Caracas.- Los abogados de los sindicalistas Alcides Bracho, Néstor Astudillo, Reynaldo Cortés, Gabriel Blanco, Alonso Meléndez y Emilio Negrín recurren ante la Corte de Apelaciones de Caracas la decisión del Tribunal 2° de terrorismo por condenarlos a 16 años de prisión, por protestar contra el instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre).
Así lo informó, este 4 de agosto, el Comité por la Libertad de los Luchadores Sociales, que publicó una fotografía de parte de los documentos que introdujeron los abogados Rafael Alberto Maimone, Eduardo Torres, Alonso Medina Roa, Kelvin Zambrano, Ana Leonor Acosta y Luis Guillermo Navas.
«Abogados de los 6 #LuchadoresSociales introducen recurso de apelación ante la Corte de Apelaciones de Caracas. Reynaldo, Gabriel, Alcides, Emilio, Alonso y Néstor #SonInocentes y fueron sentenciados a 16 años de cárcel. #LiberenALosLuchadores», dice el mensaje que publicó la organización.
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Los recursos de apelación que interpusieron los juristas están sustentados en los artículos 444 y 445 del Código Procesal Penal.
¿Qué pasó con los seis sindicalistas?
Los seis sindicalistas fueron hallados culpables de conspiración y asociación para delinquir; sin embargo, sus familiares y ONG de derechos humanos aseguran que son inocentes y que fueron enjuiciados injustamente y sin pruebas.
Ernesto, Reynaldo, Alcides y Alonso son dirigentes políticos del partido Bandera Roja. Emilio es defensor de los derechos humanos y Gabriel es activista sindical en Caracas y, antes de su detención, trabajador humanitario y defensor de los derechos humanos.
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La sentencia, que se dio a conocer el 1 de agosto, generó diversas reacciones y rechazo. Expertos en derechos humanos que trabajan con la Organización de Naciones Unidas (ONU) aseguraron en su momento que la condena era un “abuso crónico” de la ley contra quienes defienden derechos de los trabajadores y buscan mejorar las condiciones laborales.
Los especialistas Fionnuala Ní Aoláin y Clément Nyaletsossi Voule afirmaron que el proceso judicial estuvo marcado por irregularidades y excepcionalidades y denunciaron que «tal abuso de medidas antiterroristas es totalmente contrario al Derecho internacional».
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