María Del Carmen García, jubilada del Ministerio Público, cuenta a El Pitazo lo duro que es ver sus derechos violados después de dedicarse a defender a los demás. A sus 63 años, sale a protestar porque le interesa “tratar de rescatar la democracia”. Lo que más lamenta es que fue multada por introducir, junto con un grupo de colegas, el recurso de amparo de nulidad contra el instructivo de la Onapre
María Del Carmen García nunca pensó que a sus 63 años le tocaría salir a las calles caraqueñas para reclamar sus derechos. Luego de 23 años de servicio en la Administración Pública, dedica parte de su tiempo a redactar circulares y solicitar a los órganos de justicia venezolanos que la amparen, al igual que al resto de los jubilados del país.
García trabajó al menos unos 13 años para el Ministerio Público, específicamente en la Dirección de Protección al Niño y al Adolescente en la sede principal; y otros 10 años en la Unidad de Atención a la Víctima en la avenida Urdaneta, en el edificio Interbank, sede operativa. Pese a sus años de servicio fue multada por introducir un recurso de amparo contra la Onapre, junto a otras 52 personas, y debe pagar 50 veces la moneda de mayor denominación venezolana.
Esta situación la hace sentir indignada porque durante su carrera ella defendió los derechos de miles de personas y justo cuando necesitan protección, porque “ahora estamos jubilados, consideran que no tenemos derechos”.
Dijeron que iban a resolver y no han dado ninguna luz
María Del Carmen García, jubilada del Ministerio Público
García agrega que su acercamiento a los órganos de justicia fue educado, con un planteamiento justo. “Ahora somos parte de un grupo al que le cobran una multa”.
“Si yo defendía a las demás personas, entonces no puede ser que ahora no pueda defender mis derechos. Quiero ser escuchada porque creo que tengo esos derechos”.
Recalca que sus reclamos y las denuncias no dañan a nadie. Además, se encuentran dentro de la legalidad, ya que no están lanzando piedras ni incitan al odio, como destacó en su momento la sentencia que dio el TSJ.
El abogado Rafael Pérez Moochett, quien representa a los pensionados y jubilados del Ministerio Público, tiene previsto presentar una apelación con la cual pretende echar por tierra la sentencia que los multa. “Si no, recogeremos potecitos en todo el país y diremos las injusticias, es que lo estamos planteando: es injusto todo el proceso”, sentenció.
Me interesa tratar de rescatar la democracia
María Del Carmen García, jubilada del Ministerio Público
Recurso de nulidad
García es una de los accionantes que solicitaron un recurso de nulidad contra el coloquialmente llamado instructivo de la Onapre, pero que realmente se llama “Proceso de Ajuste del Sistema de Remuneración de la Administración Pública, Convenciones, Tablas Especiales y Empresas Estratégicas”. El proceso se realizó el pasado 22 de marzo del 2022, cuando fue notable un recorte en sus recibos de pago.
Aunque para la antigua empleada pública la reducción es de la mitad, para otros sectores ese recorte puede llegar a 70%. En el caso de esta jubilada, percibir menos de lo que le corresponde se puede ver reflejado en las remodelaciones domésticas que no puede realizar y en la falta de viajes recreativos, porque tampoco puede darse el lujo de costearlos, toda vez que sus ingresos no dan para eso.
García recordó que en uno de los tantos apagones que se han registrado en el país se le dañó la nevera y como no contaba con los recursos para repararla, estuvo más de un año sin este electrodoméstico vital para el almacenamiento de alimentos perecederos. Solo pudo resolver la situación gracias a la ayuda de uno de sus hijastros que está en México.
Asimismo, está libre de deudas gracias a que su hija de 30 años asume gran parte de los gastos domésticos, como los pagos de los servicios públicos. Pero eso no quita que García, quien es licenciada en Trabajo Social, se sienta vulnerada al ver que sus derechos son violados por un instrumento que puede reducir sus salarios significativamente.
