene que es una propuesta radical que solo se explica en un contexto electoral, en el que el Gobierno quiere demostrar que está aplicando medidas contra la corrupción.
En Venezuela, la Ley contra la Corrupción está vigente desde 2014 y tuvo una reforma en 2022. La misma establece como pena máxima 10 años de cárcel por los delitos de incremento injustificado de patrimonio; provecho o distracción de dinero, valores o bienes públicos, retraso u omisión intencional de funciones y apropiación o distracción del patrimonio público.
Cuba, Argentina, Chile, Honduras, México, Perú, Nicaragua y Belice son los países de la región que contemplan la prisión vitalicia.
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