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miércoles, 1 mayo, 2024

AN chavista aprueba realizar una segunda discusión sobre la ley contra las ONG con 39 artículos

Según la AN oficialista, esta ley tiene como objetivo establecer un marco jurídico de registro, revisión y auditoría de los fondos que reciben las ONG

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Caracas.– La Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional (AN) chavista aprobó este jueves, 4 de abril, realizar una segunda discusión sobre el proyecto de ley para regularizar las Organizaciones No Gubernamentales (ONG).

Cuando fue aprobada en primera discusión contenía solo 18 artículos; sin embargo, ahora el primer vicepresidente de la comisión, el diputado Julio García Zerpa, dijo que el proyecto de ley contiene 39 artículos, pero no dio mayores detalles al respecto.

Según la AN oficialista, esta ley tiene como objetivo establecer un marco jurídico de registro, revisión y auditoría de los fondos que reciben las ONG, lo cual ha generado rechazo por parte de quienes contribuyen con estas organizaciones sociales.

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“Trabajan, aunque con un velo, en la política venezolana, participan y financian actividades partidistas y han servido para trasladar recursos de organizaciones, como la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid)”, indicó la AN en una nota de prensa.

El parlamento sostiene que se deben regular las ONG, saber qué tipo de actividades pueden desarrollar, cuáles son sus vías de financiamiento y en qué gastan estos recursos que reciben.

Asimismo, el organismo indicó que las ONG sin fines de lucro que desarrollan actividades deportivas, culturales, educativas o recreativas de carácter social no tendrán ningún tipo de inconveniente con esta normativa legal.

Durante un forochat de El Pitazo en febrero, el abogado y codirector de Acceso a la Justicia, Alí Daniels, explicó que con esta ley se restringe la autonomía normativa y de gestión, pues se imponen obligaciones generales que no toman en cuenta la naturaleza de cada sociedad.

Además, continuó Daniels, las obliga a revelar cualquier información que les sea solicitada por el Estado, sin importar su origen o los riesgos que ello conlleve.

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