Caracas.- El sindicalista condenado a pasar 16 años en prisión por reclamar derechos laborales, Reynaldo Cortés, compartió este 9 de agosto una nueva carta difundida a través del partido Bandera Roja. Exige al Estado que cumpla con la atención de sus padecimientos y garantice su integridad física.
En el texto señala que tras un año encarcelado, su deterioro físico se agrava con discapacidades visuales, dolencias circulatorias, afectaciones respiratorias; una hernia inguinal que debe ser operada, afecciones en la piel y odontológicas, así como espasmos neuromusculares.
“Exijo públicamente al Estado que me tiene encarcelado injustamente, permita el traslado a los centros, consultas, operaciones, medicamentos, insumos e instrumentos médicos especializados y general”, expone en el escrito.
El sindicalista responsabilizó de su estado de salud al exjuez José Mascimino Márquez, a los fiscales Elin León y Yaneth Espinoza. También culpa a la jueza Grendy Duque y al fiscal Alirio Mendoza, autores de un juicio y condena que, asegura, nunca se debió realizar.
Finalmente, responsabilizó al fiscal Tarek Wiliam Saab y a todo el gobierno de Nicolás Maduro de su integridad física y mental, así como de la seguridad de su familia.
“Ante la falta de instituciones del Estado que garanticen los derechos humanos en Venezuela, no me queda otro camino que seguir exhortando a la comunidad internacional, ONU, OEA, OIT, CSI a que sea vigilante y diligenciar lo correspondiente para garantizar nuestras vidas”, reiteró Cortés.
En ese sentido, pidió de nuevo a los trabajadores venezolanos, a la clase obrera, a los campesinos, mantener la lucha por salarios dignos. “Llamo al restablecimiento de la democracia en Venezuela y a la solidaridad por nuestra libertad y la de todos los trabajadores presos”, escribió.
Condena
El activista, junto con Alonso Meléndez, Alcides Bracho, Néstor Astudillo, Gabriel Blanco y Emilio Negrín, fueron apresados en julio de 2022 por participar en las protestas que provocaron la aplicación del polémico instructivo salarial dictado por la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre). El 1 de agosto los condenaron a 16 años de cárcel.
Organizaciones defensoras de derechos humanos rechazaron la condena, que califican de injusta, luego de un año sometidos a un proceso judicial. La defensa señaló que los dos elementos valorados por la jueza fueron un informe de contrainteligencia y capturas de mensajes con opiniones y críticas contra el Gobierno.
La ONG Acceso a la Justicia sostiene que en Venezuela se han documentado innumerables casos de violaciones a los derechos laborales. Sea por ejercer la actividad sindical, por motivos políticos o exigir el cumplimiento de las garantías laborales, lo que se traduce en una política gubernamental aplicada para neutralizar a la disidencia trabajadora.
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