Caracas.- La ONG Acceso a la Justicia advirtió el lunes, en la presentación de su informe anual 2022, sobre la carencia de independencia en el Poder Judicial venezolano, pese a los cambios legislativos y reestructuraciones gubernamentales implementados con la llamada «revolución judicial» desde 2021, factores que no implicaron eficiencia ni eficacia en el sistema de justicia en el país.
La ONG resaltó que persisten problemas estructurales en el sistema judicial venezolano y el Estado de derecho, como lo constatan la provisionalidad de jueces, fiscales y defensores públicos, y la conformación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por magistrados cercanos al partido de Gobierno.
«El TSJ sigue dictando sentencias contrarias al ordenamiento jurídico venezolano y a los tratados internacionales en materia de derechos humanos suscritos por Venezuela, con tal de favorecer al partido de Gobierno. No hay separación alguna de poderes, es más, todos los poderes están en manos del partido de Gobierno. Tampoco hay rendición de cuentas«, precisó la ONG.
Fiscal Karim Khan y Maduro firman memorando de entendimiento: instalan oficina de la CPI en Caracas
La directora de la ONG, Laura Louza, calificó de grave la situación en el TSJ. «Es muy importante que no solo no haya cambiado, sino que se radicalizara la presencia del partido de Gobierno, que se constituye en una suerte de jerarca: el TSJ hace lo que este dice».
Acceso a la Justicia detalló que en 2022 hubo una continuidad de las reformas legislativas e institucionales, por lo que en enero la Asamblea Nacional electa en 2020 aprobó de forma exprés y por unanimidad la reforma de la Ley Orgánica del TSJ y en abril de ese año designaron a los magistrados de la máxima instancia judicial del país, cuyo número de miembros pasó de 32 a 20.
«El proceso estuvo plagado de irregularidades y vicios, como el hecho de permitirles a los magistrados en ejercicio postularse para un nuevo período, pese a que esto no está previsto en la Constitución. El resultado final no fue un máximo juzgado imparcial e independiente«, resaltó la ONG.
Acceso a la Justicia precisó que desde 2012, el TSJ no publica el informe de gestión del Poder Judicial y desde 2017 no todos los tribunales publican todas sus sentencias.
Como una muestra de la falta de independencia del Poder Judicial venezolano, la ONG menciona lo sucedido en el caso de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre) y los reclamos, demandas y protestas laborales relacionados con esa instancia gubernamental.
«Según el TSJ, el acto de la Onapre contra el cual hubo varias demandas y dio lugar a rebajas en las remuneraciones del sector público, nunca existió, a pesar de circular por redes sociales y haber sido recibido por varios organismos públicos que tenían que aplicarlo. Por ello, a criterio del TSJ las demandas en su contra no se justificaban», resaltó la ONG.
Agenda de instancias internacionales
Entre las conclusiones de su informe anual, Acceso a la Justicia también resaltó que la realidad de la justicia en Venezuela, intervenida por el Gobierno, y su incapacidad para garantizar la protección de derechos ciudadanos y castigar infracciones a la ley, propiciaron la atención de organizaciones y organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Proyecto Mundial de Justicia (WJP, por sus siglas en inglés).
«Esas instancias dejaron en claro que las reformas legales e institucionales puestas en marcha por las autoridades nacionales en los últimos dos años no han rendido frutos, porque en su mayoría han sido cosméticas», destacó la ONG en un reporte difundido el lunes.
Oficina de la Corte Penal Internacional en Caracas servirá para cooperación y asesoría técnica
La ONG destacó que Venezuela fue evaluada, además, en el III Examen Periódico Universal de Derechos Humanos a finales de 2021, en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). «Aunque las autoridades apoyaron las recomendaciones que les hicieron otros Estados para reforzar la independencia judicial, rechazaron establecer algún tipo de compromiso efectivo para conseguir ese objetivo».
El director de la ONG, Alí Daniels, puntualizó que la justicia internacional mantiene su atención sobre el contexto venezolano, por eso destacó las acciones en la Corte Penal Internacional (CPI) y los informes de la Misión Internacional de la ONU acerca de la situación de derechos humanos en Venezuela, así como sobre los presuntos responsables de crímenes de lesa humanidad perpetrados en el país al menos desde 2017.
«La justicia internacional sigue atendiendo el caso venezolano. Todos los órganos de protección han denunciado las violaciones sistemáticas y generalizadas de derechos humanos, así como la responsabilidad del poder judicial», concluyó Daniels.
Miles de venezolanos en las zonas más desconectadas del país visitan El Pitazo para conseguir información indispensable en su día a día. Para ellos somos la única fuente de noticias verificadas y sin parcialidades políticas.
Sostener la operación de este medio de comunicación independiente es cada vez más caro y difícil. Por eso te pedimos que nos envíes un aporte para financiar nuestra labor: no cobramos por informar, pero apostamos porque los lectores vean el valor de nuestro trabajo y hagan una contribución económica que es cada vez más necesaria.
HAZ TU APORTE
