Caracas.- La posibilidad de un adelanto de elecciones presidenciales, previstas en principio para finales de 2024, es una insinuación reiterada por parte del primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello. Es también un escenario que el gobernante Nicolás Maduro planteó en un acto del Psuv en La Guaira, en el mes de octubre.
«Quedan 73 días para el feliz año, ¿verdad? Vienen los años 2023, 2024, ¿Cuándo es que hay elecciones? Héctor Rodríguez (gobernador de Miranda), ¿cuándo hay elecciones? Héctor Rodríguez es travieso, me dice: elecciones, 2024 o antes. Lo cierto es que nosotros estamos preparados para cuando haya elecciones, salir a una gran victoria. Cuando sea, como sea y donde sea», así planteó Maduro una situación de hipotético adelanto de elecciones presidenciales.
Cabello, por su parte, es más insistente. El segundo al mando del Psuv se refirió, el pasado viernes 18 de noviembre, por segunda vez en las últimas semanas, al hecho de un escenario en el que las elecciones presidenciales se realicen antes de lo previsto.
«Se ponen a hacer primarias, que si las van a hacer. Ahora andan asustados porque las elecciones las pueden adelantar. Si tienen 10 años pidiendo elecciones, estamos listos para seguir avanzando. Estamos listos y unidos, más unidos que nunca. Una sólida roca de unidad tiene la revolución bolivariana», refirió Cabello en una reunión del Grupo de Trabajo del Foro de Sao Paulo, en Caracas.
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A mediados de octubre, en un acto del Psuv en el interior del país, Cabello se preguntó qué pasaría si se adelantan las elecciones presidenciales antes de las primarias opositoras, previstas de forma tentativa para finales del primer semestre de 2023.
«Se quedan sin el chivo y sin el mecate», respondió Cabello en alusión a los planes de la oposición que agrupa la Plataforma Unitaria Democrática, cuya Comisión Nacional de Primaria prevé presentar en las próximas semanas una primera versión del cronograma electoral que precisará la fecha de las primarias.
Estrategia y obstáculos legales
Advertir sobre un hipotético adelanto de elecciones es parte de una estrategia del oficialismo para generar confrontación en una oposición con dificultades para el consenso y la unidad, de acuerdo con el politólogo y asesor de comunicación de LOG Consultancy, Pablo Andrés Quintero, consultado por El Pitazo.
«No es más que inyectar opiniones a la esfera pública para generar confrontación y zozobra en los sectores políticos opositores, que no tiene candidato único y que apenas van a unas primarias; es parte del juego mediático y de propaganda. No es algo nuevo», resaltó Quintero, vía telefónica.
La zozobra y la incertidumbre son elementos que ya están presentes en el debate opositor, desde aspirantes a participar en las primarias, como Carlos Ocariz, quien advirtió sobre la necesidad de celeridad en la organización de las primarias, hasta la propia Comisión Nacional de Primaria.
«El gobierno Psuv tiene una estructura muy bien aceitada que ha venido manejando ya desde hace mucho tiempo. El gobierno tiene la capacidad de hacer campaña de forma permanente y, de hecho, es lo que hacen«, destacó Quintero.
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El primer obstáculo que encuentran las insinuaciones oficialistas de un adelanto de elecciones es el legal, es decir, lo que establece la propia Constitución y la Ley Orgánica del Poder Electoral, así como la Ley Orgánica de Procesos Electorales.
De acuerdo con lo establecido en los artículos 228, 230 y 231 de la Constitución, el mandato de Maduro, quien ejerce como gobernante en el cargo presidencial, culmina el 10 de enero de 2025, pues su juramentación se produjo el 10 de enero de 2019, luego de los cuestionados comicios de 2018. Se calcula así el periodo de gestión de seis años, como lo establece la Carta Magna.
La ONG Súmate destacó, en un comunicado, que, de acuerdo con lo que establece la Constitución, las elecciones presidenciales deben ocurrir en 2024 y que, además, «hay una costumbre electoral de realizarlas en diciembre ‘en concordancia con el periodo constitucional y legalmente establecido'».
La intervención del CNE en el contexto actual, de acuerdo con Súmate, es necesaria para «evitar la intromisión y usurpación de su competencia constitucional y legal de fijar la fecha y realizar la convocatoria de estos comicios».
Irregularidades y condiciones
El directorio del CNE, hasta el momento, no se ha pronunciado sobre la fecha de la elección presidencial prevista para 2024. Sin embargo, el presidente del ente comicial, Pedro Calzadilla, sí manifestó su rechazo a las declaraciones del vicepresidente Enrique Márquez, quien ha resaltado que no está previsto un adelanto de elecciones.
Las consideraciones de Calzadilla quedaron registradas en un comunicado del CNE, difundido el 1 de noviembre, en el que el ente comicial destaca que su directiva no participa en debates de los actores políticos, por lo que sus autoridades deben mantenerse al margen.
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En ese contexto, y además del silencio institucional del que alerta, Súmate informó sobre los desafíos del ente comicial para 2023, a propósito de lo que tiene que ver con el Registro Electoral (RE), un elemento fundamental dentro de los aspectos organizativos de una elección como los comicios presidenciales para 2024.
Según la organización vinculada con la defensa del voto, el CNE debe informar si incluyó en su presupuesto de 2023 la partida que corresponde a la actualización continua y eficaz del RE, cuya brecha, en lo que va de 2022, la ONG estima en al menos 3.500.000 venezolanos, en edades de entre 18 y 45 años, que no están inscritos en el registro para votar, además del proceso que facilitaría a 2.600.000 electores actualizar sus datos.
«El CNE debió incorporar en el presupuesto de 2023 una partida para la activación de, por lo menos, cuatro jornadas u operativos especiales de inscripción y actualización del RE, con una duración de un mes en cada uno de los 4 trimestres del próximo año y un alcance de más de 1.000 puntos en todo el país», precisó Súmate, en un comunicado del 17 de noviembre.
Además de lo relacionado con los votantes en el territorio venezolano, Súmate alerta que el CNE debió prever en su presupuesto de 2023 otra partida, con el objetivo de garantizar el derecho al voto a más de 4.800.000 de venezolanos fuera del país, quienes requieren de una inscripción o actualización de datos en el RE.
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«Implicaría inicialmente establecer centros del RE en oficinas y secciones consulares y construir acuerdos con los países receptores de la diáspora venezolana que permitan aumentar la cantidad de centros para la inscripción y actualización en sus principales ciudades», precisa la ONG, en el comunicado del 17 de noviembre, en el que exige al ente comicial que se pronuncie al respecto.
Las advertencias de Súmate conforman un conjunto de elementos organizativos, legales y constitucionales, que, en el caso de un adelanto de elecciones, deben ser atendidos con más urgencia.
El expresidente del CNE y miembro del Voluntariado Técnico Electoral (Vote), Andrés Caleca, considera que lo relacionado con el RE debe ser un planteamiento de discusión perentorio.
«Lo más importante en unas elecciones es quiénes pueden votar, no el candidato, esa es otra discusión. Si hablamos del Registro Electoral, prácticamente la mitad no está habilitada para votar: casi 4 millones de venezolanos que no están inscritos, más de 2 millones que no pueden actualizar datos y casi 3 millones de nuevos votantes, los jóvenes. Además de dividir a la oposición, el gobierno pretende mutilar el RE para ver si así pueden ganar», destacó Caleca, vía telefónica.
Según cifras del CNE, hasta las elecciones regionales y municipales del pasado 21 de noviembre, hace un año exactamente, 21.159.846 venezolanos conformaban el RE.
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