Lo que más lamenta la jubilada es no tener seguridad social. Destaca que los pronunciamientos de las autoridades venezolanas son contradictorios.
“A nosotros nos dijeron que iban a resolver y no han dado ninguna luz, por eso, decidimos traer un documento respaldado con uno de los abogados jubilados también del Ministerio Público para pelear por nuestros derechos”, asegura.
No quiero que se vaya del país. Mi preocupación es la generación que viene
María Del Carmen García, jubilada del Ministerio Público
De manos atada
Triste y con las manos atadas, así se siente está jubilada, quien además de velar durante años por sus derechos de los venezolanos ahora también tiene que enfrentar a las personas que no comparten el motivo de su lucha, y por eso, antes de salir nuevamente a protestar, tuvo que responder las preguntas de su hijo, quien condenó su participación en estas actividades de calle.
“Yo no entiendo, ustedes siguen protestando aún cuando saben que (en el Gobierno) no se manejan de manera democrática”, fueron las palabras que le dijo antes de salir ella de la casa este martes, según relató.
Instructivo Onapre tiene más de 1.000 folios y existe. No le podíamos sacar copias a esa cantidad porque eso cuesta dinero
María Del Carmen García, jubilada del Ministerio Público
Ante este cuestionamiento, García sólo pudo responder: “Es que a mi me interesa tratar de rescatar la democracia”. Dice que su motivo de lucha es simple y tiene una historia de larga data, pero lo que más teme es que sus hijos formen parte de la lista de migrantes venezolanos que se vieron obligados a buscar mejores oportunidades en otros países.
Justo quien la cuestiona es la razón por la que vuelve a salir a protestar, puesto que no quiere alejarse de él. “No quiero que se vaya del país”, dice García mientras en el fondo se escuchan a los demás manifestantes gritar la consigna: “No quiero show, ni comiquita. Yo lo que quiero es que me paguen mi platica”.
“Yo no veo por mí, porque tengo 63 años. Mi preocupación es la generación que viene”, destaca la caraqueña con voz indignada.
Para García, frustra ver que a la población venezolana no se les garantizan los derechos, sin poder hacer nada porque los poderes del Estado no se ponen del lado de los más desprotegidos. Eso, justamente, fue lo que sucedió cuando el TSJ decidió declarar inadmisible el recurso de amparo de nulidad e incluso señalara que el instrumento no existe, ya que el abogado actuante no incluye el mencionado documento.
Ahora que estamos jubilados consideran que no tenemos derechos. Estamos en el limbo y si no nos quejamos no vamos a obtener nada
María Del Carmen García, jubilada del Ministerio Público
Ante este argumento de la sentencia 447, la trabajadora social destacó que el instructivo Onapre tiene más de 1.000 folios. “Existe, pero no le podíamos sacar copias a esa cantidad porque eso cuesta dinero, pero ellos lo aplican”. Incluso indica que hace algunos meses atrás conversaron con el departamento de recursos humanos del Ministerio Público, quienes también prometieron tomar acciones, pero hasta la fecha no han hecho nada y esa fue otra de las razones que los llevó a introducir este recurso de amparo de nulidad.
García destaca que este instrumento se encuentra en la sede de la Onapre, ubicada en la avenida Urdaneta, edificio Norte, pisos 4 y 5, al lado del Instituto Venezolano del Seguro Social (IVSS).
“Estamos en el limbo, y si no nos quejamos no vamos a obtener nada”, dice García.
Destaca con orgullo que fue estudiante de una escuela y universidad pública, y que su ejemplo para seguir adelante es su mamá que formó a seis personas sola, porque su padre falleció a temprana edad.
Entre lágrimas recuerda que ese no es el país en el cual se educó porque en ese lugar, donde recibió su formación, se podía ser una persona humilde y ganarse las cosas con su propio esfuerzo.
Somos parte de un grupo al que le cobran una multa
María Del Carmen García, jubilada del Ministerio Público
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