Caracas.- El observatorio venezolano Acceso a la Justicia denunció que desde el año 2021 existen 18 Gacetas Oficiales cuyo paradero se desconoce, 15 de estos boletines corresponden a anuncios extraordinarios.
Los datos se derivan de una investigación realizada por la institución, en la que es posible evidenciar que de los dieciocho números de la Gaceta Oficial de los que no hay rastro, se desconoce totalmente su contenido en trece de ellos.
Según una publicación compartida en su página web, en el año 2019, Acceso a la Justicia constató que 15 Gacetas, todas ellas extraordinarias, dictadas entre diciembre de 2018 y mayo de 2019 no habían sido publicadas en papel o digital, por lo que no es posible hacer consultas sobre los contenidos de estos documentos oficiales en la sede de la Imprenta Nacional.
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Bajo este orden, el observatorio indicó que lo que ocurre con la Gaceta Oficial es un hecho que tiene consecuencias directas, «y muy importantes» en la vida de los ciudadanos, considerando que el artículo 215 de la Constitución establece claramente que una ley solo entrará en vigencia una vez que salga en dicha publicación.
Pero no solamente las leyes comienzan a aplicarse una vez que aparecen en la Gaceta Oficial, sino también «los actos administrativos de carácter general o que interesen a un número indeterminado de personas y actos administrativos de carácter particular cuando así lo exija la ley”», citó Acceso a la Justicia.
Así como los decretos del Presidente de la República, las resoluciones y demás actos jurídicos de efectos generales del Vicepresidente Ejecutivo, Procurador General de la República, de los ministros, así como las providencias de sus entes y órganos».
El artículo publicado expone que las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que establecen criterios vinculantes, así como las decisiones que adopte la Sala Plena o la directiva del organismo, también deben aparecer en la Gaceta Oficial, al igual que los actos del Consejo Moral Republicano o del Consejo Nacional Electoral (CNE).
«Sin el cumplimiento de este formalismo se puede asumir que el acto o decisión no tiene valor legal«, aseveró Acceso a la Justicia.
Proyectos de ley perdidos
Los resultados de la investigación de Acceso a la Justicia determinaron que entre los ejemplares perdidos hay dos en los que figuraban los proyectos de Ley de Presupuesto y de Endeudamiento de 2022, que debían estar en las gacetas extraordinarias 6.670 y 6.671, ambas del 20 de diciembre de 2021.
«Esta información fue obtenida porque figura en otras ediciones de la Gaceta Oficial», justificó.
Igualmente, indicó que de otras dos Gacetas se supo de su contenido porque fueron reimpresas debido a un error material. En una de estas figuras, el decreto presidencial n° 4.510 del 12 de mayo de 2021, en el cual se ordenaba a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) trasladar a las personas presas en su sede a cárceles ordinarias.
De las ocho gacetas correspondientes a 2022 se ignora qué contenían y hasta el momento no hay rastro de ellas.
Cierre de las fuentes de información
Acceso a la Justicia sostiene que la institucionalización de la no publicación de todos los números de la Gaceta Oficial «es un paso más en el cierre de las fuentes de información pública».
«No se puede ignorar que, pese a la aprobación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Interés Público, su contenido es letra muerta, porque tanto los funcionarios administrativos como la justicia se niegan a aplicarla y así facilitarle a los ciudadanos acceder a datos en poder del Estado», sumó.
Asimismo, recordó que en los últimos años el Tribunal Supremo de Justicia ha recurrido a la práctica de anunciar sentencias, pero no publicarlas, «o incluso, ha llegado a anunciar alguna de sus decisiones mediante notas de prensa, sin luego publicar la decisión correspondiente».
En febrero de este año, la Asamblea Nacional (AN) aprobó una nueva Ley de Publicaciones Oficiales, en cuyo artículo 2 precisa que entre sus objetivos está:
- Contribuir a garantizar la seguridad jurídica a través de la publicación diaria, sencilla, uniforme, eficaz y eficiente de los actos jurídicos del Estado.
- Garantizar a las personas el derecho a ser informados de forma oportuna y veraz de los actos jurídicos del Estado, para el ejercicio de la democracia participativa y protagónica.
- Desarrollar los principios de honestidad, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad en el ejercicio de la función pública, dotando de seguridad y publicidad a los actos jurídicos del Estado.
Ante la incoherencia, el observatorio apuntó que el hecho de que existan 18 gacetas ocultas «pone en entredicho el nuevo instrumento normativo, al quedar comprometidos todos los objetivos antes mencionados».
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