Caracas.- 236 organizaciones de la sociedad civil reafirmaron el lunes que el Proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones no Gubernamentales (ONG), que retomó en las últimas semanas la Asamblea Nacional oficialista electa en 2020, es un instrumento legislativo que suprimirá definitivamente el espacio cívico en Venezuela, pues viola estándares internacionales en materia de derechos humanos.
En un documento público mediante el que las organizaciones de la sociedad civil exhortan al Parlamento oficialista a desistir en el avance de la aprobación de un texto que, advierten, viola múltiples derechos humanos e incumple e irrespeta la Constitución, llaman a la comunidad internacional a rechazar la adopción de una ley que plantea la supresión del espacio cívico y el derecho de asociación.
«La ley persigue propósitos inconstitucionales y violatorios de los estándares internacionales materia de derechos humanos, por lo que no admite consulta ni mejora posible, tal como ha sido expresado por órganos de protección de derechos humanos y de la sociedad civil venezolana, en defensa de sus derechos», resaltan en el exhorto.
Convocatoria de AN oficialista para discutir ley sobre ONG no fue amplia ni participativa
De acuerdo con las organizaciones de la sociedad civil, la ley no es un instrumento de regulación, puesto que ya existe en Venezuela un sistema regulatorio legalmente establecido y favorable al ejercicio de asociación, según lo establecido en la norma constitucional, tanto en materia de registro, rendición de cuentas y fiscalización.
«Un sistema que, desde 2010, el propio Estado restringió, introduciendo mecanismos discrecionales y arbitrarios que obstaculizaron los procedimientos y que, en 2019, fue suspendido parcialmente con el fin de centralizarlo y limitarlo más, ocasionando serias dificultades a las fundaciones y asociaciones civiles para cumplir con los requisitos legales vigentes», añadió el pronunciamiento conjunto.
Asimismo, las organizaciones de la sociedad civil destacan que la ley no está concebida para mejorar la sanción y prevención de posibles ilícitos o situaciones irregulares por parte de asociaciones civiles y fundaciones.
«En su exposición de motivos y articulado, la ley transforma el derecho asociativo en un asunto de orden público, con el que se afianza la sospecha y presunción de delitos y la intervención injustificada de cuerpos militares y de seguridad en la vigilancia y control de las asociaciones sin fines de lucro, profundizando la criminalización, penalización, ilegalización y confiscación de las libertades de reunión pacífica«, añadieron.
La Asamblea Nacional oficialista electa en 2020 aprobó el proyecto de ley en primera discusión el 24 de enero de 2023, y el pasado 12 de enero arrancó una discusión pública cuya convocatoria no fue amplia ni participativa para los representantes de las diversas ONG en Venezuela.
«Sin convocatoria previa, amplia y plural por medios masivos u oficiales, fue iniciada la llamada consulta en la sede de la AN en Caracas, en la que fue pública y notoria la intención de hostigar, criminalizar e inhabilitar a la sociedad civil venezolana (…) se volvió a exponer una lista preexistente de 62 organizaciones acusadas de delitos sancionables con la ley, en presencia mayoritaria de cuerpos militares y de inteligencia policial», destacaron.
La semana pasada, en su programa televisivo semanal, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y miembro del parlamento que presentó el proyecto de ley para su aprobación, Diosdado Cabello, aseguró que desde organizaciones de la sociedad civil u ONG «montan conspiraciones y reciben dinero por escribir mal sobre Venezuela». El oficialista dijo que la ley sería severa.
De acuerdo con las organizaciones que suscriben el exhorto, la supresión del espacio cívico y del derecho de asociación, como está planteado en el proyecto de ley, y la virtual anulación de las actividades de fundaciones y asociaciones sin fines de lucro, no solo impacta la ayuda en un contexto de emergencia humanitaria compleja, sino también en las condiciones para el proceso electoral que se prevé este año.
«La garantía de elecciones justas y democráticas no solo implica permitir la participación sin restricciones de candidatos, sino también mantener una sociedad civil vigorosa y robusta que pueda ejercer contraloría ciudadana y fomentar el derecho al voto», destacan las organizaciones en su pronunciamiento conjunto.
Durante 2023, y tras la aprobación del proyecto de ley en primera discusión hace un año, el Estado venezolano recibió diversas objeciones de la comunidad internacional, así como de la Oficina del Alto Comisionado y Procedimientos Especiales de la ONU, de la Comisión Interamericana de DD. HH., de la Misión Independiente de Determinación de Hechos, y de la sociedad civil nacional e internacional acerca de la improcedencia de la ley.
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